Un año después del segundo gobierno, Trump ataca sin piedad el sistema migratorio

El calvario de Laura González cumplirá dos meses el 21 de enero, un día después del primer aniversario del segundo gobierno de Donald Trump. Comenzó en el atardecer del 21 de noviembre cuando la policía llegó a su casa respondiendo a una llamada telefónica por una discusión doméstica. Ella cuenta que su pareja, Rodrigo C., le pidió a un vecino que hiciera la llamada porque temía que Laura atentara contra su vida, situación que afortunadamente no escaló. Sin embargo, en este tipo casos la policía, siguiendo el protocolo, estima la existencia de un probable caso de violencia doméstica y detiene al presunto agresor. Aunque en este caso no había.

Los agentes pidieron ‘papeles’ a los involucrados. Ella mostró los suyos, pero Rodrigo C. sólo tenía consigo un formulario de inmigración I-220A con un caso de asilo pendiente ante un juez quien determinará su futuro legal en Estados Unidos. “La policía se lo llevó detenido”, cuenta Laura. “Dijeron que tenían que hacerlo porque se trataba de un probable caso de violencia doméstica. Y poco después lo entregaron a ICE (Oficina de Inmigración y Control de Aduanas) porque no tenía papeles. Dijeron que era indocumentado”.

Rodrigo C. no se llama así. Cambié su nombre, al igual que el de Laura, para proteger sus identidades y no afectar el caso migratorio pendiente. Originario de Cuba, padece diabetes tipo 1, fue encarcelado durante las protestas del 11J (11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en la isla exigiendo libertad) y en el 2024 cruzó la frontera sur desde México en busca de asilo en Estados Unidos. Permanece recluido en el Centro de Detención Krome de ICE (sur de Miami) y ha sido trasladado varias veces a un hospital debido a peligrosas subidas en su nivel de azúcar en la sangre.

Un informe compartido con la familia por la congresista María Elvira Salazar (republicana por Florida), revela que en una de las hospitalizaciones Rodrigo C. fue estabilizado con medicamentos e inyecciones de insulina.

‘Tolerancia cero’

El arresto de Rodrigo C. no fue casual. Es parte de una estrategia diseñada por el gobierno para detener el mayor número posible de extranjeros indocumentados, con orden de deportación y/o antecedentes criminales y cumplir una promesa de campaña de Trump: deportar, durante el primer año de su segundo gobierno, a al menos 1 millón de extranjeros ilegales y ejecutar la mayor operación de expulsiones en la historia. Para cumplirla, Trump ha utilizado sus amplios poderes ejecutivos para dictar nuevas reglas, cancelado beneficios entregados por su antecesor, cambiado reglamentos y ampliado a jueces y oficiales migratorios sus discrecionalidades para desestimar casos y sin juicio, todo ello sin la autorización del Congreso.

Un reporte elaborado por la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York explica en detalle cómo el gobierno de Trump lleva a cabo el desarrollo de su estrategia, al tiempo que advierte las consecuencias de transformaciones que, asegura, violan la ley y la Constitución de Estados Unidos. La afirmación la fundamenta en dictámenes emitidos por tribunales de primera instancia y Apelaciones, así como en disidencias escritas por magistrados de la Corte Suprema, sin que por ahora estas acciones detengan y reviertan esta ofensiva.

Entre los cambios, el informe menciona: ataques contra la defensa legal de los inmigrantes y el poder judicial; cancelación de las oficinas de supervisión de la actuación de los agentes federales; eliminación de fianzas para medidas cautelares; ataque a la ciudadanía por nacimiento; revisión de las protecciones de la administración Biden; cancelación de programas humanitarios de Biden; convertir en indocumentados a 1.5 millones de inmigrantes que fueron autorizados entrar al país durante el gobierno anterior bajo los programas parole humanitario y CBP One; ataque a la política de asilo y refugiados; redadas masivas; deportaciones expeditas; deportaciones a terceros países; violaciones graves al debido proceso; arresto y deportación de ciudadanos… La lista incluye otros 38 capítulos, todos ellos de similar preocupación.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, al final de la lista, incluye un documento clave que durante la campaña 2024 Trump negó y se desmarcó de sus autores: el Proyecto 2025, la estrategia conservadora de extrema derecha que diseñó no sólo el sistema migratorio que estamos observando, sino la transformación del gobierno federal a base del poder ejecutivo del presidente, quien asegura ser absoluto.

