Tras casi un mes de protestas que han dejado un balance de 22 muertos y jornadas de extrema violencia, saqueos e incendios, las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición en el Congreso de Chile alcanzaron la madrugada de este viernes un acuerdo histórico para convocar en abril de 2020 un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Alcanzan un acuerdo histórico en Chile para convocar un plebiscito que entierre la vigente Constitución de Pinochet
El Senado chileno, tras un acuerdo político, aprobó la convocatoria a una consulta en abril de 2020 para preguntarle a los chilenos si quieren una nueva Constitución. De ser aprobado el proyecto, la ratificación de la nueva Carta Magna se realizaría con sufragio universal y voto obligatorio.
Al cumplirse un mes de intensas protestas callejeras en Chile, las fuerzas políticas han logrado ponerse de acuerdo para consultarle al pueblo si quiere una reforma constitucional.
Imagen Marcelo Hernandez/Getty Images
"Es una respuesta de la política con mayúscula, que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad", afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los dirigentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una conferencia de prensa de madrugada en una de las sedes del Congreso en Santiago.
El "Acuerdo por la paz y la nueva Constitución" se cerró después de horas de intensas negociaciones en la que participaron representantes de los principales partidos de la oposición y de la coalición del gobierno del derechista Sebastián Piñera.
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La actual Constitución chilena no permite llamar a plebiscito para modificar su contenido. La consulta a la ciudadanía, que se hará en el mes de abril de 2020, busca dar una salida al atasco legal, planteando dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren una nueva Carta Magna.
En la segunda, deberán manifestar qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución, una "convención mixta constitucional", compuesta a mitades por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una "convención constitucional", para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.
Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia tendrá lugar en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y se hará con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución se realizará con sufragio universal y voto obligatorio.
Una queja por la subida del pasaje en metro termina en plebiscito
"Nosotros estamos contentos de haber podido contribuir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia", afirmó Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.
"La gente fue capaz de mover las barreras de la política, de mover las barreras de lo posible. Sí podemos soñar con una Asamblea constituyente", Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (izquierda radical).
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Frente a un país que ardía, Piñera apostó por un "acuerdo por la paz", en vez de volver a sacar a los militares a las calles, como hizo en los primeros nueve días de la crisis social. Las manifestaciones se iniciaron tras un llamado a evadir el pago del pasaje del metro de Santiago, después de un alza en las tarifas, y rápidamente se transformó en la mayor revuelta en tres décadas en el país.
"Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
"Lo que partió con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana", escribió en Twitter la periodista Lucía López.
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La Carta Magna chilena había tenido algunas modificaciones, pero jamás había prosperado ninguna iniciativa para cambiarla en casi 30 años de democracia en ese país.
En 2005, tras un gran acuerdo político se retiró de la carta fundamental la firma del exdictador, se eliminaron los principios más antidemocráticos, como permitir el despido de jefes militares y se eliminaron los senadores designados y vitalicios.
Durante el anterior gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018) se propuso un cambio constitucional, pero este no recibió el apoyo de la ciudadanía.
