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CityLab Política

¿Qué dicen los expertos acerca de armar a los profesores en las escuelas?

En resumen: la idea planteada por Trump crea riesgos y, por sobre todo, condiciones para potenciales actos de violencia.
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19 Mar 2018 – 02:34 PM EDT
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Un instructor de armas de fuego dictando un taller a más de 200 profesores, en West Valley, Utah. Crédito: George Frey/Getty Images

La administración Trump reiteró esta última semana su apoyo a la iniciativa de armar, aún más, a los profesores. La Casa Blanca anunció que buscará contribuir a que los estados cuenten con más “rigurosos” entrenamientos en armas de fuego, mientras que, al mismo tiempo, Trump designó a la secretaria de Educación Betsy DeVos como directora de la comisión encargada de estudiar mecanismos para evitar tiroteos escolares.

DeVos, por su parte, ha sostenido que las escuelas deberían ser capaces de armar a su profesorado “si optan por emplear esa herramienta”. En una incisiva entrevista reciente para “60 Minutes”, DeVos también admitió que ella “nunca imaginó” la posibilidad de ver una versión armada de su profesora de primer grado. Florida, de igual forma, viene de aprobar una ley que permite a los educadores portar armas.

Desde luego que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) respalda esta polémica medida. Sin embargo, la mayoría de los grupos del sector educativo se opone, incluyendo a la la Asociación Nacional de Educación, la principal organización de profesores en el país. También, muchos estudiantes están en contra de esta política, una parte sustancial de los cuales protestó contra los violentos tiroteos en coelgios y universidades durante el ‘walkout’ escolar nacional, ocurrido el pasado 14 de marzo, un mes después de la matanza en Parkland, Florida, donde un joven de 19 años asesinó a 17 personas con un rifle semiautomático.

Con las emociones a flor de piel, resulta oportuno considerar los hallazgos investigativos sobre la práctica de armar a los profesores. Sin embargo, los datos sobre esto son escasos. No es solo que la idea en sí misma sea nueva, sino que los tiroteos son extremadamente raros. Un reciente informe de Sheldon Greenberg, profesor de Pedagogía en la Universidad de Johns Hopkins, analiza enfrentamientos pasados entre oficiales de seguridad y asaltantes armados para sacar conclusiones sobre la forma en que los profesores se podrían desempeñar en situaciones análogas. Como recientemente dijo Richard Florida en CityLab, la alta cifra de guardias de seguridad privada en las escuelas de Estados Unidos significa que estas instalaciones están siendo muy bien representadas en el “ ya sobredimensionado complejo industrial de seguridad del país”.

El profesor Greenberg es un exoficial de la policía que ha venido siguiendo de cerca la idea de armar a los profesores desde que esta iniciativa surgió tras los sucesos de Columbine, en 1999. Luego la idea ganó fuerza con la masacre de Sandy Hook, en 2012. Antes de Parkland, 18 estados ya permitían a los adultos portar armas cargadas en recintos escolares con la autorización del director o del consejo, y algunos distritos, como Kingsburg, California, y 40 distritos de Ohio, habían dado luz verde a los maestros para llevar armas a la escuela.

“Las escuelas son, probablemente, los lugares más seguros en nuestro país, y estamos creando toda una generación de jóvenes atemorizada por estar ahí”.


Greenberg cree que alentar una política de esa índole solo se suma a los miedos infundados a los tiroteos escolares. “Estos incidentes son terribles, pero son extraordinariamente poco comunes”, añadió. “Las escuelas son, probablemente, los lugares más seguros en nuestro país, y estamos creando toda una generación de jóvenes atemorizada por estar ahí”.

El que los profesores puedan usar sus armas de fuego con efectividad en una situación de emergencia es, a juicio del propio Greenberg, una “apuesta a ciegas”. El documento acota que pese al entrenamiento extensivo de los oficiales de la policía y lo familiarizados que puedan estar con casos de alto riesgo, la evidencia arroja que no disparan con precisión a “la hora cero” contra los agresores. Es de esperar que a los profesores, incluso, les vaya mucho peor.


