Organizaron 283 partos fraudulentos en EEUU para comprarse una casa de playa en México

“Seguros Americanos Embarazos”, era el nombre de una página de Facebook que llamó la atención de una mexicana que estaba interesada en dar a luz en California para recibir una mejor atención médica que en su país y para que su bebé tuviera la nacionalidad estadounidense.

La mujer, que las autoridades identifican con las iniciales G.I., mandó un mensaje privado y le pidieron continuar la conversación por WhatsApp. Después de un intercambio de mensajes de voz, ella aceptó depositar 1,300 dólares en una cuenta del banco Banorte. Les entregó sus datos personales y recibió documentos sobre un “seguro médico” que prometía ayudarle en su parto sin afectar su visa.

Lo que en realidad hicieron los encargados de “Seguros Americanos Embarazos” fue registrarla en un programa del gobierno de California llamado MCAP, que brinda atención de maternidad y posparto a mujeres de bajos recursos. Cuando la mujer descubrió el engaño se comunicó con representantes de MCAP para reportar la estafa, colaboró con los investigadores y decidió que su bebé naciera en México, según un memorando de sentencia del Distrito Sur de California de la Fiscalía federal.

Ese fue el modus operandi de Melissa Álvarez Torres y de su pareja José Luis Olmos Hernández, quienes organizaron 283 partos fraudulentos en California desde enero de 2016 y hasta septiembre de 2020, cuando ambos fueron arrestados por agentes federales. Se enfocaban en mexicanas con visas de trabajo y turista que vivían en Baja California. Casi todas tenían embarazados de alto riesgo. Les cobraron entre 1,200 y 3,000 dólares por el “seguro” del parto al otro lado de la frontera.

La Fiscalía afirma que sumando las estafas a más de 200 embarazadas y al programa MCAP causaron una pérdida de más de 1.5 millones de dólares. El gobierno cree que ganaron ilícitamente al menos 424,000 dólares y que lo usaron para comprar “múltiples propiedades en México”, incluyendo dos casas en Mexicali, Baja California, y “una propiedad frente al mar en Nayarit”.

Tres fotografías fueron sometidas por la Fiscalía como evidencia. En una de estas aparece una mujer dentro de una alberca que observa una playa. Se trata de la casa que adquirieron en Nayarit, en el Pacífico mexicano. En otra imagen aparece una vivienda de dos niveles que se vendía a “precio especial” por 2.6 millones de pesos (unos 130,000 dólares) y el dueño aceptaba “solo pago en efectivo”.

La otra casa que compraron en el “área dorada de Mexicali” tiene tres recámaras, tres baños, cocina integral, piso de porcelana, alberca, cancha de futbol, pasto sintético, sistema de alarma y cámaras de vigilancia. Una vendedora aseguraba en 2019 que la vivienda fue construida un año antes.

Incluso cuando la pareja supo que el gobierno estadounidense los investigaba, continuaron gastando el dinero de sus víctimas “para darse una vida de lujos” en sus casas en México. El Departamento de Justicia afirma que ellos pasaron todo el verano de 2020 vacacionando en su país y siguieron pagando un alquiler mensual de 2,615 dólares por una casa en San Diego, donde los arrestaron.

Pero Álvarez, Olmos y sus cuatro hijos declaraban que eran pobres y recibieron ayuda del gobierno de California. Escondieron sus ingresos reales para obtener más de $21,000 de programas de asistencia. Ellos mismos usaron el programa MCAP para no pagar los partos de sus hijos.

“Quiero pedir perdón”

Melissa Álvarez Torres fue sentenciada a finales de octubre a 33 meses de prisión y José Luis Olmos Hernandez a 40 meses. Un juez federal de San Diego también ordenó que pagaran más de 1.5 millones de dólares en restitución a las 283 víctimas y al estado de California.

Además, les confiscaron 424,500 dólares, lo cual significaría la incautación de sus tres propiedades en México. Por si fuera poco, deberán devolver los 21,000 dólares que robaron a través de beneficios del programa de salud Medi-Cal.

“Estos acusados explotaron a las familias en su punto más vulnerable y defraudaron nuestros programas vitales de salud pública para llenar sus bolsillos”, dijo el fiscal Randy Grossman en un comunicado.

Mientras que Suzanne Turner, encargada de la oficina del FBI en San Diego, declaró que esta pareja fue impulsada “por la codicia e idearon un elaborado plan para defraudar al estado y ganar dinero rápido”.

Los abogados de esta pareja pedían una condena menor porque no tenían antecedentes penales, por el impacto de estar encarcelados durante la pandemia y por el golpe emocional que han sufrido sus hijos. Para Melissa Álvarez solicitaron que cumpliera su sentencia en su domicilio, pero el juez lo rechazó.

“Este año aquí (en prisión) me ha hecho entender que tomé malas decisiones y me arrepiento de eso. Estoy plenamente avergonzada. También me hizo crecer como persona y espiritualmente, y me hizo pensar cómo quiero comenzar de nuevo para darles una vida amorosa a mis hijos, quienes siempre han sido mi inspiración, mi fortaleza y mi gran amor”, escribió Álvarez en una carta previo a su condena.

“Quiero contribuir a la sociedad y pedir perdón a todas las familias afectadas”, continúa la misiva. “Estoy lista para pagar por mis errores”, concluyó.

Su madre también le escribió al juez que vio el caso. “Sus hijos la necesitan mucho… He tenido que llevar a su hija mayor a un psicólogo y a un psiquiatra porque está muy mal. Ella se enteró muy pronto sobre la situación de sus padres. Ella estaba en el apartamento cuando fueron los agentes”, relató.

Las fechas de liberación de Álvarez y su esposo aún no han sido establecidas.