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Asesinatos

Alcaldes, los funcionarios más vulnerables del gobierno mexicano en tiempos de Peña Nieto

En el actual mandato han sido asesinados 16 funcionarios electos, en funciones o que concluyeron su gobierno. Este es el recuento.
27 Jul 2016 – 6:40 PM EDT


CIUDAD DE MÉXICO - El pasado fin de semana se saldó con el asesinato, con apenas horas de diferencia, de dos alcaldes mexicanos. Sin embargo, no se trata de casos aislados; más bien los dos crímenes llegan para ampliar la alarmante cifra: 16 ediles acribillados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos crímenes vienen a circunscribirse en un entorno violento que se corona con el repunte en la tasa de homicidios en México durante 2015.


El asesinato de Ambrosio Soto, edil de Pungarabato, Guerrero, sur, ocurrió el sábado en la noche pese a que el funcionario contaba con protección de policías federales, pues ya había denunciado ser víctima de amenazas por parte del crimen organizado.

"De entrada podríamos pensar que la protección federal a los alcaldes podría representar una garantía de seguridad. Desafortunadamente, los hechos nos dicen todo lo contrario", dice a Univision Noticias el doctor René Alejandro Jiménez Ornelas, experto en sociodemografía de la violencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informó que se encargará de las investigaciones del asesinato, producto de una emboscada en los límites entre las entidades mexicanas de Michoacán y Guerrero.

Soto Duarte era militante del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), mismo que expresó su enérgica condena a través de su cuenta de Twitter.

Domingo López González fue ultimado pocas horas antes que Soto, el sábado por la mañana, junto al síndico Narciso Lunes Hernández y el quinto regidor Miguel López Gómez. Con ellos murieron otras dos personas, todo en el marco de una discusión con pobladores en plena plaza central de San Juan Chamula, en la sureña Chiapas. Por este crimen, siete personas han sido detenidas. Las primeras versiones apuntan a que la tragedia se debió a que el alcalde de la ciudad se negó a entregar recursos públicos a los representantes comunitarios del pueblo.

Raciel López Salazar, procurador de justicia de Chiapas, aseguró en una entrevista radiofónica que “el móvil del asunto no es precisamente el reclamo de las obras. El móvil del asunto es que por la vía de la violencia querían recuperar la presidencia municipal. Las investigaciones van tendiendo en ese objetivo”.

El gobierno del edil asesinado era el primero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que se daba en la alcaldía, tras la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Los alcaldes son el área más vulnerable del gobierno, pero es importante señalar que no son la única. Lo que es necesario subrayar es que estos asesinatos de alcaldes son una etapa umbral en el nivel de violencia que se está viviendo en México. Este contenido violento nos están hablando de la falta de efectividad de las medidas no solamente a nivel estatal; también a nivel federal", agrega Jiménez Ornelas, en entrevista con Univision Noticias.

Ana María Salazar Slack, especialista en derecho internacional y seguridad nacional, añade que "el problema de descifrar quiénes son los más vulnerables tiene que ver con la capacidad que tiene el gobierno para poder defender y apoyar a los alcaldes cuando están siendo amenazados en áreas de influencia de grupos del crimen organizado".

Las familias de los alcaldes no han escapado de la violencia. Delfino Nieto Peláez, esposo de la presidente municipal electa de Mártires de Tacubaya en Oaxaca, puso el dedo en llaga, mostrando que el crimen no distingue. Nieto, también presidente del comité municipal del PRI, fue asesinado esta semana de dos balazos.

De acuerdo a un documento entregado por la Asociación Nacional de Alcaldes a Univision Noticias, de 2006 a la fecha, las entidades mexicanas donde hay mayor riesgo para los presidentes municipales son Durango, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.

Los 16 del sexenio de Peña Nieto

El 22 de abril de este año fue asesinado Juan Antonio Mayen Saucedo, presidente municipal de Jilotzingo, Estado de México. El crimen ocurrió cuando Mayen transitaba en un vehículo por una carretera de Naucalpan, también en el Estado de México. Junto al edil murió un policía municipal y uno de sus escoltas.

Mayen Saucedo era militante del conservador Partido Acción Nacional (PAN). Los homicidas dispararon más de 100 balas a su comitiva.

“No podemos descartar ninguna línea de investigación, incluso la de su probable vínculo con actividades ilícitas, dadas las características del hecho y la existencia de algunos antecedentes en carpetas de investigación, que permiten relacionar al presidente municipal con un grupo delictivo que operaba en la zona, el cual era dirigido por un individuo que presuntamente también fue asesinado hace un par de meses en la región”, declaró entonces en una conferencia de prensa Martín Marín Colín, fiscal de asuntos especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM, fiscalía local).

