En lugar de prohibir la comunicación entre el gobierno y las redes sociales, se debería exigir transparencia

Al leer la noticia de que un juez federal de Louisiana prohibió a agencias federales y funcionarios del gobierno de Joe Biden comunicarse con las empresas de redes sociales para solicitar la supresión o la limitación de contenidos en línea, me encontré haciéndome una pregunta bastante simple: ¿Por qué no sabemos qué solicitudes de moderación de contenido reciben las redes sociales desde el poder? ¿Por qué no existe en Estados Unidos, la democracia más sólida del mundo, un sistema fácil que permita a los ciudadanos comunes verificar si algún político está utilizando sus credenciales para interferir en el debate público o si realmente solo intenta combatir la desinformación?

Alguno de los lectores de esta columna podría decir que cualquiera puede recurrir a la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), y tendría razón. Es una legislación que, desde hace muchos años, permite a los individuos solicitar datos oficiales de varias instancias de poder, incluso correos electrónicos y mensajes, sobre el tema que deseen o consideren importante. Pero destacó que no es muy conocida por los ciudadanos estadounidenses y es utilizada poco incluso por la prensa. Por lo tanto, no debe ser el único camino. Debemos ser creativos.

Pero antes de avanzar, volvamos a la decisión judicial de Louisiana para demostrar claramente por qué es urgente un sistema más transparente.

El 4 de julio de 2023, mientras Estados Unidos celebraba su fiesta de la Independencia, el juez federal Terry A. Doughty dio la razón a los fiscales de los estados de Louisiana y Missouri, que se unieron a varios miembros del movimiento antivacunas, en una demanda presentada contra el gobierno de Joe Biden.

El grupo había solicitado que la justicia evaluara cómo supuestamente las diversas agencias federales estarían restringiendo la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses al solicitar a las grandes empresas de tecnología la moderación de contenidos relacionados con la pandemia y las elecciones.

En su sentencia, Doughty falló a favor del grupo y estableció que una serie de organismos, que incluye a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), la Oficina del Censo, el FBI y el Departamento de Justicia, tienen prohibido "reunirse con empresas de redes sociales para instar, fomentar, presionar o inducir de cualquier manera la retirada, eliminación, supresión o reducción de contenido" en línea, incluso si es falso y desinformativo.

El juez federal entiende que la libertad de expresión, garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución, está por encima de todo eso y debe ser defendida en internet a cualquier precio. Por lo tanto, prohibió terminantemente a estas entidades y a varios funcionarios individualmente nombrados "señalar contenido o publicaciones en plataformas de redes sociales y/o remitirlas a empresas de redes sociales instando, fomentando, presionando o induciendo de cualquier modo a la remoción, eliminación, supresión o reducción" de contenido.

Hasta nuevo aviso, las entidades mencionadas en la sentencia no pueden "enviar correos electrónicos, hacer llamadas, enviar cartas, mensajes de texto o participar en cualquier tipo de comunicación" con las compañías de redes sociales en relación con la moderación en línea. No pueden responder a publicaciones falsas como, por ejemplo, las que circularon durante la pandemia que atacaban sin fundamento la eficacia de las vacunas, el uso de las mascarillas y/o la necesidad de la cuarentena y el aislamiento.

Tampoco podría pedir que se tomen medidas sobre contenidos que promuevan narrativas antidemocráticas, como las que llevaron al asalto al Capitolio en 2021. Las comunicaciones entre las partes deben limitarse a publicaciones vinculadas con "crímenes, temas de seguridad nacional e intentos de interferencia extranjera" en el país. La desinformación sanitaria, anti-LGBTQ+, antifeminista y ultrapartidista no puede sufrir ningún tipo de intervención.

Nombrado para el cargo por el expresidente Donald Trump en 2017 y confirmado por el Senado al año siguiente, Doughty parece haber adoptado en su decisión narrativas republicanas que insisten en que cualquier tipo de moderación es sinónimo de censura. Lo cual no es cierto. Moderaciones son necesarias en muchos casos, incluso los previstos en la sentencia del 4 de julio.

Pero mientras el gobierno de Biden prepara su apelación y la prensa estadounidense debate los límites de la libertad de expresión en las redes, volvamos aquí a nuestras preguntas iniciales. ¿No habría sido más efectivo si Doughty hubiera apostado por exigir transparencia al poder en lugar de prohibir las comunicaciones entre el gobierno y los gigantes tecnológicos? Al final, ¿no estaría haciendo el juez exactamente lo que intenta evitar: la censura del debate público?

Nunca estudié Derecho y no tengo intención de hacerlo, pero habría sido más útil desde el punto de vista ciudadano si Doughty hubiera pedido a la administración Biden que estableciera un sistema en el que fuera posible vigilar quién solicita qué a quién, en términos de moderación de contenidos en línea. Algo que permitiera monitorear y revelar si alguien realmente pretende interferir en el discurso público en su propio beneficio.

Nunca estudié informática y tampoco tengo intención de hacerlo, pero imagino que, en la era de la inteligencia artificial, un sistema así no puede ser tan complicado.

Es hora de unir a expertos (y hay muchos en este país) para arrojar luz sobre lo que los poderosos de la política solicitan a los poderosos de la tecnología. Con más transparencia y más información, podremos evitar decisiones judiciales radicales y tener un verdadero y útil control democrático.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa.

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