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Inmigración Infantil

Centros familiares de detención de ICE cambiarían de rubro a finales de año

Los centros familiares de Karnes City y Dilley, en Texas, se convertirían en cárceles para adultos.
18 Mar 2016 – 2:26 PM EDT

Dos polémicas cárceles para niños migrantes ubicadas en Texas podrían cambiar pronto nuevamente de rubro y convertirse en centros de detención para adultos, según se desprende de declaraciones dadas por un alto funcionario de la Administración en el Congreso.

Uno de ellos, el centro de detención de Karnes City, localizado en San Antonio, alberga a mujeres y niños migrantes que fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza después del 1 de enero de 2014.

Los indocumentados, provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, llegaron al país en busca de asilo y aguardan que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.

La directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), Sarah Saldaña, dijo el jueves durante una audiencia en la Cámara de Representantes que la agencia dejará de utilizar el recinto carcelario y que probablemente se convierta en un centros para migrantes hombres adultos en el año fiscal 2017.

Saldaña añadió que la decisión está casi finalizada.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.


El cambio anterior

A mediados de febrero Univision Noticias reportó que dos polémicos centros familiares de detención de ICE, Karnes City y Dilley, habían recibido licencias para funcionar como centros para cuidado de menores.

Los permisos permitieron a la agencia esquivar una orden judicial dictada el año pasado que obligaba al gobierno a liberar a los detenidos en cumplimiento de un acuerdo judicial alcanzado hace 18 años.

En agosto del 2015 la jueza Dolly Gee, que preside la corte distrito del centro de California, dictaminó que las autoridades federales de inmigración violan el acuerdo Flores versus Meese, alcanzado en 1977, que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos.

Gee también fijó como plazo hasta el 23 de octubre para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) cumpla la orden.

El departamento apeló el dictamen alegando que la liberación de menores y sus madres enviaría un mensaje equivocado a Centroamérica, situación que podría activar una nueva crisis migratoria en la frontera.


Todo sigue igual

El optimismo de Saldaña no es compartido por organizaciones que se oponen al encarcelamiento de migrantes que piden asilo.

“No es nada nuevo”, dijo a Univision Noticias Johana De León, asistente legal del Centro de Educación para Refugiados e Inmigrantes RAICES. “Ellos (el gobierno) van a seguir deteniendo a niños que huyen de sus países y buscan refugio en Estados Unidos”.

De León dijo además que la preocupación también se centra en “las nuevas detenciones” porque el flujo de migrantes en la frontera “no se ha detenido”.

“La única solución al problema es que el gobierno otorgue un TPS (Estados de Protección Temporal –TPS, por su sigla en inglés-) a los migrantes centroamericanos”, dijo la activista.

Saldaña no aclaró si ICE seguirá deteniendo a niños.

Karnes City y Dilley fueron habilitados en 2014 luego que el presidente Barack Obama reconoció públicamente la existencia de una crisis, tras el arresto en lo que iba del año fiscal de más de 46,000 niños migrantes.

Qué dice el gobierno

A finales de agosto del 2015, tras el segundo fallo de la jueza Gee para que ICE liberara a menores detenidos en las cárceles de Karnes Cuty y Dilley, el DHS respondió, a una pregunta de Univision Noticias, que “estamos en desacuerdo con la conclusión final de la corte” y que el dictamen no tubo en cuenta que el departamento procesa a familias en cumplimiento a una orden emitida por el Congreso.

Agregó que los centros familiares “siguen funcionando en consonancia con esta orden” y que evaluaría con el Departamento de Justicia las “opciones posibles”.

En febrero de este año la agencia dijo, por medio de un correo electrónico, que estaba “trabajando diligentemente para cumplir con todos los aspectos de la orden del tribunal”, y que el acuerdo judicial de 1997 “nos obliga a implementar nuevas políticas de detención”.

El secretario Johnson ha dicho que “no estamos de acuerdo con partes del razonamiento jurídico en la decisión (de la jueza Gee) y hemos presentado una notificación de apelación”. Y agregó: “Pero seguimos comprometidos con la reforma de nuestras políticas de los centros familiares tal y como lo hemos estado haciendo durante los últimos meses", indicó.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés) dijo que “nosotros vamos a seguir revisando el caso, revisando cómo se están desarrollando las situaciones en estos centros”.

“Cuando se requiera de representación legal vamos a tener a nuestros voluntarios. Y hasta que no se acabe por completo este esquema de detención, vamos a seguir ayudando a estas personas”, indicó Víctor Nieblas, presidente de AILA.

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