América Latina

Policías "apuntando con armas a bodegueros y carniceros": el plan económico de Maduro acaba con 200 comerciantes detenidos

Con arrestos, multas y cierres temporales de bodegas y otros negocios privados, el gobierno de Maduro comenzó una fiscalización contra comerciantes en toda Venezuela. El objetivo: acabar con la especulación que ha incrementado su propio plan de “recuperación económica”.
28 Ago 2018 – 5:25 PM EDT

CARACAS, Venezuela. - En la semana del aniversario de la parroquia 'La Candelaria', en el centro de Caracas, sus habitantes recibieron de regalo la presencia de policías armados con rifles de asalto que acompañaron a funcionarios del Estado en un férreo operativo de fiscalización contra comerciantes en la zona.

La operación se debía a una promesa del presidente Nicolás Maduro de cargar contra los comerciantes que no acataran las medidas impuestas en su plan "recuperación económica" con el que pretende que el país salga de la profunda crisis económica en la que está sumido. “El bate (de béisbol) está preparado”, dijo el presidente al hacer los anuncios contra el aumento indiscriminado de precios, la especulación y el acaparamiento. Los que no cumplan, aseguró, "van a arrepentirse de haber nacido".

Y su promesa se cumplió. Desde el pasado 22 de agosto, autoridades de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) realizaron inspecciones a la fuerza en cientos de negocios, en su mayoría establecimientos de venta de alimentos de todo el país. El resultado: más de 200 gerentes y dueños de comercios detenidos por parte de efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional "por delitos como remarcaje de precios, especulación, acaparamiento y boicot de la economía", según un comunicado de Sundde.

Uno de los lugares donde se sintió con más fuerza el operativo en la capital fue precisamente en el barrio de La Candelaria donde el pasado jueves y viernes, efectivos del Sundde y la PNB iniciaron un "acoso directo fomentando saqueos controlados y quiebra de sus negocios", según denunció Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas. “Pudimos ver cómo policías encapuchados con armas largas amenazaron a bodegueros, carniceros y panaderos con cerrarles sus negocios, incluso ya se están efectuando extorsiones previo pago de dinero o mercancía para evitar sanciones o ir hasta detenidos”, afirmó.

Los numerosos comercios y restaurantes de inmigrantes asiáticos en Venezuela también han sido objeto de fiscalización y varios de los detenidos, algunos de ellos liberados el mismo día, eran de nacionalidad china: “Al chino de la tienda lo liberaron en la tarde del viernes, capaz y le pagó a la policía para que lo dejaran libre”, afirmó una vecina de la parroquia Los Ruices al este de la ciudad. Univision Noticias intentó entrevistar al comerciante asiático pero éste no quiso discutir el tema.

“Muchas de estas detenciones no tienen razón de ser, no se determinan los delitos, por eso vemos que a muchos los liberan el mismo día o al día siguiente. Este tipo de operativos son puro show del Gobierno para hacer creer que trabajan para bajar la inflación que ellos mismos impulsan con sus políticas económicas”, afirmó la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui. Según explicó, cuando los trabajadores detenidos pertenecen a grandes empresas, éstas asumen su defensa legal, mientras que si se trata de negocios pequeños, como panaderías o carnicerías, en muchos casos son igualmente apoyados por sus gremios.

Sin embargo, conocer la suerte de los comerciantes detenidos es una tarea difícil en Venezuela, ante el temor de mayores represalias. Según el abogado Roberto León Parilli, director de un gremio de defensores de usuarios y consumidores en el país, la mayoría de las veces, los dueños de negocios pasan mas tiempo en la cárcel de lo que indica la ley para las penas de prisión por acaparamiento y remarcaje de precios. “Todo es muy arbitrario”, lamentó.

"¿Cómo es posible que lleguen a mi negocio policías armados?"

Mientras tanto, los comerciantes se preguntan cómo van a sobrevivir en medio de la crisis económica y las medidas fiscalizadoras del gobierno. “Tengo 60 años viviendo en Venezuela y 52 como comerciante, ¿cómo es posible que lleguen a mi negocio con policías armados hasta los dientes en modo amenazante para inspeccionar lo poquito que vendo y para obligarme a bajar los precios, sin importarles que eso me genere perdidas?”, le dijo a Univision Noticias el dueño de un establecimiento comercial en la urbanización La Candelaria que fue visitado dos veces el mismo día por la Sundde.


Este comerciante de origen portugués, que pidió no ser identificado por temor a represalias, ha visto decaer su bodega en los últimos cinco años. Antes vendía a sus vecinos todo tipo de productos, pero hoy apenas vende algún que otro alimento, chucherías, refrescos y bebidas alcohólicas.

“La segunda vez que vinieron a inspeccionar mi negocio llegaron los policías con integrantes de los consejos comunales para que les abriera el depósito y se encontraron con una gran sorpresa: estaba casi vacío”, indicó el comerciante con su acento portugués aún casi intacto.

