Maduro envía a tribunales militares a los ciudadanos que protestan en su contra
CARACAS, Venezuela.- El presidente Nicolás Maduro ha incorporado un nuevo elemento a su esquema represivo: el uso de los tribunales militares para enjuiciar a los ciudadanos y líderes políticos que participan en las masivas protestas que enfrenta su gobierno desde principios de abril.
En un informe conjunto, las ONG Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch (HRW) denunciaron que hasta el lunes 15 de mayo habían registrado el “procesamiento de al menos 275 civiles por tribunales militares en Venezuela”. Igualmente, sobre el diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, pende la amenaza de un juicio militar por provocar supuestos “actos vandálicos”, luego de que Maduro lo tachara públicamente de “asesino”.
La utilización de la justicia militar puede interpretarse como otra demostración de la deriva autoritaria del régimen chavista y como una prueba de la inesperada pérdida de influencia del Ejecutivo chavista sobre otros poderes.
El mandatario venezolano recurre a los tribunales castrenses porque ha perdido el control que ejercía sobre el Ministerio Público, que se niega a imputar a los manifestantes y cuya máxima responsable, la fiscal Luisa Ortega Díaz, denunció la “ruptura del orden constitucional” en el país.
“Pareciera que la estrategia represiva del gobierno de Maduro incluye hacer un mayor uso de la justicia militar, ya que el Ministerio Público se está absteniendo de acusar en algunos casos donde ha habido un burdo montaje con la siembra de armas y explosivos”, explica el abogado y antiguo coordinador de la ONG Provea, Marino Alvarado.
Procesar a los civiles en tribunales militares no solo viola la Constitución nacional y los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana, sino que reedita una de las viejas prácticas de las dictaduras latinoamericanas, tal como lo destacó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
“Ningún civil, ni siquiera los delincuentes comunes, puede ser sometido a la decisión de un tribunal que está específicamente diseñado para juzgar a militares por actos cometidos durante su servicio. El Ejecutivo intenta llevar a los presos políticos a la justicia militar para poder manipular ilegítimamente las decisiones que allí se tomen, someterlas a sus intereses y mantenerlas silenciadas y alejadas de la vida pública”, fustigó Almagro.
Para justificar esta maniobra, el régimen chavista imputa delitos militares a los ciudadanos. Distintos expedientes repiten las mismas acusaciones: porte de armas de guerra y explosivos, instigación a la rebelión, ofensas a los símbolos patrios, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional (FAN), traición a la patria y “ultraje al centinela”.
En los últimos años, recuerda Alvarado, unas 40 personas han sido llevadas ante la justicia militar por discutir con soldados en las largas filas que se hacen en supermercados y farmacias para conseguir los productos básicos que escasean en el país.
Diputados, académicos y ciudadanos en el banquillo militar
En lugar de generales y almirantes, desde 2016 son sometidos legisladores, académicos, dirigentes y simpatizantes de la oposición ante los tribunales militares de Venezuela. El parlamentario Gilber Caro y su novia Stacy Escalona, ambos militantes del partido Voluntad Popular fundado por Leopoldo López, fueron llevados ante la justicia castrense después de haber sido detenidos en enero de 2017 por su presunta relación con un “plan terrorista desestabilizador”.
El profesor jubilado de la Universidad de Carabobo (UC), Santiago Guevara, fue retenido en febrero en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y señalado por “rebelión”. La rectora de la UC, Jessy Divo, se solidarizó con Guevara y aclaró que su único delito era ser amigo del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, encarcelado nuevamente en enero ahora por supuestas “actividades conspirativas”.
La lista es extensa: el representante de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, cayó en manos de la justicia militar en agosto por presuntamente tener en su poder “cordones detonantes para explosivos”. En septiembre le tocó el turno a Marco Trejo, James Mathison, Andrés Moreno Febres-Cordero y César Cuéllar por producir un mensaje audiovisual de Primero Justicia que pedía a la FAN cesar la represión.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) capturó en octubre al concejal de Voluntad Popular, José Vicente García, bajo el argumento de que guardaba granadas y prendas militares.
Más recientemente, Eduardo Vetancourt representante de Copei, Jefferson Rodríguez, escolta del diputado opositor Richard Blanco, y Aldo Rosso, militante de Voluntad Popular en la parroquia El Valle de Caracas, escenario de violentas jornadas de protesta, también sufren los rigores de la justicia militar encausados por traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a la FAN.
Por diseño, la justicia militar es aún menos independiente que la ordinaria, ya suficientemente maniatada por la revolución chavista. El Código Orgánico de Justicia Militar señala que el Presidente de la República es “funcionario de justicia militar” y que, además, junto con el Ministro de la Defensa, interviene directamente en la designación de los fiscales y jueces.
“Hay una subordinación de grado ante el Ministro de Defensa. La justicia militar está estrechamente vinculada con el Ejecutivo”, expone el abogado penalista y miembro del Foro Penal Venezolano, Alonso Medina Roa. Apelando a la obediencia y disciplina, Maduro, comandante en jefe de la FAN, convoca a su tropa judicial para hostigar a la disidencia y liquidar la protesta ciudadana.