Ataques al sistema legal

El arresto de Rodrigo C. y su posterior entrega a ICE es parte de la estrategia de detenciones del gobierno que abarca desde los bufetes de abogados que brindan asistencia pro-bono, hasta negar fianzas a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sin admisión, incluso quienes fueron autorizados por el gobierno anterior bajo una orden de libertad condicional I-220A.

El 25 de marzo del 2025, cita el reporte de la Barra de NYC, Trump emitió un memorando titulado ‘Prevención de Abusos del Sistema Legal y de los Tribunales Federales’ donde alegaba fraude generalizado por parte de abogados de inmigración y bufetes que prestan servicios pro-bono. Se trató de una amenaza dirigida a evitar la contratación de firmas que estuvieran demandando al gobierno por sus políticas o que representaran a clientes en demandas similares, y a garantizar que existieran cláusulas en los contratos que permitieran al gobierno rescindir los vínculos en caso de que surgiera dicho conflicto.

El gobierno, a partir de entonces, estaba intentando “obligar a los abogados reemplazar su lealtad a sus clientes por lealtad al Presidente, “privando a los clientes de una representación legal efectiva y ética”. También cita la instrucción dada por el mandatario a la Fiscalía General “para tomar todas las medidas apropiadas y crear un mecanismo que proporcione recursos legales e indemnización a los agentes del orden que incurran injustamente en gastos y responsabilidades por acciones tomadas durante el desempeño de sus funciones”. Este mecanismo, escribieron los abogados, “incluye el uso de asistencia pro-bono del sector privado para dichos agentes del orden público.

Poco más de un mes después de ese memorando, el 28 de abril, Trump firmó una orden ejecutiva para asegurar protecciones a los agentes del orden público que forman parte de la fuerza nacional de deportaciones. El mandatario sostuvo entonces que “mi Administración está firmemente comprometida con empoderar a las fuerzas del orden estatales y locales para que vigilen con firmeza las conductas delictivas peligrosas y protejan a los ciudadanos inocentes”. Y asegura que, cuando los líderes locales demonizan a las fuerzas del orden e imponen restricciones legales y políticas que imposibilitan la aplicación agresiva de la ley, la delincuencia prospera y los ciudadanos inocentes y los pequeños empresarios sufren”, pero tampoco aportó evidencias que avalaran su narrativa.

La orden también fijó un plazo de 60 días (28 de junio de 2025) para aumentar la provisión de recursos militares y de seguridad nacional excedentes en las jurisdicciones locales para asistir a las fuerzas del orden público estatales y locales.

El 7 de enero, 254 días después de la firma de esa orden ejecutiva, Jonathan Ross, un agente de ICE, disparó y dio muerte en Mineápolis, Minnesota, a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años. La mujer se encontraba en un vehículo detenido en la calle en medio de un operativo cuando agentes federales le pidieron que despejara la calle. En el momento que más agentes se acercaron al vehículo e intentaron abrir la puerta para detenerla, Good condujo su vehículo en dirección al tráfico evitando a Ross, quien disparó tres tiros que le provocaron la muerte. El DHS ha declarado que el agente sufrió una hemorragia interna en el torso durante el incidente, caso que está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sin la participación del estado de Minnesota.

Tanto Trump como el vicepresidente JD Vance justificaron el episodio. Lo califican de acto de defensa propia, e incluso el mandatario afirmó falsamente, que Good “atropelló” al agente. Por su parte, Vance argumentó que el agente Ross tiene “inmunidad absoluta”.

Despido de jueces

A la par de la firma de memorandos y órdenes ejecutivas, el gobierno ha continuado con el despido de jueces, a pesar de que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) tiene acumulados casi 4 millones de casos, cifra que experimentó pocas variaciones en el 2025. El 14 de febrero, tres semanas después de la toma de posesión, fueron despedidos 20 jueces por correo electrónico, “sin previo aviso ni causa justificada, incluyendo a 13 jueces que aún no habían prestado juramento y a siete de los aproximadamente 40 jueces adjuntos principales de inmigración de la EOIR”, según explicó esta instancia que opera bajo el mando del Fiscal General.

