"Una pena excesiva e inmoral": la justicia de El Salvador libera a una mujer que pasó 15 años presa por agresivas leyes antiaborto
La justicia de El Salvador decidió liberar a una mujer que había sido condenada a 30 años de prisión por la muerte de su bebé durante el parto en 2003. Al conocer la noticia este martes, Maira Verónica Figueroa Marroquín, de 34 años, ya había cumplido 15 años de una larga sentencia que, finalmente, fue interrumpida por el Ministerio de Justicia.
"Es necesario otorgar la conmutación de la pena de 30 años de prisión en virtud de que a la luz de la moral y del principio de proporcionalidad, es excesiva e inmoral (...) Ha permanecido bastante tiempo en prisión", concluyó el Ministerio en su decisión.
Pero la victoria de Figueroa es relativa, pues una petición paralela para exculparla por los cargos de homicidio agravado que le imputaron fue negada en 2015 por la justicia salvadoreña. Así que Maira Verónica Figueroa Marroquín volvió a la calle este martes, pero sigue considerada como culpable de la muerte de su hijo durante el parto.
Al salir de la prisión de mujeres de Ilopango, a las afueras de San Salvador, la capital, era esperada por su familia, pero también por Teodora del Carmen Vásquez, otra mujer liberada el pasado 15 de febrero luego de cumplir 10 de los 30 años de su condena también por el mismo delito.
"Fue un momento de absoluta felicidad y muchos abrazos", dijo la abogada de Figueroa, Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y El Caribe. "Ahora hay muchas preguntas que ella tiene que responder, como dónde vivir y qué viene ahora".
Figueroa, que se ganaba la vida limpiando casas en una municipalidad rural de El Salvador cuando fue arrestada, es una entre decenas de mujeres que han sido sentenciadas a prisión en las últimas dos décadas por perder a sus bebés. Para los duros fiscales que atienden estos casos, ellas han asesinado a sus hijos, pero ellas se defienden y aseguran que sus bebés nacieron muertos o fallecieron poco después del parto.
El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más severas del mundo. Con el firme apoyo de la Iglesia Católica y un poderoso cabildeo, abortar es ilegal desde 1998. Este país centroamericano es solo uno entre cinco del mundo donde el aborto no está permitido incluso en casos de violación y cuando realizarlo permita salvar la vida de la madre.
Para los defensores de derechos humanos estas leyes son discriminatorias. La lucha de las organizaciones por abolir estas posturas ha sido apoyada en los últimos años por la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que exigen poner fin a la práctica de castigar a las mujeres y acusarlas por perder a sus hijos por complicaciones obstétricas.
En el caso de Figueroa, por ejemplo, su bebé murió en 2003 mientras limpiaba una casa. Tenía apenas 19 años. En medio de la emergencia, fue trasladada al Hospital Nacional de Chalchuapa, pero allí la detuvieron. Poco después, el fiscal general cambió la tipificación de su delito, lo catalogó como homicidio agravado y la envió a prisión con una condena de 30 años.
Desde hace cinco años, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha estado abogando por su liberación. Alegan que la joven no tuvo un proceso judicial justo ni se le permitió contar su versión sobre lo ocurrido; dicen que no tuvo una defensa adecuada de los cuatro abogados públicos que le asignaron.
Actualmente, más de 20 mujeres siguen encarceladas por los mismos cargos que mantuvieron en prisión a Figueroa.
Para la abogada Catalina Martínez, la liberación de esta mujer es una victoria "agridulce" pues siguen sin reconocer su inocencia. "Hoy celebramos, pero mañana continuamos en la lucha", asegura.
