California destina $15 millones más para defender a inmigrantes en riesgo de deportación

LOS ÁNGELES, California.- El gobernador Jerry Brown incluyó dentro de su propuesta de presupuesto 15 millones de dólares que serían destinados para ampliar la defensa legal de inmigrantes que enfrenten la deportación ante las nuevas políticas migratorias que ha establecido el presidente Donald Trump.

La cantidad se suma a otros 18 millones de dólares que el gobierno estatal tiene también presupuestados para el próximo año que forman parte de dos programas de asistencia para inmigrantes indocumentados.

El total de 33 millones de dólares dentro de la propuesta de presupuesto del gobernador Brown serían para apoyar a organizaciones que defienden a inmigrantes. De acuerdo con la agencia AP, abogados especializados y activistas proinmigrantes elogiaron la decisión, afirmando que es prueba de que el estado está comprometido con mantener unidas a las familias.

Desde el 2014 el gobierno estatal estableció un fondo de 3 millones de dólares para apoyar a las familias de niños refugiados de Centroamérica y en el 2015 destinó otros 15 millones al programa ‘One California’ que ofrece asistencia a inmigrantes que tramitan la ciudadanía estadounidense, así como para quienes se benefician del alivio migratorio DACA.

Mejorar la defensa legal de los inmigrantes ha sido parte significativa de un paquete legislativo patrocinado por los demócratas. Entre los artículos propuestos está un pedido de 14 millones de dólares para capacitación legal, materiales escritos, asesoramiento y asistencia técnica a defensores de oficio sobre las repercusiones migratorias de tener un prontuario criminal.

En California se estima que viven alrededor de 2 millones de indocumentados cuya deportación representaría la separación de familias.

Para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), este fondo es necesario ya que el gobierno federal ha inclinado la balanza de la justicia en contra los inmigrantes que luchan por permanecer en sus comunidades, trabajando y contribuyendo a la economía del estado, forzándolos a navegar solos por el laberinto legal de los procedimientos de deportación.

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