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Las claves de la #LeyChayote aprobada por el Senado para regular la propaganda oficial en México

La iniciativa ha sido cuestionada por organizaciones y ciudadanos porque no garantiza transparencia en el reparto de contratos ni castigo para quienes violen la ley.
26 Abr 2018 – 04:48 PM EDT
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La Ley de Comunicación Social debe regular la contratación de publicidad oficial y transparentar cuánto se gasta, a quién y por qué se le otorgó un contrato a un medio. (Archivo)
Crédito: Francisco Robles/AFP/Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO.- El miércoles por la noche, los senadores mexicanos aprobaron la polémica Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como #LeyChayote, que busca r egular la propaganda oficial que el gobierno otorga a los medios de comunicación. Los términos en los que fue aprobada han sido cuestionados por organizaciones y ciudadanos, que critican que que la ley no garantiza la transparencia en el reparto de contratos, entre otros fallos.

La iniciativa, que modifica el artículo 134 de la Constitución, fue aprobada en el Senado con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención. Ahora será enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación y entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

Estos son los puntos clave que debes saber sobre esta polémica ley en México:

Una ley que se demoró 4 años

La reforma político-electoral de 2014 estableció la obligación por parte del Estado de promulgar una ley sobre presupuestos de comunicación social y política, pero hasta mediados de 2015 el tema no fue tocado. En consecuencia, la organización civil Artículo 19 presentó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y como respuesta, en noviembre de 2017, la SCJN determinó que el Congreso debería aprobar la ley antes del 30 de abril de 2018.

¿Cuál fue el propósito inicial de la #LeyChayote?

El principal objetivo de esta ley, según la orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es transparentar los contratos, establecer topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero. Se buscaba además que las dependencias del gobierno no pudieran influir en coberturas o publicaciones periodísticas y que los medios pelearán la pauta oficial con base en su cercanía con la sociedad, no por sus relaciones con el poder.

¿Qué propuestas se enviaron al Congreso?

Diversos partidos políticos realizaron propuestas entre las que se incluía la creación de un Consejo Nacional de la Comunicación Gubernamental para regular, verificar y evaluar los contratos de publicidad oficial, se prohibía que un solo medio de comunicación ganara más del 50% de publicidad y que el presidente presentara un plan de gasto en comunicación social.

Propuestas de otros partidos incluían fijar criterios para el reparto equitativo de los recursos en medios nacionales y locales, así establecer sanciones definidas a funcionarios que condicionen las entregas. Sin embargo, el Congreso decidió analizar a última hora la propuesta del partido oficialista, el Partido Revolucionario Institucional.

¿Qué se aprobó?

  • La iniciativa aprobada establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la dependencia equivalente a nivel local estarán encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social. Es decir, se desechó la idea de crear un ente regulador ajeno al gobierno.
  • El artículo 3 de la iniciativa considera como una campaña de comunicación social la difusión, entre otras cosas, de los “logros del Gobierno”.
  • La iniciativa de ley solo considera como sujetos obligados en materia de transparencia a los entes públicos, pero no a las personas físicas y morales que reciben los recursos públicos; es decir, los medios de comunicación no están obligados a transparentar los contratos.
  • La revisión y fiscalización de los recursos públicos federales se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación.
  • Las dependencias públicas estarán obligadas a poner a disposición del público y mantener actualizado un informe semestral sobre el gasto en campañas de comunicación social en su portal de transparencia.
  • Las dependencias podrán pagar a los medios tiempos comerciales cuando ya no estén disponibles tiempos oficiales gratuitos, sin embargo no se exhorta a las dependencias a no agotarlos los recursos gratuitos.
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Sobre las sanciones

La ley considera una infracción el difundir campañas de comunicación social violatorias a los principios rectores, exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los servicios públicos.

Cuando alguna autoridad cometa una infracción, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. Sin embargo, no se establecen sanciones concretas.

¿Por qué las organizaciones están en contra?

Las organizaciones señalan que no se incluyeron las propuestas más importantes que de verdad garantizarían transparencia e imparcialidad al asignar los contratos.

Tampoco se incluye la creación de órganos autónomos ni figuras encargadas de vigilar los recursos públicos destinados a Comunicación Social.


Artículo 19 y Fundar están en contra de la ley por considerar que legaliza la corrupción mediática y porque los legisladores solo retomaron una iniciativa propuesta por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza.

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