Sin embargo, durante los funerales del alcalde, el secretario del PAN en la entidad, Carlos Cuauhtémoc Velázquez, aseguró que las declaraciones de las autoridades eran “irresponsables”.

Para el doctor Jiménez Ornelas, el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, está muy inmiscuido en varios asesinatos de presidentes municipales, tanto por estar coludidos como por no querer participar, "pues estos criminales han logrado permear distintos niveles de gobierno gracias a su poder corruptor.

A principios de este año, la mañana del 2 de enero, Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos, fue asesinada en su casa y frente a su familia, apenas un día después de tomar protesta al cargo. Así lo informaba en su cuenta de Twitter el gobernador de la céntrica entidad, Graco Ramírez, perredista como la alcaldesa.

Tres personas fueron detenidas por el asesinato. Uno de ellos es un menor de edad. Días después del crimen, el gobernador Ramírez sostuvo que el asesinato estuvo vinculado a la disputa entre grupos criminales – ‘Los Rojos’ y ‘Guerreros Unidos’- que buscaban hacerse del control de los cuerpos de seguridad. Mota, de acuerdo al gobernador, impulsaba la implementación del Mando Único, una fusión entre policías municipales y estatales para abatir la criminalidad.

Pese a las declaraciones del alcalde, un grupo de colaboradores de Mota pidieron a la Fiscalía General de Morelos abrir una línea de investigación sobre el asesinato, pues consideraron que pudo haber detrás un motivo político para que al cargo fuera puesta en su lugar la suplente Irma Camacho.

2015

El 23 de junio, Rogelio Sánchez Galán, el alcalde electo de Jerécuaro, Guanajuato, fue asesinado mientras se trasladaba en una camioneta, a pocos días de haber ganado los comicios por ese cargo. Junto a dos de sus colaboradores, Sánchez Galán –postulado por el PVEM-- murió a balas en los alrededores de la comunidad de Enredadores, en el área aledaña a una terminal de autobuses.

Una de sus promesas de campaña había sido que los cargos de presidente, síndico y regidores fueran honoríficos y que no cobraran un peso por su trabajo.


El 5 de junio, cuando se celebraban elecciones federales intermedias, fue asesinado a balazos José Alfredo Jiménez, exalcalde de Santa María Chimalapa, Oaxaca. Sus atacantes lo balearon frente al Palacio Municipal, muy cerca de la casilla donde el exedil se disponía a emitir su sufragio.

En un boletín emitido entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE, fiscalía local), informó que investigaba el crimen, sin dar mayores detalles al respecto.

2014

El 4 de agosto, el alcalde de Ayutla, Jalisco, Manuel Gómez Torres, fue asesinado por un grupo del crimen organizado dentro del rancho ‘La Mesa’, de su propiedad. En el ataque también murió uno de sus escoltas.

Dos meses antes del crimen de Gómez Torres, de extracción panista, fue hallado muerto Juan Ramón Ramírez, el subdirector de la policía de ese municipio.

La Fiscalía General de Jalisco informó que detuvo a dos funcionarios señalados por el crimen: José Alfredo Sánchez, encargado del despacho de la jefatura de policía, así como el subdirector policiaco Luis Alberto Cepeda. “Estamos seguros de que esto está vinculado con delincuencia organizada (…) Estamos ciertos de que el cártel más fuerte (en la zona) es el Jalisco Nueva Generación”, dijo el fiscal de la entidad, Luis Carlos Nájera, en aquellas fechas.

Gustavo Garibay, edil de Tanhuato, Michoacán, había sufrido un atentado en octubre de 2012, por, según sus palabras, negarse a pagar una extorsión. Sin embargo, el 22 de marzo murió a tiros cuando trataba de abordar una camioneta blindada afuera de su casa. Después del primer ataque, el gobierno de Felipe Calderón le otorgó una escolta de policías federales, pero le fue retirada al comienzo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Garibay también era militante del PAN.

Cabe señalar que en mayo de este 2016 fue muerta Gabriela Oseguera Gutiérrez, quien fuera la esposa de Gustavo Garibay. Su cadáver fue hallado estrangulado en la carretera libre Zamora-La Barca, en un tramo de Michoacán que colinda con Jalisco. Oseguera también pertenecía al PAN.
>Rojo 2013

El 5 de diciembre de ese año, el presidente municipal electo de San Pedro Totolapan, Oaxaca, Epigmenio Rafael Aragón Luis, murió producto de los disparos que le propinaron dos hombres desde una motocicleta, cuando el futuro alcalde caminaba en la parte trasera del Palacio Municipal que él encabezaría.

Aragón se disponía a reunirse con las autoridades salientes de San Pedro Totolapan. La Secretaría de Seguridad Pública local aseguró no tener indicios de que el edil sufriera alguna amenaza específica.

Ygnacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, fue secuestrado, torturado y asesinado el 7 de noviembre. Sus familiares aseguraron que un par de días antes de ser asesinado, López recibió una llamada anónima donde su interlocutor le dice que está enterado de que el ayuntamiento recibiría recursos federales, por lo que “ debía aportar más dinero” a grupos delincuenciales.

El alcalde había denunciado previamente que los alcaldes en Michoacán eran obligados a pagar cuotas al crimen organizado hasta por hacer obras públicas. Señaló específicamente al cártel narcotraficante de Los Caballeros Templarios. La fiscalía local había asegurado inicialmente que el edil había muerto en un accidente automovilístico, lo que levantó las suspicacias de la opinión pública y del expresidente Felipe Calderón.

El 11 de septiembre, Everardo Hugo Hernández Guzmán, alcalde electo de San Andrés Cabecera Nueva, Oaxaca, y también diputado local por el PRD, murió al ser atacado mientras cenaba en un restaurante del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

A Hernández Guzmán se le investigaba por la muerte del empresario maderero Efraín Cruz Bruno. Al respecto, Hernández Guzmán había declarado que temía por su vida tras ese asesinato, pues lo “trataban de vincular”.

El 22 de julio, Adán González Vega, segundo comandante de la Policía Municipal, asesinó después de una discusión al presidente municipal de Aquila, Veracruz, Gerónimo Manuel García Rosas.

González Vega fue detenido. En tanto, la viuda de García Rosas, Mercedes Vázquez, aseguró que detrás del crimen estaba Armando Alonso Rosas, quien también compitió en las elecciones donde salió vencedor Gerónimo Manuel García Rosas. Vázquez aseguró que ese hombre había intentado matar a su marido en marzo de ese mismo año.

Celestino Félix Vázquez Luis, primer edil de San Miguel Tilquiapam, Oaxaca, encontró la muerte a unos cuantos pasos de su domicilio el 5 de junio. Los asesinos portaban fusiles de asalto AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”. En agosto del año anterior, el edil había sobrevivido a un atentado. Un año antes de este crimen, un grupo de habitantes de esa localidad exigía que se investigara al que se convertiría en su alcalde, por la muerte de una persona de nombre Pedro Felimón Luis Hernández.

El 20 de abril, José René Garrido Rocha, edil de San Salvador el Verde, Puebla, murió dentro de su casa luego de que un grupo de presuntos ladrones ingresara al domicilio. Le dispararon después de que el alcalde opusiera resistencia al robo.

Feliciano Martínez Bautista, alcalde de la alcaldía oaxaqueña de San Juan Mixtepec, fue emboscado y asesinado el 24 de marzo de ese año. Junto a su cuerpo se encontró el del policía Policarpo Remigio Rojas. Ambos viajaban en una camioneta por el municipio de Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca, cuando recibieron disparos provenientes de un arma AK-47.

Tras el doble homicidio, el dirigente estatal de la organización Antorcha Campesina, Gabriel Hernández García, aseguró que ni él ni el grupo que representa tenían relación con los hechos, toda vez que en la zona se vivía un conflicto agrario.

El cuerpo de Leobardo Díaz Estrada, alcalde de Urique, Chihuahua, fue hallado decapitado dentro de un automóvil en una barranca el 8 de febrero. Dentro del vehículo estaba también el cadáver del director de obras públicas de la alcaldía, Rafael Ramírez Muñoz. El automóvil fue hallado en un barranco de una profundidad de 400 metros.

Las autoridades aseguraron que los dos decesos se debieron a un accidente automovilístico. Sin embargo, las suspicacias comenzaron cuando trascendió que el cuerpo del edil fue decapitado.

La alcaldía de Urique tuvo por esas fechas denuncias constantes de grupos armados que se apoderaban durante días de algunos poblados.

¿Qué sigue?

"Todo indicaría que las probabilidades de que incremente la violencia en algunas partes del país son bastante altas. No hay recursos suficientes para que un presidente municipal de un pueblo chiquito tenga la fuerza suficiente para poder enfrentar a estos criminales. Y si con las cifras de alcaldes asesinados tan solo en la última década --muchos de ellos en las mismas áreas-- no ha sido suficiente para que existan protocolos de protección claros, inmediatos y contundentes, yo me pregunto qué están esperando los gobiernos estatales, pero sobre todo el federal", subraya Salazar Slack.

Lo primero que se tiene que hacer es transformar el discurso en acciones reales y que estas acciones reales tengan la legitimidad de la ciudadanía. No bastan las acciones de escritorio, y las acciones militares han hecho de éste un país más violento", concluye el doctor de la UNAM.

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