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Inmigrantes indocumentados

Solo el 37% de los inmigrantes en proceso de deportación tienen acceso a un abogado

Un estudio del Consejo Americano de Inmigración reveló además que los inmigrantes detenidos en lugares apartados tienen cuatro veces menos probabilidades de conseguir asesoría legal que aquellos privados de libertad en ciudades grandes.
30 Sep 2016 – 12:54 PM EDT

Solo el 37% de los inmigrantes tuvieron acceso a un abogado para defender sus permanencias en Estados Unidos. Esta es la conclusión de un estudio del Consejo Americano de Inmigración (AIC), tras la revisión de 1,2 millones de casos de deportación en un período de cinco años (2007-2012)

El informe agrega que el acceso a este tipo de asistencia es escasa y se distribuye de manera desigual en el país.

El AIC dice que durante años el derecho a un abogado para los inmigrantes en proceso de deportación corre por su cuenta. Esto porque la estadía indocumentada y la deportación se clasifica como un proceso civil no criminal.

Los abogados Ingrid Eagly y Steven Shafer, autores del estudio titulado ‘Acceso a un abogado en una corte de inmigración’ , explican que al tratarse la estadía indocumentada como una falta de carácter civil, en el momento de la deportación no están protegidos por la Sexta Enmienda de la Constitución. Esta enmienda estipula que, en los casos bajo el sistema de justicia criminal, los acusados tienen derecho a un juicio y acceso a un abogado, “inclusive aquellos que no tienen recursos para pagar sus honorarios, que son pagados por el estado”, dice el reporte.

Por lo general los inmigrantes que enfrentan la deportación “no tienen esa oportunidad”, subraya.

Eagly y Shafer advierten que en casos de detenciones llevadas a cabo en lugares o zonas remotas, el acceso a un abogado se dificulta aún más, siendo que en todos los casos de deportación el gobierno “sí cuenta con un fiscal a favor de la expulsión independientemente si el indocumentado cuenta o no con asesoría legal”.


Impacto negativo

El AIC indica que la falta de un abogado proporcionado por el gobierno a las personas en proceso de deportación “puede tener un profundo impacto en la capacidad de los inmigrantes para recibir una audiencia justa”, sobre todo en los casos de asilo.

Sin embargo, apuntan que el debate sobre la importancia de contar con asesoría legal continúa porque “no hay datos fiables” sobre el número de inmigrantes en proceso de deportación que consigan o cuenten con la ayuda de un abogado, y el impacto en las decisiones de los jueces.

El AIC recalca que el acceso a la asistencia legal es escasa, se distribuye de manera desigual en los estados y los inmigrantes detenidos tienen menos probabilidades de acceder a asistencia legal que aquellos que son opuestos en libertad.

Sólo el 14% de los inmigrantes detenidos accedió a un abogado en comparación con dos tercios de los inmigrantes no privados de libertad, revela el informe.

La tasa de representación en Nueva York para los casos en libertad alcanzó el 87%, mientras que en Atlanta fue del 47%.


Otras conclusiones del estudio:

  • Los inmigrantes con audiencias de deportación en cortes ubicadas en ciudades pequeñas, tienen cuatro veces menos probabilidades de conseguir un abogado que aquellos con audiencias en ciudades grandes.
  • Los inmigrantes mexicanos tuvieron la tasa más alta de detención (78%) y la tasa más baja de representación legal (21%) de las nacionalidades examinadas para el estudio.
  • Los inmigrantes chinos tienen la tasa más baja de detención (4%) pero la tasa más alta de representación (92%).
  • Los inmigrantes que cuentan con representación legal les va mejor en todas las etapas del proceso judicial
  • Los inmigrantes con un abogado que los represente tienen cuatro veces más probabilidades de obtener la libertad durante una audiencia de fianza (44% con abogado frente a 11% sin abogado).
  • Los inmigrantes representados tienen más probabilidades de obtener un alivio de la deportación.
  • Los inmigrantes detenidos que tienen un abogado tienen 11 veces más probabilidades de ganar un caso de asilo.

El informe aparece dos semanas después que una Corte de Apelaciones en Seattle, Washington, revirtiera un fallo que permitía a niños inmigrantes centroamericanos en proceso de deportación continuar con sus alegatos, y que advertía que al negárseles un abogado se estaba violando el debido proceso.
La demanda original fue presentada hace dos años por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes indocumentados en Los Angeles (California) y Seattle (Washington), en contra del Departamento de Justicia.

Los abogados argumentaron que los niños que pasan por el proceso de deportación, sin asistencia legal, navegan por un sistema “extremadamente complicado”. La querella buscaba que un tribunal obligara al gobierno federal designar abogados para los niños debido a que actualmente los jueces no cuentan con esa autoridad.

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