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Guatemalteca demanda al gobierno por separarla de su hijo tras pedir asilo

El caso representa una contradicción, debido a que las autoridades han dicho que están separando familias solo cuando ingresan ilegalmente al país. La mujer argumenta que lo hizo por un puerto de entrada para pedir asilo y que desde entonces no sabe dónde está su hijo de 7 años.
19 Jun 2018 – 5:27 PM EDT

Una mujer guatemalteca decidió demandar al gobierno de EEUU argumentando que fue separada de su hijo en la frontera luego de pedir asilo.

La demanda, que fue presentada este martes por Beata Mariana de Jesús Mejía-Mejía, alega que funcionarios federales se llevaron a su hijo de 7 años de edad el mes pasado. La demandante afirma que le fue permitido hablar con su hijo una vez y que las autoridades se niegan a decirle dónde está, más allá que fue detenido por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la ciudad de Phoenix.


La mujer fue liberada la semana pasada tras pagar una fianza mientras espera la audiencia sobre su asilo.

Mejía-Mejía está pidiendo al gobierno que le entregue a su hijo y asegura que la decisión de quitárselo está mal, aunque su demanda no desafía la política de separación de familias ni la estrategia migratoria de 'tolerancia cero' anunciada en abril por el fiscal general, Jeff Sessions.

Aunque no existe ninguna ley que obligue al gobierno a separar familias en la frontera, un total de 2,342 niños han sido separados de sus padres desde el 5 de mayo y el 9 de junio de este año. Las cifras actualizadas fueron confirmadas este martes durante una conferencia de prensa ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Los funcionarios explicaron que hay un total de 2,206 adultos que ahora esperan ser procesados, lo que se traduce en un total de 2,235 familias (compuestas por 4,548 personas).

A pesar de que Donald Trump insiste en que hay leyes y decisiones de tribunales que lo están obligando a separar a las familias que cruzan la frontera de forma ilegal, esto no es cierto. Las separaciones pueden terminar tan pronto como el propio presidente lo decida.

La justificación que plantea el gobierno se basa en el hecho de que entrar ilegalmente al país ya es un delito criminal y que por ello los adultos deben ser separados de sus hijos mientras enfrentan estos cargos.

Sin embargo, en el caso de Mejía-Mejía, se trata de un asilo solicitado por un punto de entrada, lo que en sí es una contradicción, ya que las autoridades aseguran que solo están separando a padres de hijos cuando entran ilegalmente al país.

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