La decisión judicial representa una victoria significativa para la administración de Donald Trump en su esfuerzo por completar una de las modificaciones arquitectónicas más ambiciosas y controvertidas en la historia de la residencia presidencial. El fallo ocurre apenas unos meses después de que se hicieran públicas las imágenes de maquinaria pesada reduciendo a escombros la estructura que albergaba las oficinas de la primera dama y el búnker presidencial de la era de la Segunda Guerra Mundial.
Un juez federal rechaza frenar la construcción del polémico salón de baile de Trump en la Casa Blanca
El tribunal desestimó este jueves la solicitud de un grupo conservacionista para detener de inmediato la construcción del nuevo salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, un proyecto que ya supuso la demolición total del Ala Este del histórico edificio.
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El conflicto legal
El National Trust for Historic Preservation (Fondo Nacional para la Preservación Histórica) había interpuesto una demanda alegando que la administración violó múltiples leyes federales, incluyendo la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Ley de Política Ambiental. Los demandantes argumentaban que el presidente no tiene la autoridad unilateral para demoler partes de un monumento nacional sin someter el proyecto a revisiones del Congreso y a la supervisión de la Comisión de Bellas Artes y la Comisión de Planificación de la Capital Nacional. Sin embargo, el tribunal determinó que no se demostró un “daño irreparable” suficiente para justificar una orden de restricción temporal que paralizara las obras. Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del proyecto alegando razones de “seguridad nacional” y sosteniendo que el presidente posee la facultad plena para modernizar y embellecer la mansión ejecutiva.
Un proyecto de escala sin precedentes
El nuevo salón de baile, diseñado para albergar cenas de Estado y eventos multitudinarios, tendrá una extensión estimada de 90,000 pies cuadrados (unos 8,300 metros cuadrados), lo que casi duplicaría el tamaño total de la Casa Blanca original.
El costo del proyecto ha sido otro punto de fricción. Aunque inicialmente se estimó en 200 millones de dólares, la cifra ascendió a 400 millones en diciembre pasado. La Casa Blanca ha enfatizado que la obra se financia mediante donaciones privadas de grandes corporaciones y empresarios, aunque los críticos señalan la falta de transparencia en la lista de contribuyentes y el impacto estético de una estructura que, según expertos, “eclipsará” la arquitectura clásica de la residencia.
Impacto ambiental y patrimonial
La controversia también se ha extendido al manejo de los escombros. Investigaciones recientes sugieren que toneladas de material proveniente de la demolición del Ala Este han sido depositadas en campos de golf locales, lo que ha generado preocupaciones sobre la posible presencia de asbesto y el cumplimiento de las normativas ambientales. Mientras la construcción avanza a un ritmo acelerado, los grupos de preservación han advertido que este precedente pone en riesgo la integridad de otros monumentos nacionales. A pesar del revés judicial de hoy, los demandantes aseguran que continuarán la batalla legal para exigir una rendición de cuentas sobre la gestión del patrimonio histórico más importante de la nación.
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