Corte Suprema de EEUU revisará una orden de Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados del Censo 2020
La Corte Suprema de Estados Unidos revisará una orden del presidente Donald Trump –bloqueada por una corte inferior– para excluir a los inmigrantes indocumentados del Censo 2020, cifras que son utilizadas para determinar los escaños en el Congreso.
Los jueces del máximo tribunal verán el caso de forma rápida al programar una audiencia para el 30 de noviembre. De acuerdo con la agencia AP podría esperarse una decisión a fines de este año o en enero, pues ese mes el mandatario debe entregar los números del Censo 2020 a la Cámara de Representantes.
El gobierno de Trump había pedido al máximo tribunal revisar una decisión de una corte de distrito de Nueva York de septiembre pasado, la cual determinó que la orden dada por el presidente es “ilegal”.
Por unanimidad, los tres jueces del panel de la Corte de Distrito Sur de Nueva York dictaminaron que la decisión del mandatario –contenida en un memorando ejecutivo– viola la "responsabilidad constitucional del poder ejecutivo de contar el número total de personas en cada estado y distribuir los miembros de la Cámara de Representantes entre los estados según sus respectivos números".
El dictamen había prohibido al Departamento de Comercio reportar cualquier información sobre inmigrantes indocumentados en su conteo del Censo 2020 que pueda usarse para implementar la orden del presidente.
“Al ordenar al secretario (de Comercio) que proporcione dos conjuntos de números, uno derivado del censo decenal y el otro no, y anunciar que es política de Estados Unidos utilizar este último en relación con la distribución, el memorando presidencial se desvía y, por lo tanto, viola el esquema legal”, se lee en el veredicto.
En segundo lugar, añadió, el memorando viola el estatuto que rige la distribución porque, "mientras residan en Estados Unidos, los extranjeros indocumentados califican como 'personas en un estado’”.
Otro intento tras la polémica pregunta sobre ciudadanía
El pasado 11 de julio, Trump firmó ese memorándum para impedir que los indocumentados sean considerados dentro del Censo 2020 a la hora de definir los distritos del Congreso, una medida que choca con lo que establece la Constitución sobre la manera cómo se define la representación popular parlamentaria.
La orden fue vista por algunos opositores al gobierno como un intento de reactivar para efectos de representación política, la polémica pregunta sobre ciudadanía que el gobierno intentó incluir en el cuestionario del Censo 2020 y que la Corte Suprema determinó que era improcedente porque los argumentos de la Casa Blanca eran una “invención”.
En esa decisión 5-4 del máximo tribunal, la fallecida magistrada Ruth Bader Ginsburg fue parte de la mayoría que rechazó que Trump incluyera esa pregunta en el censo decenal, que sirve, entre otras cosas, para dibujar distritos electorales en los niveles estatal y federal. En ambos casos se considera el número total de habitantes independientemente de su condición migratoria o estado legal.
En esta ocasión, la jueza Amy Coney Barrett podría estar en la silla que ocupaba Ginsburg si es confirmada por el Senado, lo que parece probable en este momento.
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