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Una niña de 6 años violada y asesinada por sus propios primos, el último caso de abuso a menores que estremece a Bolivia

En solo 22 días del mes pasado, los medios bolivianos registraron 25 violaciones a menores, la mayoría de ellos por parte de familiares. La situación es tan alarmante que el gobierno ha llegado a plantear la necesidad de modificar la Constitución para introducir la cadena perpetua como máxima sanción para los agresores sexuales.
14 Jun 2017 – 2:44 PM EDT

LA PAZ, Bolivia. - Tenía seis años. Sus primos de 12 y 14 años la encerraron en su cuarto y la violaron. La niña fue llevada al hospital, donde agonizó durante cinco días hasta que el pasado viernes murió por un paro cardiorrespiratorio. Ocurrió en la población de Portachuelo, en las cercanías de la próspera ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Según relatan las autoridades, los primos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de un tío adulto, cuando introdujeron a la pequeña al cuarto para cometer el horrendo crimen.

El padre, que acudió a hacer una visita familiar de fin de semana a la casa de quienes ahora son acusados de cometer el delito, al notar la ausencia de la niña la buscó hasta que tuvo que derribar una puerta para encontrarse con un cuadro desgarrador.


Llevó a la pequeña al hospital, donde fue ingresada a terapia intensiva. Tras cinco días de dolorosa espera, la niña falleció.

Tras conocerse el fatal desenlace una tía de la pequeña declaró: “Lo que han hecho no tiene perdón de Dios. Ya no hay confianza con los primos, ni con los tíos, ni nada”.

Este hecho de extrema violencia no es el único. En las últimas semanas, Bolivia se ha estremecido con noticias que dan cuenta de la violación y posterior muerte de bebés y niñas muy pequeñas a manos de sus familiares, entre los que están los primos, los tíos, los padrastros, los abuelos y hasta los propios padres.

La situación es tan alarmante que el gobierno ha llegado a plantear la necesidad de modificar la Constitución para introducir la cadena perpetua como máxima sanción para los violadores, cuyas víctimas además hayan sido asesinadas.

Pero, ni los 30 años de prisión que dispone la ley para violaciones seguidas de muerte y para infanticidio, ni las advertencias de que se introducirá la cadena perpetua en la legislación boliviana, han frenado los crímenes.

De hecho, la violación de la niña de Portachuelo, ocurrió después del debate político sobre el tema.

Viviendo con el enemigo

Un recuento del periódico Página Siete de Bolivia estableció el mes pasado que en 22 días los medios de comunicación habían registrado 25 casos de violación a menores de edad (entre niñas, niños y adolescentes), de los cuales, 15 habían sido atacados por sus padres, tíos, hermanos, padrastros y otros familiares cercanos.


Entre esos casos está el de una bebé de año y nueve meses en Cochabamba, que fue victimada por su padrastro de 22 años y el padre de éste a finales de mayo.

Según la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de esa región, la pequeña quedó al cuidado del padrastro mientras la madre se fue a trabajar. En esas circunstancias, los dos hombres la habrían violado y luego asfixiado. Los dos hombres fueron acusados de infanticidio y enviados a la cárcel.

No ocurrió lo mismo con el caso de la niña de Portachuelo, cuyos primos son menores de edad y por tanto reciben un tratamiento legal diferente.

El menor de 12 años, por ley, no es imputable, por tanto fue llevado a un centro de reinserción social, mientras que el de 14 años será acusado de infanticidio, pero por tener menos de 18 años, recibirá una sentencia de seis años, según la Fiscalía.

Clarivel Ayala, la jueza de la niñez y la adolescencia de Montero que, como Portachuelo, está en el departamento de Santa Cruz, considera que en algunas zonas del país donde hay existe una “naturalización de la violencia”. De hecho, el área donde se encuentra su juzgado es la primera en cuanto al número de delitos sexuales contra menoress del país.

Según le explicó a Univision Noticias, en esos lugares no es raro encontrarse con familias de siete u ocho miembros que comparten el mismo cuarto e, incluso, la misma cama.

Ayala asegura haberse encontrado con un caso de un adolescente de 14 años que está acusado de violar a una niña de ocho, en el que los testigos dijeron que "ella era su enamorada". El padre de la pequeña corroboró que el muchacho “vivía con ella”. Ante el hecho, la jueza envió unos días a prisión al padre por negligencia y luego lo puso a recibir clases de educación sexual.

En ese sentido, la jurista considera que el problema central tiene que ver con la falta de educación, por eso, cuando ella recibe un caso se desplaza a la zona para dar asistencia a la familia y a la víctima. En su criterio, un juez que atiende estos casos, debería permanecer el 30 por ciento de su tiempo en el juzgado y el 70 por ciento afuera.

Linchamientos a agresores

Ante la ola de crímenes y la poca confianza de que se haga justicia, pobladores furiosos de algunos municipios alejados del eje troncal del país han optado por linchar a los acusados de violación, es decir, un delito se castiga cometiendo otro delito.

En marzo pasado, una turba quemó vivo a un adolescente de 16 años en la población de Toro Toro de Potosí, tras acusarlo de haber violado y asesinado a una niña de siete años.


Según la Policía, la pequeña fue vista conversando con el adolescente en una entrada (desfile) folklórica y un día después su cuerpo fue hallado en un río.

Los policías llevaron al acusado a una celda, pero los pobladores lo sacaron del lugar para ajusticiarlo.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana de Bolivia, el 25% de los delitos denunciados hasta el año pasado eran abusos sexuales a menores de edad.

Ante esta historia sin fin, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que se hará un referéndum para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con cambiar la Constitución para introducir la cadena perpetua.

La iniciativa, sin embargo, no ha encontrado consenso en la oposición, que acusa al gobierno de querer usar este tema sensible para abrir la Carta Magna con la finalidad de legalizar una nueva postulación de Evo Morales a la Presidencia.

Mientras los políticos llevan el debate a su terreno, las niñas y niños de Bolivia siguen corriendo riesgo de muerte hasta en la casa, que se ha convertido en un lugar inseguro para ellos.

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