Si eres indocumentado también cuentas: los datos del Censo 2020 son confidenciales
Más de 77.2% de los adultos del país dice que participará en el Censo 2020 y que enviará los cuestionarios con los datos sobre sus hogares por correo o en línea. Sin embargo, la intención de participar es más baja entre los adultos de 18 a 34 años de edad que no son blancos y viven con niños pequeños, con personas que no son ciudadanos estadounidenses y en comunidades de alta pobreza. La ra´zon es que en este grupo existe la creencia de que sus datos pueden ser compartidos o utilizados para conocer su estatus migratorio.
La información proviene de la Encuesta de bienestar y necesidades básicas llevada a cabo a escala nacional en diciembre de 2019 por el Urban Institute, y contó con una muestra de 7,694 adultos de 18 a 64 años de edad. La finalidad del sondeo era identificar y evaluar las dificultades y las preocupaciones sobre el Censo 2020 que pueden afectar el conteo, ya que es a través de este proceso que se proporcionarán los datos necesarios para la distribución del Congreso, la redistribución de distritos (federales, estatales y locales) y la asignación de fondos federales en todos los estados.
El 32.3% de los encuestados dijo estar extremadamente preocupado o muy preocupado sobre cómo se usarán sus respuestas y con quiénes se compartirán. Entre los adultos no blancos e hispanos o de familias inmigrantes la tendencia fue aún más acentuada: más de 40% dijo estar extremadamente preocupado o muy preocupado por las mismas razones.
Los resultados del sondeo van aún más allá: 31.6% piensa que es extremadamente probable o muy probable que las respuestas al censo se usen para encontrar personas que viven en el país sin documentación, y otro tercio de los encuestados piensa que esto es algo probable, a pesar de las leyes federales. Esta creencia es mayor entre adultos de familias cuyos integrantes no son ciudadanos (40.6%) y de familias inmigrantes que están preocupados por la deportación (46.4%).
No hay pregunta sobre ciudadanía y la confidencialidad está garantizada
Las inquietudes sobre los datos que se pedirían y compartirían en el próximo censo comenzaron a principios de 2019, cuando el presidente Donald Trump propuso incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el cuestionario. Un estudio del Central Valley Immigrant Integration Collaborative que se dio a conocer en aquel momento ya había advertido cómo podría influir este punto: al preguntar a más de 400 personas sobre su intención de llenar el censo, esta era de 80%, pero cuando les mencionaron la posible pregunta de ciudadanía la cifra bajaba a 46%.
Si bien la Corte Suprema rechazó en junio de 2019 la petición de Trump y en el cuestionario no hay preguntas sobre el estatus migratorio, de acuerdo con el Urban Institute todavía existe una confusión significativa al respecto: casi 70% de los adultos encuestados piensa que el cuestionario preguntará qué personas en sus hogares son ciudadanos.
La Constitución de Estados Unidos indica que todos los residentes de la nación deben participar en el censo decenal, sean ciudadanos o no, pues gozan del derecho de confidencialidad que tiene la información que suministran en el cuestionario. Este derecho está garantizado por el Título 13 del Código de Estados Unidos -también conocido como Ley del Censo-, que exige que la información de los participantes se mantenga confidencial, es decir, los datos obtenidos de los formularios están protegidos por la ley y solo se pueden usar para generar estadísticas.
La Oficina del Censo también ha reiterado que el proceso es confidencial y que la información recabada no puede ser compartida con agencias de control de inmigración, como el ICE, ni agencias policiales, como el FBI. Además, los datos personales, como nombre, domicilio y número de teléfono, no pueden ser compartidos en los próximos 72 años.
También para garantizar la confidencialidad y proteger la información, todos los trabajadores de la Oficina del Censo hacen un juramento legalmente vinculante de por vida. Quienes violen dicho juramento podrían enfrentar una pena de cárcel, una multa de 250,000 dólares o ambas.
