Microsoft Corporation deberá revisar partes de su proceso de contrataciones de trabajadores extranjeros y de esa manera no violar la ley, señala un acuerdo alcanzado por la compañía y el Departamento de Justicia (DOJ).
Gobierno y Microsoft resuelven denuncia de discriminación laboral contra inmigrantes
Microsoft Corporation deberá revisar partes de su proceso de contrataciones de trabajadores extranjeros y de esa manera no violar la ley, señala un acuerdo alcanzado por la compañía de alta tecnologías y el Departamento de Justicia.

El pacto garantiza que la empresa de tecnología “no esté requiriendo, de modo ilegal, a solicitantes de trabajo que no son ciudadanos estadounidenses que presenten documentos migratorios específicos para demostrar que no necesitan ser patrocinados para una visa laboral”, se lee en un documento publicado por el DOJ en su página digital.
“El acuerdo también requiere que la compañía pare de enviar correos electrónicos para pedir documentos con el fin de verificar nuevamente la autorización para trabajar de trabajadores cuya autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos no debe ser vuelta a verificar”, como el caso de los residentes legales permanentes (Green Card o Tarjeta Verde).
El gobierno dijo además que el acuerdo incluye “supervisiones” permanentes por parte de las autoridades federales de inmigración para asegurar el cumplimiento del compromiso.
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La queja
La compañía tecnológica fue sujeta a una investigación tras una denuncia presentada por la esposa de un inmigrante que se postuló a una vacante en la empresa en las oficinas de Redmond (Washington). El trabajador tenía una Green Card.
El DOJ abrió entonces una investigación independiente y halló pruebas “de que la compañía había pedido, en repetidas ocasiones, que residentes permanentes, refugiados y asilados se sometieran a una evaluación de su necesidad de patrocinio de una visa laboral por parte de Microsoft, a pesar de que ellos no requieren ningún tipo de patrocinio para poder trabajar legalmente en Estados Unidos”.
La investigación reveló además que “la compañía discriminó al menos a seis residentes permanentes por motivos de su estatus migratorio durante este proceso de evaluación de visas cuando les pidió que presentasen su Green Card para demostrar que tenían permiso para trabajar sin la necesidad ser patrocinados por el empleador”.
“La investigación determinó que, desde al menos junio del 2019 hasta al menos enero del 2020, Microsoft envió, de forma habitual, correos electrónicos a residentes permanentes para pedirles documentos para confirmar que disponían de una autorización continua para trabajar, a pesar de que ya habían presentado (los trabajadores extranjeros) documentos que demostraban una autorización permanente para trabajar” legalmente en Estados Unidos.
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El acuerdo
El DOJ dijo además que la denuncia fue zanjada con un “acuerdo conciliatorio”.
Precisó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) requiere que los empleadores verifiquen el permiso del trabajador para trabajar en Estados Unidos.
“Por otra parte, la ley también prohíbe que los empleadores pidan documentos cuando no tienen el requisito de pedirlos o que restrinjan o especifiquen los tipos de documentación válida que se le permite al trabajador presentar para demostrar que cuenta con permiso para trabajar, por motivos de la ciudadanía, el estatus migratorio o la nacionalidad de origen de tal trabajador”, precisó.
El gobierno dijo que en el acuerdo Microsoft se comprometió a revisar partes de su proceso de contratación para evitar violar la ley y que “detendrá el envío de correos electrónicos para pedir documentos” cuando no tiene la obligación o exigencia de hacerlo.
“Microsoft también deberá pagar una sanción civil y capacitar a sus empleados responsables de la verificación de los trabajadores para laborar en Estados Unidos”, añade.
“Mediante investigaciones y conciliaciones como esta, el DOJ seguirá garantizando que todo no ciudadano de que disponga de autorización para trabajar pueda perseguir oportunidades laborales sin enfrentarse a discriminación ilícita», dijo Kristen Clarke, fiscal general auxiliar de la División de Derechos Civiles del DOJ.






















