Calculan que más de 10,000 padres con hijos estadounidenses son detenidos en California cada año por inmigración

Un informe de la organización Human Right Watch reveló que cada año son arrestados miles de progenitores con hijos estadounidenses en el estado de California. El estudio, que fue publicado el lunes, calcula que la cifra total está "muy probablemente" por encima de los 10,000.

Los datos, citados en el informe titulado "Aún te necesito: Detención y deportación de padres californianos", fueron obtenidos después de que la organización de defensa de derechos humanos los solicitara a las autoridades migratorias federales haciendo uso de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, en inglés).

Las cifras dan cuenta de casi 300,000 casos de detenciones federales en los centros de California durante un período de cuatro años y medio. Durante ese tiempo, la organización especificó que en el estado se arrestó a un promedio de 65,000 inmigrantes al año en 15 centros de reclusión, entre ellos un gran número de personas con hijos estadounidenses.

HRW explicó que los registros de gran parte del estudio no especifican si efectivamente son padres que han tenido descendencia en el país, este dato sí aparece en los registros de un periodo de nueve meses -entre octubre de 2014 y junio de 2015. La organización realizó el cálculo "aplicando métodos estadísticos". Así, concluyó que el 42% de los arrestados tenían hijos con ciudadanía estadounidense.

Es el caso Rómulo Avelica-González, quien fue detenido por ICE cuando llevaba a sus hijas al colegio. La grabación del arresto, realizada por una de las menores que permaneció en el vehículo, se convirtió en viral tras mostrar cómo los agentes lo arrestaron en frente de ellas.

Su nombre es uno de los miles, según HRW, que en este momento están en riesgo para ser detenidos y deportados con las nuevas directrices migratorias del presidente Donald Trump. La nueva administración amplió "enormemente" las razones por las que una persona puede ser expulsada e hizo que "casi todos los 11 millones de personas indocumentadas sean una 'prioridad' para la deportación".

Petición de ayuda

“Los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos aquellos que son padres de ciudadanos estadounidenses, nunca estuvieron tan amenazados, pero sobre todo, los derechos de las personas confinadas en el sistema de detención inmigratoria”, afirmó en un comunicado Clara Long, investigadora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch.

“Dado que el 15% de todos los detenidos por motivos inmigratorios en Estados Unidos están en California, es crucial que ese estado adopte leyes para hacer cumplir los estándares sobre la detención de personas en condiciones humanas y para subsanar las fallas en materia de debido proceso”, exhortó Long.

California, considerado un estado demócrata, anunció este domingo que dedicará 15 millones de su presupuesto para defender a los indocumentados que están en riesgo de deportación.

Un reciente estudio llegó a la conclusión de que el 68% de los inmigrantes arrestados en California no cuentan con ayuda legal. Además, puso de relieve que aquellos que sí contaron con asesores legales tuvieron cinco veces más posibilidades de obtener una resolución favorable de su caso y no dejar el país.

El estado, sin embargo, ha mostrado su oposición a las políticas de Trump y ha dejado claro su apoyo a las ciudades santuario, a las que el presidente quiere eliminar fondos federales si no cooperan con inmigración.

De hecho, en una muestra del enfrentamiento frontal con la nueva administración, el Senado de California aprobó un proyecto de ley para limitar a las autoridades policiales del estado y locales su cooperación con las autoridades migratorias.

La Ley 54 del Senado, conocida como popularmente como "estado santuario", prohíbe a las agencias de implementación de la ley -tanto locales como estatales- utilizar recursos, incluyendo cualquier tipo de instalaciones, dinero, equipo o personal, para cooperar con la aplicación de las nuevas regulaciones de inmigración. Asimismo, no pueden preguntar por el estatus migratorio a las personas e impide dar acceso a las autoridades federales de inmigración para entrevistar a una persona bajo custodia.