Criminalidad y Justicia

Jeff Sessions deshace la decisión de Obama y mantendrá las cárceles privadas

Según el principal grupo de defensa de los derechos civiles, ACLU, la decisión del fiscal general es una muestra más de los esfuerzos del gobierno para implementar una dura política antiinmigrante.
24 Feb 2017 – 9:13 PM EST

El fiscal general Jeff Sessions dio marcha atrás este jueves a la decisión de la administración de Barack Obama para reducir el uso de las prisiones privadas y firmó un contra memorando para mantenerlas en funcionamiento. Esto a pesar de las advertencias hechas hace menos de un año de que en los centros que no son del Estado la seguridad y protección de los reclusos es inferior.

La orden firmada por Sessions –con fecha del martes, pero publicada el jueves– rebate una decisión que tomó el 18 de agosto de 2016 la entonces vicefiscal general Sally Yates por considerar, citan distintos medios, que rescindir de las instalaciones penitenciarias privadas "disminuye la habilidad del Buró (Federal de Prisiones) para encarar las necesidades que pueda tener a futuro el sistema federal correccional".

Pero una semana antes de que Yates hiciera el anuncio, se dio a conocer un reporte del inspector general del Departamento de Justicia basado en tres prisiones privadas investigadas. Se concluyó entonces que estas tenían tasas mayores de agresiones entre reclusos y de los presos hacia los empleados, además de que se confiscaron ocho veces más celulares (al año) contrabandeados que en las instalaciones del gobierno.

La página del Buró Federal de Prisiones (FBP, por su sigla en inglés) establece que son 12 las instituciones privadas que trabajan con el Estado. La mayoría están en Texas y Georgia y en total, las registradas en la web del FBP albergan a 21,360 reclusos.


Una persecución de inmigrantes

La organización independiente para la defensa de los derechos civiles, ACLU, reaccionó casi de inmediato a través de un comunicado tras conocerse la decisión del nuevo fiscal general de Trump.

El director del proyecto de prisiones, David C. Fathi, considera que devolver el control de las prisiones a agentes privados "es una fórmula para el abuso y la negligencia" y una muestra de que la administración de Trump prepara para Estados Unidos "un nuevo auge de las prisiones federales alimentado en parte por las acusaciones criminales a inmigrantes por entrar al país".

Fathi considera que la medida va en consonancia con las políticas migratorias del presidente de detener y deportar a buena parte de los 11 millones de indocumentados: "(Trump) Ha manifestado recurrentemente su apoyo a una nueva legislación para imponer un severo e innecesario mínimo de sentencias mandatorias para estas acusaciones".

Los temores manifestados por ACLU parten de la promesa que hizo Sessions durante su juramentación a inicios de este mes. Aseguró entonces que combatiría la inmigración ilegal en Estados Unidos y reavivó los temores de quienes viven en el país sin documentos ante la idea de que pudiera no respetar sus derechos.

Desde su nominación, Sessions, el primer senador en funciones que expresó su respaldo a Trump, ha sido una figura polémica por sus posturas antiinmigrante. En 1986, el Senado rechazó su nombramiento como juez federal por comentarios que fueron interpretados como despectivos hacia las minorías raciales. En ese entonces se le acusó de no haber protegido el acceso de los votantes negros en un caso de fraude electoral. También es conocido por su férrea oposición a cualquier tipo de reforma migratoria o de beneficio para los millones de indocumentados que viven en el país y ha sido considerado por algunos como simpatizante del KKK.

Según el Huffington Post, las dos mayores compañías que operan estas prisiones aseguraron tener suficientes celdas para albergar a nuevos reclusos en caso de que las del Estado no tengan la capacidad. Citan a ejecutivos de GEO Group que hablan de unos 5,500 espacios inutilizados que su vicepresidente, David Donahue, pone a la disposición "inmediata" al asegurar que "cumplen con los estándares nacionales de detención del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)".

¿Qué establecía el memo anterior?


  • Justificó que entre 1980 y 2013 se dispusiera de los espacios privados, pues durante esos años la población carcelaria en Estados Unidos aumentó en casi 800%, a mayor velocidad de la que el Buró Federal de Prisiones podía ubicar a tantos imputados y procesados. En 2013, explica el memo, 15% de los reclusos (cerca de 30,000 personas) estaban entonces en centros privados.
  • Pero desde 2013 la población penal cayó: pasaron de 220,000 presos ese año hasta menos de 195,000 en 2016. "Las prisiones privadas jugaron un rol importante durante un periodo difícil", dice el documento al justificar que ya no eran necesarias.
  • Luego habla de la calidad de los servicios que prestan los centros privados Vs. los administrados por el Buró: explica que no ofrecen el "mismo nivel de servicios, programas y recursos" que las manejadas por el Estado y que tampoco permiten reducir los costos ni ofrecen el mismo nivel de seguridad y protección a quienes son recluidos en esos espacios. "El servicio de rehabilitación que provee el Buró, entre programas educativos y entrenamientos para trabajos, ha sido difícil de replicar y subcontratar y estos servicios son esenciales para reducir la reincidencia (en el crimen) y mejorar la seguridad pública", dice el memorando firmado por Yates.
  • Pedía al Buró que no renovara los contratos con centros privados. En ese momento estableció que para mayo de 2017 quedarían en estos centros unos 14,200 presos y se eliminarían los servicios prestados por al menos tres cárceles privadas.


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