Según los vecinos de la zona, los negocios que fueron fiscalizados con más fiereza fueron los que se negaron a abrir el martes 21 de agosto obedeciendo a un paro nacional de 24 horas decretado por la oposición a Maduro precisamente en protesta por el “paquetazo rojo" que pretende aumentar la gasolina a precios internacionales, devaluar la moneda en 96%, subir los impuestos y el salario mínimo en 6,000%, algo que los pequeños comerciantes afirman no poder cubrir.

“La policía llegó con varias personas de los consejos comunales que al parecer nos denunciaron, ya que dos de ellas dijeron a los empleados que quién los manda no abrir el día del paro”, contó el dueño de otra tienda en la urbanización El Valle al oeste de Caracas.


La profunda crisis económica de Venezuela ha impactado al sector comercial que ha sido afectado por la caída del consumo y de los controles de precio y de cambio. En el país, existe una ley que prohíbe a los comerciantes tener ganancias obtenidas de sus ventas por encima del 30%, pero esa normativa no toma en cuenta la estructura de costos del producto, tampoco el precio del dólar paralelo con el cual se importa la materia prima o la mercancía, ni los constantes aumentos de salario decretados por el Ejecutivo.

Por otra parte, la población sufre desde hace diez meses un proceso hiperinflacionario, que ha llevado a que los precios se dupliquen cada 18 días.

Por su parte, el gobierno asegura que el empresariado forma parte de un “plan de guerra económica” que busca desprestigiarlo. Sin embargo, sus anuncios económicos recientes han generado gran preocupación, aumento en los precios de los bienes y en el dólar no oficial, además de cierre de empresas y anaqueles vacíos.

Además, los analistas acotan que no hay confianza en los resultados, ya que la agenda económica del mandatario carece de un programa integral para solventar la crisis económica que ha desembocado en una emergencia humanitaria.


La pasada semana, el gobierno llegó a “convenios” con algunas empresas para “acordar nuevos precios”, pero muchos de ellos se decretaron por debajo de lo que se vendían antes de la puesta en marcha de la reconversión monetaria para quitarle cinco ceros al bolívar. No obstante, esto no ha impedido que sigan incrementándose de manera significativa los precios de otros rubros que se encuentran fuera de la lista de los productos sujetos a controles.

Decomisos y multas

Además de los arrestos que ocurrieron en diversos operativos en todo el país, también se produjeron multas millonarias y decomiso de mercancía, según la información que se desprende de la Sundde.

Las imágenes publicadas por el propio organismo y por usuarios de las redes sociales mostraron la detención de varios comerciantes, lago que indignó a una buena parte de la población venezolana. En el estado Táchira en la región andina, los ciudadanos y empleados lucharon por una hora hasta que finalmente el gerente de un negocio fue llevado esposado por la policía.


Otra de las medidas adoptadas por las autoridades durante los operativos fue la liquidación total de la mercancía. Tal es el caso de la cadena de tiendas Garzón, ubicada en el estado Lara en el centro del país, donde luego de la orden de venderlo todo a bajos precios reinó el caos y se advirtió al gerente que sería arrestado si no facturaba de acuerdo al precio “convenido”.

En otros casos, la mercancía decomisada era vendida luego por el gobierno en sus propios comercios, tal y como lo informó la Sundde en una nota de prensa. Durante una inspección en el estado Carabobo, se decomisó un lote de leche en polvo que, según señalaron, estaba pronto a vencerse, por lo que ordenaron su entrega a la Empresa Socialista de Alimentos Carabobo adscrita a una gobernación chavista, para su venta a la población.

De acuerdo a encuestadoras venezolanas, este tipo de acciones les ha generado popularidad a los gobernantes, de allí que se insista en esta práctica. El profesor de derecho José Ignacio Hernández sostiene que todos los signos del colapso económico tienen un punto de origen en común: las políticas que comenzaron a ejecutarse en Venezuela en el 2003, tres años después de la llegada al poder de Hugo Chávez.

“La primera semana de aplicación de las ‘medidas económicas’ permite concluir que lejos de resolver, agravan el colapso; se insiste en destruir la mermada propiedad privada y mientras se mantenga la tiranía constituyente el colapso se agravará”.

Después de los operativos en La Candelaria, solo se observan negocios cerrados que no quieren abrir para evitar una fiscalización y mientras evalúan qué hacer luego de los anuncios de Maduro; igualmente se pudo constatar la presencia de compradores para aprovechar los obligados precios bajos de algunos negocios.

Solo quedan bien abastecidos aquellos comercios llamados bodegones que solo venden productos importados a muy altos precios y que extrañamente no son visitados por la Sundde ni mucho menos por el FAES. “Nosotros vendemos puros productos importados, por eso no nos fiscalizan, a veces vienen para ver si vendemos productos regulados, así que por ello nos salvamos”, dijo un vendedor en una de estos bodegones.

Pero lo que hay ahora no es ni la sombra de los sábados del pasado en La Candelaria cuando no se podía ni caminar por las aceras debido a la cantidad de gente comprando no solo comida, sino también prendas de vestir, calzados y utensilios para el hogar.

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