En par de encuentros que Greenberg sostuvo con fuerzas del orden en enero de 2013, tras los sucesos de Sandy Hook, los oficiales de la policía expresaron una variedad de preocupaciones ligadas a armar a los maestros. Entre ellos, la errónea asunción de que un profesor estará siempre cerca de un agresor, la probabilidad de que un maestro armado y un oficial vestido de civil –que sería el primero en llegar a la escena– se confundieran mutuamente con tiradores activos, y el hecho de que los talleres sobre armas de fuego para profesores suelen impartirse una sola vez. “Esto quiere decir que muchos maestros serían orientados, y no entrenados, para usar un arma”, acotó Greenberg. “Hay una gran diferencia”.

También existe una posibilidad de accidentes relacionados con las armas de fuego dentro y fuera de las aulas. Greenberg citó diversos problemas potenciales como consecuencia de que los maestros llevaran sus armas a casa, donde los niños pudieran acceder a ellas o, simplemente, donde pudieran ser usadas en una situación de violencia doméstica. El suicidio es otra las inquietudes: en un estudio de 30 casos conocidos donde profesores usaron un arma de fuego entre 1980 y 2012, un 63% cometió o intentó un suicidio.

“En principio, es altamente improbable que haya un incidente que combatir”, sentenció Greenberg. “Por lo que los riesgos rebasan los beneficios potenciales”.

“Cuando cotejamos los índices de exclusión, vemos el sesgo. Armar ese sesgo es aterrador”.


Asimismo, el profesor Greenberg enfatizó en el peligro de tener a un profesor armado confrontando a un estudiante desarmado. “¿Usará el profesor el arma contra ellos?”, se preguntó. Esa es una pregunta que muchos académicos y analistas están trayendo a la mesa, especialmente debido a la existencia de una extensa investigación avalando que los estudiantes de color son castigados más severamente que los blancos cuando cometen las mismas infracciones menores, tales como interrumpir la clase, ya sea con la conducta o el lenguaje. Esto, sienta las bases para que sigan el camino hacia una hipotética cárcel, en un ciclo llamado “canal de la escuela a la prisión”.

“Cuando cotejamos los índices de exclusión, vemos el sesgo”, indicó Jonathan Stith, coordinador nacional de la Alianza para la Justicia Educativa, una red de organizaciones intergeneracionales y dirigidas por jóvenes que trabaja para acabar con el canal antes mencionado. “Armar ese sesgo es aterrador. Crea una situación que puede estallar de un momento a otro, como un polvorín”.

Prudence Carter, decana de la Facultad de Postgrado en Pedagogía de la Universidad de California en Berkeley, es una destacada investigadora en desigualdad educativa que cree que la posibilidad de armar a los profesores pone en peligro, más que a nadie, a los estudiantes de color. “Hay una enorme cabida para los errores”, apuntó. “ Los estudios ya demuestran que hay gatillos en las mentes de las personas cuando ven rostros y cuerpos de personas de color”.

Stith, de la Alianza para la Justicia Educativa, comentó que la juventud afiliada a su organización está protestando contra la idea de armar a los maestros. “Estos jóvenes de color saben que más armas en las escuelas se traducirán en una mayor criminalización de su educación y su vida”, acotó. Ahora bien, la administración Trump va en la otra dirección: está culpando a la política de la era Obama por los tiroteos, aunque la mayoría de los perpetradores de tiroteos masivos han sido blancos residentes en áreas predominantemente blancas.

Grupos de jóvenes en ciudades como Chicago, Filadelfia y Columbus se están uniendo a los ‘walkouts’ e instan a las autoridades a reducir la presencia de policías en las escuelas, a instituir prácticas de justicia restaurativa –en las cuales los estudiantes hablan de un incidente y buscan enmendarlo, en lugar de ser detenidos, suspendidos o algo peor– y brindar un mejor acceso a una atención de salud mental.

Carter espera que los líderes electos los escuchen. “Necesitamos servicios de salud mental en las escuelas, y luego tenemos que enfrascarnos en desestigmatizarlos”, añadió. Debido a que los niños pasan más tiempo en la escuela que con su familia, dijo, “es clave que estos espacios estén bien equipados para educar y cuidar vidas jóvenes. Eso es lo que nuestros legisladores y profesionales deberían estar considerando –no si armar o no a los profesores”.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com

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