Lo acusaron de pertenecer a una mara y fue separado de sus hijos; seis meses después pudo reunirse con ellos

Seis meses atrás, Juan y Sofía, de 7 y 11 años respectivamente, fueron separados de su padre. Recuerdan el momento perfectamente. Adolfo, el padre, cruzó la frontera con ellos por Texas, huyendo de las amenazas de las maras, pero no recibió asilo por ser considerado, justamente, un miembro de esas pandillas.

Ante la acusación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Adolfo pidió hablar con un abogado, pero su solicitud fue rechazada. “No tienes ningún derecho aquí”, le dijeron y quedó detenido en McAllen, Texas, mientras los niños fueron enviados con su madre, en Seattle.

Desde el inicio, Adolfo mostró una carta, que sus abogados aseguran que es un documento oficial de El Salvador, en la que se certifica que no tiene antecedentes penales. Tampoco tiene tatuajes de ningún tipo, que son una marca obligatoria para los miembros de las maras.

Adolfo también enseñó a CBS mensajes de las pandillas amenazando con matar a toda la familia, pruebas que aportó para su solicitud de asilo, que inicialmente fue rechazada.

Después de seis meses de reclamaciones, los abogados responsables del caso dijeron haber convencido a los abogados del gobierno de que Adolfo "no era un peligro para la comunidad".

Tras 184 días, Juan y Sofía (no son sus nombres reales) vuelven a abrazar a su padre, emocionados. El pequeño llegó a decir que la separación había sido “el fin del mundo”.

Laura Peña, abogada visitante del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representó a Adolfo, dijo a CBS que hasta hoy, y a pesar del litigio federal que implicó este caso, el gobierno ha rechazado revelar las supuestas pruebas que tenía de que Adolfo era miembro de una mara.

En su intento por acelerar las deportaciones, la administración Trump ha destinado a agentes de la patrulla fronteriza a examinar los casos de asilo, como refuerzo a los oficiales capacitados en el tema. Los defensores de los inmigrantes argumentan que el caso de Adolfo muestra cómo un enfoque podría terminar con la deportación para personas que realmente necesitan asilo.

Esto ocurre casi un año después de que la política de ‘tolerencia cero’, que separaba a los migrantes de sus hijos en la frontera, fuera revocada.

"La separación de las familias sigue en curso. El gobierno ha utilizado la política de ‘tolerancia cero’ para procesar a todos los solicitantes de asilo, para encontrar lagunas y cualquier mínima razón, incluso si no está fundamentada", explicó Laura Peña.

De acuerdo con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el caso de Adolfo no es único.

"No estamos viendo cientos de separaciones por semana. Pero estamos viendo más de una docena de separaciones por semana", dijo Efrén Olivares, también del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

Esto se debe a que el gobierno puede justificar la separación de un niño de sus padres o mentores si existe preocupación por su seguridad o algún tipo de registro de actividad criminal por parte del adulto que lo acompaña.

“¿Qué sucede cuando un ciudadano de EEUU se enfrenta a esa situación? Usted recibe servicios de protección infantil. Tiene una audiencia en la corte", dijo Olivares. "Es un tratamiento diferente basado únicamente en el estatus migratorio".

Para Adolfo, Sofía y Juan, el dilema todavía no termina. Aunque felices por el reencuentro y con muchos planes para su vida juntos, aún les esperan las audiencias de asilo.