Además, explica el informe de la Barra, la corte de inmigración destituyó a nueve miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que fueron nombrados durante la administración Biden, expulsiones a las que se sumaron otros cuatro funcionarios con altos cargos directivos en la EOIR, llegando a casi 100 jueces de inmigración menos para atender una demanda histórica de casos, algunos de los cuales llevan décadas esperando ser resueltos y regularizar sus permanencias en Estados Unidos.

El 28 de agosto, la EOIR publicó una norma final que permite la contratación de Jueces de Inmigración Temporales (TIJ) sin experiencia previa en derecho migratorio. En respuesta, el Departamento de Guerra aprobó el envío de 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que sirvieran como TIJ. De ellos, varios ya han sido incorporados y están ejerciendo bajo instrucciones de la fiscal general Bondi.

Otro cambio preocupante se registró el 21 marzo, cuando la Administración cerró de facto la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS (CRCL), la Oficina del Defensor del Pueblo del USCIS y la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes, suspendiendo a su personal durante 60 días para que buscaran otros empleos o fueran despedidos. Si bien tras una demanda el DHS dio marcha atrás en su decisión de clausura, las tres agencias de supervisión permanecieron abiertas, pero el servicio para el que fueron creadas no está siendo ejercido adecuadamente y todo indica que la actuación de las fuerzas federales de inmigración operan sin supervisión independiente para garantizar el respeto de los derechos de los inmigrantes que están siendo detenidos, y de los ciudadanos que ejercen el derecho a protestar contra las medidas ordenadas por el gobierno.

Excesos, ataques y falta de criterio

Dana Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y jubilada de la EOIR, es una de las voces más autorizadas para hablar de los cambios al sistema. Con 71 años -10 como abogada de inmigración y 35 como jueza de inmigración-, conoce la política de ‘tolerancia cero’ de Trump, tanto la actual como la implementada durante su primer mandato. Consultada sobre cuáles, a su juicio, han sido los mayores ataques del gobierno, responde: “Una lectura general de las noticias podría llevar a pensar que los excesos cometidos en nombre del control migratorio, que han sido ampliamente documentados y cubiertos por la prensa, constituyen el mayor ataque a nuestro sistema de inmigración el año pasado. Pero esto sólo es la punta del iceberg”, advierte.

“Ciertamente, la violencia y la falta de criterio que caracterizan estos ataques son notables, dramáticos y atroces. Las redadas violentas en comunidades en lugar de acciones específicas contra delincuentes violentos no son lo que el público estadounidense esperaba al votar por esta Administración (en las elecciones de noviembre del 2024)”, señala. Y puntualiza que, “la forma en que se ha llevado a cabo el control migratorio ha puesto de manifiesto ante la opinión pública la naturaleza abusiva de los agentes de inmigración y del complejo industrial de detención de inmigrantes. Las redadas y arrestos en juzgados, iglesias y escuelas, antes impensables, ahora son habituales”.

Marks detalla, además, que “la separación de familias, universalmente condenada por causar daños irreparables a los niños es más frecuente que nunca”. Y que un pequeño número de empresas privadas de prisiones “está obteniendo millones, miles de millones de dólares, lo que pone en tela de juicio los verdaderos motivos de estas detenciones”. A su vez, explica que las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los detenidos en las cárceles de ICE “son deplorables y probablemente inconstitucionales. Las muertes en los centros de detención han aumentado, las condiciones insalubres son generalizadas y las enfermedades crónicas no reciben tratamiento”, probablemente como el caso de Rodrigo C., el inmigrante de origen cubano detenido en el centro de detención Krome, al sur de Miami.

Deportación forzada

La implementación de la política migratoria de Trump también trastoca el debido proceso tal y como se conocía en las últimas décadas. “El uso cínico de la detención de inmigrantes para castigar y coaccionar la aceptación voluntaria de la deportación en lugar de asegurar que las personas no se fuguen ni representen un peligro para la comunidad, se ha incrementado exponencialmente”, asegura Marks.

Como consecuencia de esto, “se ha provocado un enorme aumento en el abandono de peticiones de posibles recursos o solicitudes de estatus legal vigentes a las que estos detenidos tendrían derecho, esto debido a los largos tiempos de espera en condiciones inaceptables en instalaciones ubicadas lejos de sus hogares. La comunicación con la familia y los abogados está limitada de forma inaceptable, lo que contribuye a la desesperación de los detenidos. Las necesidades médicas y las restricciones dietéticas rara vez se atienden”, dijo.

