Qué impacto tiene el 10 de enero sobre la crisis política en Venezuela

La fecha se ha convertido en una especie de raya amarilla que para decenas de países marca el fin de la legitimidad de Nicolás Maduro. Pese a la presión externa e interna, el mandatario asumirá su segundo periodo de gobierno, aunque no será juramentado ante la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución.
7 Ene 2019 – 5:53 PM EST

Este 10 de enero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asume un nuevo periodo de 6 años frente a un gobierno electo en unos comicios el pasado mes de mayo cuyos resultados Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y más de una decena de países latinoamericanos no reconocen.

La fecha se ha convertido en una especie de raya amarilla que marca para esos países el fin de la legitimidad de Nicolás Maduro, cuya gestión ha hundido al país en la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, el colapso de los servicios públicos y la violencia criminal.

A esto se une el hecho de que la Asamblea Nacional bajo control de la oposición ha declarado que a partir de ese momento Maduro estará "usurpando" la jefatura de Estado.


Para poder cumplir con la ley constitucional que indica que el 10 de enero toman posesión del cargo los presidentes que han ganado elecciones, antes debe existir un “candidato elegido” por el voto popular. Maduro afirma que se ganó en las urnas el derecho a continuar en el poder hasta el año 2025, mientras que el Parlamento opositor y las democracias occidentales denuncian que Maduro se burló de la voluntad popular.

¿Hubo elecciones presidenciales en Venezuela?

El domingo 20 de mayo de 2018 el goberno organizó una elección que fue catalogada como ilegítima y fraudulenta por Estados Unidos, la UE, Canadá, el Grupo de Lima – integrado por 13 países de América Latina- y los principales partidos de la oposición venezolana, que no participaron en el proceso en protesta por la falta de transparencia y garantías.

Aunque Maduro celebró la victoria, la abstención que se ubicó en 52%, el porcentaje más alto en la historia de comicios presidenciales en el país. Según los datos oficiales, Maduro obtuvo dos millones de votos menos que los que sumó en las presidenciales de abril de 2013. El candidato opositor que compitió en este proceso de 2018, Henri Falcón, también desconoció el resultado por las irregularidades que se registraron durante la jornada.

Figuras de la política a nivel internacional se han pronunciado en duros términos sobre la situación interna en Venezuela, pero quizás el más crítico ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell.

El político socialista expresó en octubre pasado el alcance de la controversia diplomática y política: “Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos estados. Pero sí, hay un problema político, porque este señor a partir del 10 de enero no es un representante político. Pero, ¿cuál es la solución? ¿esperar a que el Gobierno caiga?”, dijo en una entrevista concedida al portal Ok Diario.

¿Cuál es la solución que plantean desde el exterior?

El Grupo de Lima –con la excepción de México- instó a Maduro a “no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha avalado la posición del Grupo de Lima, ratificando que la Casa Blanca considera que la inminente juramentación de Maduro es una “farsa”. “Estamos con la región para exigir la restauración de la democracia y las libertades fundamentales”, enfatizó Pompeo, quien recientemente asistió a la toma de posesión del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, y posteriormente se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. La UE trata de instalar un “grupo de contacto internacional” para impulsar un nuevo proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición.

La nota discordante dentro del Grupo de Lima respectom a desconocer el gobierno de Maduro la puso México. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, admitió la preocupación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por “la dinámica que ha alterado la tranquilidad y la prosperidad del pueblo venezolano, así como la situación en torno al respeto de los derechos humanos que se vive”.

Sin embargo, rechazó las medidas que a su juicio “busquen tener injerencia en asuntos internos que entorpezcan el diálogo entre los actores involucrados y la comunidad internacional”, razón por la cual abogó por “la mediación” y se opuso al “aislamiento”.


¿Qué propone la Asamblea Nacional para enfrentar esta crisis?

Al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional este 5 de enero, el diputado Juan Guaidó insistió en “la ilegitimidad y desconocimiento de Nicolás Maduro, así como la declaratoria de usurpación del cargo de la Presidencia de la República”.

Guaidó, de 35 años de edad, propuso “crear un órgano de Transición para la restitución del orden constitucional, la lucha contra la usurpación y la coordinación de las autoridades legítimas, la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional”.

Como reacción, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció que Maduro prestará juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el oficialismo, pasando por encima de la Asamblea Nacional. “Estoy terminando este período constitucional mandando y el 10 de enero empiezo 6 años de construcción del socialismo”, sentenció el propio Maduro, quien agregó que en esa fecha ofrecerá “importantes anuncios sobre el tema económico”.


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