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Acción Ejecutiva

Dreamer presenta nueva demanda para liberar los programas migratorios DACA y DAPA

José López argumenta que el servicio de inmigración actuó fuera de la ley al revocarle un permiso de trabajo otorgado legalmente y que la orden emitida por un juez de Texas no debería afectar a dreamers que viven en los otros estados.
12 Oct 2016 – 04:21 PM EDT
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Un segundo dreamer presentó este miércoles una demanda ante la Corte Federal del 7º Circuito en Chicago, Illinois, con el objetivo de dejar sin efecto una orden emitida por un juez de Texas que tiene frenados dos programas que amparan de la deportación a inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.

En el recurso el inmigrante mexicano José López, de 24 años de edad, argumentó que el gobierno se equivocó cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) le revocó una autorización de empleo extendida por tres años y la reemplazara por otra válida por dos años.

El cambio se hizo a causa de una orden emitida por el juez Andrew S. Hanen, de la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, quien el 3 de diciembre de 2014 tomó una demanda interpuesta por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) en contra de la Acción Ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama había anunciado dos semanas antes, el 20 de noviembre.

“Originalmente, cuando recibí el permiso de trabajo, me lo dieron por tres años. Pero unas semanas después recibí otro permiso por dos años y me dijeron que el primero había sido anulado”, contó López. “No entendí por qué había pasado eso”.

López es uno de los poco más de 800,000 dreamers protegidos (de un estimado de 1.3 millones) desde mediados de 2012 por la Acción Diferida (DACA).


El error

La cancelación del permiso de trabajo de tres años enviado por la USCIS tiene su origen en la demanda de los 26 estados, quienes acusaron a la USCIS de emitir autorizaciones de empleo por tres años a dreamers protegidos por la DACA de 2012 que renovaban sus tarjetas o calificaban por primera vez al programa siendo que el reglamento original las autorizada solo por dos años.

También señalaron que el gobierno no estaba acatando una orden del tribunal que dejó en suspenso la implementación de dos programas que frenan millones de deportaciones:

  • DAPA, que ampara de la deportación a unos 4.2 millones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes; y,
  • DACA Ampliado, que extiende los beneficios de la Acción Diferida de 2012 para favorecer a unos 800.000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y que se conocen como dreamers.

El error, reconocido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afectó a poco más 100.000 dreamers, entre ellos López.
DACA iba a ser implementado el 18 de febrero.


La demanda

Abogados del National Immigration Law Center (NILC) revisaron el caso y concluyeron que la USCIS puede ser demandada por haber anulado una autorización de empleo que fue otorgada legalmente. Y porque miles de los afectados por el “error” no viven en la jurisdicción del tribunal que preside el juez Hanen.

“Presentamos la demanda en Illinois para demostrar que José (López), al igual que otros como Martín (Batalla Vidal) en Nueva York, fueron autorizados para trabajar por tres años y luego perdieron un año de un permiso que les fue otorgado legalmente”, dijo a Univision Noticias Mayra Joachín, abogada de la NILC. “Tenemos fe que el juez nos dará la razón y que la decisión de la USCIS fue aplicada de una manera no legal a personas que estaban fuera de Texas”.

El caso de Martin Batalla Vidal corresponde a una demanda similar presentada a finales de agosto en una corte de Nueva York. El joven, de origen mexicano de 26 años de edad protegido por la Acción Diferida de 2012, dijo que “no fue justo” (que le revocaran su permiso de trabajo) solo porque un tribunal de Texas decidió suspender la entrada en vigor de DACA y el vive en Nueva York.

López dijo que el paso dado por Batalla “me sirvió de inspiración para luchar también por los derechos de otros miles de indocumentados que viven fuera de Texas o fuera de los estados que demandaron la Acción Ejecutiva”.

Los 26 estados que demandaron la Acción Ejecutiva son: Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisippi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

Qué esperan

“Nosotros insistimos en que la orden del tribunal de Texas no debería afectar a José López ni a ningún otro dreamer que reside fuera de la jurisdicción del juez Hanen”, dijo Joachín. Agregó que en caso de una decisión favorable, NILC espera que se anule el dictamen de Texas o por lo menos se permita activar DACA en los 24 estados que no demandaron la Acción Ejecutiva de Obama.

También esperan que si las cortes de Illinois y Nueva York fallan a favor de López y Batalla, se active DACA y también se libere DAPA, algo que no pudo hacer la Corte Suprema de Justicia.

Tras el fallo del juez Hanen el 16 de febrero de 2015, el Departamento de Justicia apeló la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans.

El 11 de noviembre un panel de tres jueces ratificó el dictamen de Hanen. El 20 de noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara la Acción Ejecutiva.

El máximo Tribunal de Justicia anunció el 20 de junio de este año que los magistrados no tomaban una decisión porque estaban divididos 4 a 4, lo que mantuvo vigente la medida cautelar del 16 de febrero de 2015.

A principios de octubre la Corte Suprema anunció que no revisará la decisión de junio que había sido solicitada por el Departamento de Justicia en julio.

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