La presidenta honoraria de la NAIJ denunció, además, que el sistema de leyes de inmigración cuidadosamente elaborado y establecido por el Congreso en diversas leyes, “está siendo manipulado y distorsionado, sino completamente ignorado”. Y que a las personas “se les está privando de su estatus legal válido sin tener en cuenta las protecciones legales a las que tienen derecho”.

Marks cita cuatro ejemplos:

1. La terminación abrupta del Estatus de Protección Temporal (TPS) para muchos países sin la debida demostración de un cambio en las circunstancias;
2. El inicio de procedimientos de deportación contra residentes permanentes legales o estudiantes con visas válidas, alegando violaciones de su estatus por ejercer su derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución;
3. El arresto de personas que se encuentran en medio de audiencias de deportación o que tienen solicitudes pendientes de asilo o de ajuste de estatus a residente permanente legal en lugar de esperar una decisión sobre sus solicitudes; y
4. La aplicación incorrecta de las leyes relativas a los Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo (que permiten enviar a los solicitantes de asilo a países distintos de sus países de origen) sin celebrar una audiencia exhaustiva para determinar si se cumplen los criterios necesarios (como por ejemplo si se han alcanzado los límites numéricos que se aplican a la mayoría de estos acuerdos).

“Conceptos básicos de la jurisprudencia de asilo establecida están siendo anulados por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y el Fiscal General por razones ideológicas, no por un análisis jurídico sólido”, precisa. El propósito declarado de la Ley de Refugiados de 1980, de adaptar nuestras leyes para que se ajusten más a las normas internacionales, ha sido completamente ignorado”.

Desarme a toda máquina

Una de las principales herramientas utilizadas por el gobierno para imponer su política migratoria de tolerancia cero es la velocidad. Todos los cambios que se han implementado desde el 20 de enero de 2025 han sido acelerados, uno tras otro, sin dar tiempo a la oposición para demandarlos y conseguir frenos a través de los tribunales de justicia.

“El 2025 mostró una tendencia, el uso de canales acelerados que incluso impidieron llegar a tiempo a las cortes” para defender el sistema migratorio aprobado por el Congreso, dice Rebeca Sánchez Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que trabajó como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia durante los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

A la pregunta respecto a cuáles fueron los mayores ataques al sistema migratorio en 2025, Sánchez-Roig mencionó “la expansión de remociones aceleradas (expedited removal) y debilitamiento del acceso a un juez; la presión estructural sobre la Corte de Inmigración (EOIR); el uso expansivo del poder ejecutivo en regulación/política migratoria con fricción con controles democráticos; y el endurecimiento en visas/estatus y mayor “vigilancia” migratoria”.

En cuanto a la velocidad de implementación de los cambios y la falta de instrumentos para detenerlos, Sánchez-Roig dijo que una de las razones recae en la “amplia discrecionalidad del Ejecutivo en prioridades de enjuiciamiento/ejecución y gestión fronteriza, con márgenes legales y reglamentarios que permiten acción rápida antes de que haya una respuesta legislativa o judicial”.

También mencionó problemas tales como “lentitud” en los litigios e indicó que, aún con demandas, “las medidas cautelares toman tiempo, y el daño puede ocurrir antes de una orden general efectiva”. Y en cuanto al papel de la oposoción, dijo que ante un congreso polarizado , aun si hay preocupación, traducirla en legislación correctiva requiere mayorías y acuerdos que a menudo no existen”, un fenòmeno que persiste en ambas cámaras del legislativo desde hace dos décadas.

