
"Se prevé que son 80.000 familias las que pudieran ser afectadas” por nuevas reglas de inmigración que impactan en la vivienda, según la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto

Pearl Sinthia Fernández, condenada a cadena perpetua en 2018 por la muerte de su hijo de 8 años, Gabriel Fernández, solicitó por segunda ocasión que su sentencia fuera revisada, lo que este lunes, un juez de Los Ángeles le respondió.

La administración del presidente Donald Trump otorgó un contrato millonario a la firma Burke Law Group, de Houston, Texas, un bufete de abogados con vínculos a la administración del actual presidente y poca experiencia en derecho migratorio.

Tras reunirse con el director interino de ICE, el embajador Roberto Lazzeri Montaño reveló en Houston que la agencia informó “que hay investigaciones” por los fallecimientos de connacionales y que México está “solicitando que nos den los reportes”; además, advirtió que “muchos de estos casos han sido por falta de atención médica” y anunció una ruta para informar casos y lograr atención oportuna.

N+ Univision 23 Miami se comunicó con un abogado de inmigración tras la advertencia de la congresista María Elvira Salazar, a los cubanos con I-220A, quienes, en algunos casos engañados, están sacando paroles falsificados con notarios. Esto nos dijo el experto.

Un viaje de regreso al trabajo terminó en una detención inesperada para Daniel de Oro Uzcátegui, quien fue abordado por agentes federales cuando ya se encontraba sentado dentro de un avión en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
Esto se sabe sobre los posibles cambios en Estados Unidos que podrían requerir ciudadanía o estatus legal y afectar cuentas bancarias de inmigrantes, iniciativa que no ha sido oficializada.

La remoción expedita permite al gobierno de EE. UU. deportar rápidamente a inmigrantes con menos de dos años en el país; quienes ingresaron irregularmente pueden ser removidos sin derecho a fianza.

Aunque estas sanciones no son nuevas, miles de inmigrantes han empezado a recibir cartas con multas de hasta 1.8 millones de dólares por haber ignorado órdenes de remoción emitidas por tribunales.