La dura batalla entre una iglesia 'santuario' y un alcalde que quiere obligarla a colaborar con ICE

A inicios de este mes, Gisella Collazo se acercó a la Iglesia Congregacional del Sur en Springfield, Massachusetts, buscando refugio. Collazo llegó a Estados Unidos un par de décadas atrás usando un pasaporte falso y tiene dos hijos y un esposo que son ciudadanos estadounidenses. La mujer decidió buscar albergue después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le advirtió que debía comprar un boleto de vuelta a Perú, su país natal.

Las conversaciones sobre inmigración y ciudades santuario a menudo se dan a nivel estatal o federal. Pero, cuando la Iglesia Congregacional del Sur acordó recibir a Collazo y sus hijos, el mayor detractor del gesto fue un líder local, el alcalde de Springfield, Domenic Sarno. Este, de filiación demócrata, está desafiando la iniciativa de la iglesia de hospedar a Collazo.

La tensión comenzó el pasado junio, cuando dicha organización eclesiástica, junto a otras cinco iglesias en Springfield -ciudad con un 38.8% de población hispana-, prometió involucrarse en el movimiento santuario. Fue entonces que, de modo voluntario, la Iglesia Congregacional del Sur accedió a ser un refugio activo. El resto de las iglesias, por su parte, se comprometieron con diferentes formas de apoyo: traducciones, transporte, comestibles y entretenimiento.

En su día, el anuncio prosantuario de las instituciones eclesiásticas fue solo una declaración. Pero Sarno inmediatamente hizo saber su descontento y expresó su interés de que los departamentos de la ciudad inspeccionaran la Congregacional por presunta violación de normas.

En una entrevista para MassLive, Sarno sentenció que estaba “muy molesto” respecto a la decisión de la iglesia. Y añadió que muchos inmigrantes regularizados habían ido donde él para quejarse por la inmigración indocumentada, y que si bien él estaba a favor de la inmigración legal, no podía aceptar a aquellos que habían violado las leyes del país.

Springfield, ha dicho el propio Sarno, no es “una ciudad santuario”, término vagamente usado para describir a aquellas urbes cuyos agentes policiales no se ocupan activamente en el cumplimiento de las leyes migratorias federales. Aunque el municipio tampoco es explícitamente anti-sanctuario: Springfield no está inscrito en el programa 287(g), el cual esencialmente permite a las fuerzas estatales o locales operar como funcionarios de ICE dentro de sus jurisdicciones.

Legalmente, el gobierno federal tiene derecho, por así decirlo, a fiscalizar el acatamiento de las normas migratorias al interior de una iglesia. Lo único que puede evitar que ICE cruce el umbral de una iglesia es su propia política de “ ubicaciones sensibles”, en la cual la agencia establece que solo tomará medidas coercitivas “en circunstancias bien específicas” que ocurran en lugares como escuelas, hospitales o centros de adoración religiosa.

Esta confusa política no siempre ha sido seguida al pie de la letra, pero, a pesar de esto, las iglesias han funcionado hasta ahora como refugios bastante seguros. Probablemente una de las razones es el negativo efecto en los medios de una acción como una redada en un recinto religioso.

El verano pasado, Sarno envió un agente de cumplimiento a la Iglesia Congregacional del Sur para hablar con su pastor, Tom Gerstenlauer, y con Tara Parrish, directora del Proyecto Pioneer Valley, institución de justicia social que ayudó a que las iglesias de Springfield se unieran a fin de organizar la iniciativa santuario.

Durante el encuentro, relató Parrish, el agente comenzó a enumerar una serie de cambios que necesitarían darse para que el edificio fuera categorizado como habitable. Luego envió una carta con membrete de la ciudad, detallando los códigos sanitarios que la iglesia estaba en peligro de violar.

“Tiraron el fregadero de la cocina, diciendo: ‘aquí está todo lo que los debería tener nerviosos ahora mismo’”, indicó Parrish. “Tom repuso: ‘gracias, apreciamos tu opinión’”. Pero cuando la ciudad, unos meses después, realizó su inspección oficial, la iglesia aprobó sin mayores problemas.

Ahora que la Iglesia Congregacional del Sur ha acogido a Collazo y a los suyos, Sarno ha vuelto a tener a ese lugar entre ceja y ceja. El pasado martes, la oficina de Sarno publicó un mensaje electrónico en el sitio web de la ciudad que había sido enviado a varias agencias, requiriendo de ellos una “reinspección de la propiedad enfocada en los aspectos legales de vivienda” y solicitando que “empezara el proceso de revisión para despojar a la iglesia de su estatus de exención de impuestos”.

Poco tiempo después, el departamento de bomberos y algunos agentes de cumplimiento de código indicaron a la iglesia que querían inspeccionar el edificio, aunque se suponía, ya que así estaba pautado, que no lo harían hasta agosto.

Sarno no tiene poder legal para revocar él solo el estado de exención de impuestos de la iglesia: el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) es el encargado de hacerlo. Ni Sarno ni alguien más de su oficina respondieron a preguntas sobre el particular.

El polémico alcalde dijo hace una semana que él no quiere poner en peligro los fondos federales haciendo que Springfield se convierta en una ciudad santuario, algo con lo que la administración Trump ha amenazado a otras ciudades.

Pero en este caso, explica el abogado Bill Newman -de la Filial del Oeste de Massachusetts de la Unión Americana de Libertades Civiles-, el santuario es religioso e independiente del gobierno local. La iglesia, enfatizó, es un órgano independiente y el gobierno federal no puede esperar que este sea controlado por autoridades locales.

Newman añadió que la ciudad “está enfocada en una institución religiosa sobre la base de la creencia de la iglesia… Para mí, lo que el alcalde ha dicho hasta ahora no se aplicaría a otro distrito o localidad”, reiteró. “Creo que la mayoría de los funcionarios electos profesan un gran respeto por la separación de la iglesia y el estado”.

Según Gerstenlauer, el problema del refugio seguro es también de libertad de expresión y, por lo mismo, de la Primera Enmienda, la cual “dice que tenemos que luchar por poner en práctica nuestra fe: amar al vecino y ser hospitalario con el extraño”.

Tanto Parrish como Gerstenlauer afirmaron haber recibido llamadas de gente preguntando cómo podían ayudar. Mientras, concejales de Springfield presentaron una orden que busca bloquear los propósitos de Sarno. Esta sostiene en parte: “Ningún dinero público será usado con el objetivo de interferir en las libertades religiosas de la Iglesia del Sur como reza nuestra Constitución”.

Si el alcalde vetara la orden, indicó el concejal Adam Gómez, él cree que el concejo cuenta con los nueve votos necesarios para anularlo. Gómez agregó que algunos concejales están considerando crear una orden con un lenguaje más abarcador, cosa de que otras ciudades puedan emplearla con fines similares.

Gerstenlauer, entretanto, siente que la iglesia está siendo amenazada por las observaciones -hechas por el alcalde- de que el edificio no cumple con el código. Si ese fuera el caso, indicó, “o tenemos que hacer algunos cambios, o deberemos decirle adiós a Gisella, lo que sería inhumano y excesivo”.

Incluso mudarse a algunos pies de distancia de la iglesia, para alguien en la situación de Collazo, pudiera tener repercusiones: en Florida, un hombre indocumentado fue capturado por ICE al salir de un servicio religioso. Como resultado, los refugiados pocas veces abandonan los dominios de la iglesia.

De Collazo, Gerstenlauer dijo, “tiene un GPS (de ICE) en su tobillo, y si sale del edificio, con mucha probabilidad, será arrestada y deportada cuanto antes”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.