Juez ordena a ICE que haga "todo lo posible" por liberar inmigrantes menores de edad
Una corte de California ordenó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “hacer todo lo posible” por poner en libertad a inmigrantes menores de edad detenidos luego de ser arrestados, la mayoría de ellos en la frontera con México.
Los inmigrantes en su mayoría cruzaron el territorio mexicano para pedir asilo en Estados Unidos.
La jueza de distrito, Dolly Gee, dictaminó el viernes que ICE y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HSS), violaron el Acuerdo Judicial Flores de 1997, al privar de libertad a niños en centros de detención federales.
El acuerdo, además, exige al gobierno instalaciones seguras y condiciones sanitarias adecuadas, así como entregar cuanto antes a los menores a patrocinadores o familiares en Estados Unidos
El dictamen
El pasado 28 de marzo la jueza Gee emitió un primer fallo ordenando a ICE y la ORR “hacer todos los esfuerzos posibles de manera rápida y segura para liberar” a los menores detenidos, así como someterse a inspecciones y proporcionar evidencia del cumplimiento del fallo.
El 8 de abril, agrega la corte, surgieron nuevas preocupaciones ante la objeción de ambas dependencias de proceder con el dictamen a efecto de evitar contagios de coronavirus en los centros de detención donde permanecen los menores.
Dos días más tarde el tribunal emitió una nueva orden suplementaria para verificar los esfuerzos llevados a cabo para “asegurar la liberación de menores”, conocer “por qué no se estaban llevando a cabo las liberaciones” como el tribunal lo había ordenado y cuáles eran las políticas de la ORR que estaban posponiendo las liberaciones.
Una de las razones expuestas por la ORR para postergar la puesta en libertad de menores era la toma de huellas digitales biométricas de patrocinadores o familiares, un trámite que se encuentra suspendido desde el 20 de marzo por la cuarentena decretada por el gobierno.
Orden final
El viernes la jueza Gee dictaminó que tanto la ORR como ICE “deben continuar haciendo todo lo posible para liberar” a los menores migrantes detenidos “de manera rápida y segura”, con excepción de aquellos que constituyan un “riesgo de fuga”.
En cuanto a la toma de huellas digitales, suspendidas debido a la pandemia (por el aislamiento social y evitar la propagación del covid-19), dictó que el ORR “instituirá la liberación provisional” de menores a patrocinadores sin antecedentes, quienes deberán comprometerse a enviarlas “tan pronto como sea posible después de la liberación del menor y dentro de un plazo razonable especificado por ORR”.
Gee ha librado una fuerte batalla en defensa del cumplimento del Acuerdo Judicial Flores de 1997. El 24 de julio y el 21 de agosto de 2015 la jueza de distrito ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio de ese año por la Casa Blanca de Barack Obama, cuando iban más de 48,000 arrestos de Menores No Acompañados (UAC) por parte de la Patrulla Fronteriza.
El gobierno liberó en aquel entonces a más del 95% de los detenidos con una orden para presentarse ante una corte y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto, sin embargo, fue entregado al cuidado HHS y de ICE, en cumplimiento de una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) que prohíbe la deportación inmediata de menores que no provengan de países vecinos (Canadá y México).
Tres años más tarde, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de tolerancia cero, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial Flores para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.
La jueza denegó el pedido y describió la solicitud como "un intento cínico" de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzaron la frontera de manera sin documentos en busca de asilo.