Opciones reales

Con casi 4 millones de casos acumulados en la EOIR y los temores de que el gobierno desestime la mayoría de las peticiones de beneficios sin juicio y afecte los derechos de permanencia de millones de inmigrantes, Sánchez-Roig recomienda una defensa por capas. Explica:

• Mover el caso fuera del tribunal cuando sea posible (vías afirmativas/USCIS (servicio de inmigración), ajustes, TPS, visas U y T, SIJS (Special Immigrant Juvenile Status), peticiones familiares, etc.) para no depender exclusivamente del calendario de la Corte. Aunque los procesos de USCIS y el DOS (Departamento de Estado) están siendo similarmente atacados;
• Litigio estratégico en puntos de control, mociones (motions) bien sustentadas, preservación de récord, objeciones por debido proceso y preparación para apelación (BIA (Corte de Apelaciones de Inmigración)/federal) cuando proceda;
• Defensa basada en priorización: en un sistema saturado, la calidad del expediente, evidencia médica/psicológica, peritajes y corroboración temprana marca la diferencia; y
• Coaliciones y representación: sin abogado el riesgo de pérdida aumenta. El problema es que el sistema no garantiza right to counsel (derecho a la asistencia letrada) incluso si no pueden pagarlo gratuito en inmigración (civil), por lo que la brecha de representación se vuelve el “cuello de botella” del debido proceso.

En cuanto a las opciones legales disponibles para los millones de inmigrantes que se encuentran en la mira de la fuerza nacional de deportacions de Trump, la exfiscal mencionó:
· Asilo/withholding (suspensiòn de deportación)/ CAT (protección contra la tortura). Pero en los tres casos debe existir temor creíble y cumplir con los requisitos.

• Ajuste por familia (I-130 + AOS (ajuste de estatus) si hay admisión/parole o base legal aplicable);
• TPS (cuando el país está designado, y puede terminarse lo que añade volatilidad);
• U-visa/T-visa/VAWA/ SIJS. Dependiendo del cumplimiento de requisitos, evidencias.
• Cancelación de la deportación (cancellation of removal) para ciertos no ciudadanos con años de presencia y “hardship” calificado; y
• Defensas procesales (mociones por falta de notificación, errores de NTA (Notificzaciones de Comparececia), violaciones de debido proceso, etc.) cuando existan.

El martes de la semana pasada, durante una visita a una fábrica de camionetas Ford en Michigan, el presidente Trump dijo que a partir del 1 de febrero, “no realizaremos ningún pago a las ciudades o estados que se declaren ‘santuario’, ya que hacen todo lo posible para proteger a los delincuentes a expensas de los ciudadanos estadounidenses, lo que genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que conlleva”, advertencia que indica en un endurecimiento de su política migratoria en estados y ciudades gobernados por demócratas.
Agregó que “a medida que liberemos a nuestro país de esta plaga cultural y de la corrupción y el fraude, redescubriremos la energía natural y el espíritu innato que realmente hacen que Estados Unidos vuelva a ser grande".

El miércoles, un día después, el Departamento de Estado (DOS) anticipó que, a partir del 21 de enero, suspendía indefinidamente el procesamiento de visas de inmigrantes de 5 países, entre los cuales se incluye a Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala y Uruguay. La cancillería dijo que la medida fue tomada porque las autoridades consideran que probablemente los ciudadanos de esos países pueden convertirse en “carga pública”.

La nueva restricción impacta cuatro categorías de inmigrantes que buscan vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos: ajustes familiares I-130, ajuste por empleador I-140, asilo y refugiados y lotería de visas. Las visas de no inmigrante, entre ellas las para viajes de turismo y negocios (B1/B2) no se verán afectadas.

Un reporte del Instituto CATO publicado el 24 de noviembre del año pasado, revela que solo el 5% de las personas detenidas por ICE a esa fecha durante el 2025 tenían condenas por delitos violentos, mientras que el 73% no tenía antecedentes penales. Los datos mostraron que el discurso del presidente, basado en su promesa de deportaciones masivas y en la idea de que deportaría a "millones y millones de inmigrantes delincuentes", no se ajusta a la realidad. El informe muestra además que sólo el 8% de los detenidos a esa fecha tenía una condena por delito violento o contra la propiedad. Y que la mayoría de las personas con antecedentes penales tenían condenas por delitos menores, tal como infracciones de inmigración o de tránsito.

NOTA:
El costo para financiar la asesoría legal depende del abogado que el in
migrante contrate para defenser sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Las tarifas varían en cada Estado y algunas defensas pueden resultar en varios miles de dólares (dependiendo de la complejidad del caso) y nada garantiza el éxito en un caso migratorio. Es recomendable que cotice con varios abogados antes de tomar una decisión. Tenga cuidado con los servicios ofrecidos por notarios y gestores porque no están autorizados para representarlo en un caso de inmigración.