Pagar a un coyote para traer a un niño a EEUU puede traer graves consecuencias

El tráfico humano es un crimen que se castiga con severas penas de cárcel. Incluso si se trata de menores que son trasladados por 'coyotes' desde sus países de origen para reunificarse con sus padres o familiares en Estados Unidos. Pero es un tema del cual se habla poco, o en voz baja y a puertas cerradas, sobre todo en estos tiempos cuando arrecia la implementación de la política migratoria de tolerancia cero en los primeros 10 meses del segundo gobierno de Donald Trump.

El tema volvió a salir a la luz pública a comienzos de noviembre tras el arresto de una maestra en el interior de la guardería ‘Rayito de Sol’, un centro de cuidado infantil ubicado en el noroeste de Chicago en el marco de la Operación Midway Blitz.

Los primeros informes de prensa indicaron que agentes de ICE siguieron a la maestra, identificada como Diana Patricia Santillana Galeano, quien ingresó al establecimiento y luego fue obligada a salir con los brazos a la espalda.

Tras la detención, el representante demócrata Mike Quigley denunció que la detención de Santillana se llevó a cabo sin una orden judicial y que a inmigrante “la secuestraron delante de sus alumnos”.

El gobierno aclara el arresto

Pero tras el arresto de Santillana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado para “aclarar”, señaló, “la situación sobre el intento de inmigrantes indocumentados de evadir arrestos atrincherándose imprudentemente en una guardería de Chicago”.

Precisó que ICE no atacó la guardería, e indicó que algunos medios de comunicación difundieron información falsa sobre este caso. Y agregó que la maestra detenida se trata de una “inmigrante indocumentada de Colombia quien fue interceptada por la Patrulla Fronteriza el 26 de marzo de 2023 después de cruzar ilegalmente la frontera sur”. Y que durante el gobierno del expresidente Joe Biden, fue dejada en libertad.

El informe del DHS alega además que “el mes pasado Santillana “presuntamente pagó a traficantes para que introdujeran ilegalmente a sus hijos de 17 y 16 años en Estados Unidos a través de la frontera sur”. Y apuntó que “facilitar el tráfico de personas es un delito”.

Juez ordena liberación

El fin de semana, un juez federal ordenó la liberación de la inmigrante que se encontraba detenida en un centro de ICE en Indiana. La decisión se basó en que a Santillana Galeano le negaron el derecho de solicitar una audiencia de fianza para recuperar su libertad, un error de procedimiento en el marzo del debido proceso.

El DHS reitera que Santillana ingresó de manera irregular a Estados Unidos en junio de 2023 y que su arresto se basa a una investigación por tráfico de personas. Los hijos de la inmigrante, de 16 y 17 años, ingresaron ilegalmente al país cerca de El Paso, Texas, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los detuvo y los procesó como menores no acompañados, trasladándolos a un albergue en el área de Chicago.

La pregunta que surge en medio de este caso es si quienes pagan a un coyote o traficante de personas por traer un hijo saben que el Código de Estados Unidos (US CODE) lo define como un crimen y, en caso de ser acusada una persona y hallada culpable, ser condenada a una pena de cárcel de no mayor a los 10 años la primera vez. ¿Son los padres responsables criminalmente de enviar solos a sus hijos a la frontera sur de Estados Unidos?

Un tema difícil

“Es una pregunta difícil, pero hay que hacerla”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes en Los Ángeles, California. “Tratamos de explicarles a las personas, decirles que en el futuro pueden tener consecuencias, pero la crisis que motiva la urgencia por sacar a un niño de su país para salvarle la vida supera las preocupaciones”, agrega.

“Si una persona logra reunificarse con su hijo y luego unos años más tarde acude al Consulado para finalizar el trámite de la residencia, durante la entrevista le van a preguntar cómo entró al país”, explica.

Gutiérrez dijo, además, que “cuando descubran que el mismo ‘coyote’ que trajo a los padres trajo después a los hijos, a los adultos los pueden acusar de haber colaborado o pagado al traficante de personas para que lo introdujera a Estados Unidos y en ese momento le van a cancelar el trámite de la green card”.

“En otros casos en vez de recibir el beneficio migratorio que buscaban, pudieran ser enviados a prisión. Pienso que por mucho que un padre esté desesperado, no debería confiarle a un coyote ni la vida, ni tampoco la suerte de su hijo”, considera.

Hay otras opciones

El activista advierte que “la gente no creo que sepa que pagar a un coyote es un crimen. Estoy convencido que, en su desesperación económica y por brindarles a sus hijos un mejor futuro que la terrible pesadilla que les ha tocado vivir, los envían a Estados Unidos pensando que les hacen un bien y jamás se imaginan que están violando la ley”.

Pero la pobreza, la falta de trabajo o el distanciamiento de los padres no son causas de asilo, advierten abogados de inmigración consultados por Univision Noticias.

“La política de asilo es muy clara. Solo se concede si hay persecución por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política”, dice José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida. “Debe tener una base legal para aplicar al asilo”, agrega. Y bajo el actual gobierno las restricciones han aumentado considerablemente, entre ellas el cierre de la frontera a la inmigración indocumentada, afectando severamente las posibilidades de solicitar asilo en un puerto fronterizo.

En cuanto al pago que una persona hace a un coyote para traer a un niño a Estados Unidos, Guerrero precisa la “ley dice que usted no puede incitar para contribuir al tráfico”. Y que en el momento que una persona paga para transportar a un menor, “eso es un delito que, si el gobierno quiere, lo puede procesar”. “Básicamente bajo el estatuto federal esa persona puede ser acusada de conspiración”, añade.

Respecto al caso de Santillana, Guerrero dijo que “se trata de una situación delicada”. Y precisó que, “si bien es inocente hasta que se pruebe lo contrario -resaltando la presunción de inocencia- enfrenta cargos graves que pueden incluso desestimar cualquier petición de beneficio que se encuentre pendiente ya sea ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) o ante la Corte de Inmigración (EOIR)”.

Sólo si levantan cargos

El pagar a un 'coyote' para transportar a un menor de edad o cualquier otra persona “no es delito hasta que no levanten cargos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Pagar a un coyote puede ser considerado un delito, pero primero el gobierno debe presentar cargos al coyote, a la persona que pagó al 'coyote' o ambos”.

Si no lo hace, “la única consecuencia para la persona que pide traer a un niño será en el futuro, “cuando haga el trámite consular para solicitar un beneficio migratorio”, precisó, la misma advertencia señalada por Gutiérrez.

Sin embargo, Gálvez dice que “aún si el gobierno decide presentar cargos, la persona puede argumentar que estaba protegido por la Ley de Refugiado de las Naciones Unidas (ONU)” y que el propósito de haber pagado a un coyote “obedeció a que estaba salvando la vida de un niño. Esa es la gran diferencia. Aunque eso no salva al coyote”.

Para el abogado Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, “la emergencia humanitaria que estamos viendo en la frontera y en los países que generan la inmigración irregular hacia Estados Unidos, es más severa que el posible delito. Hay que medir entre el balance y cualquier acción de violación a la ley que pueda existir en cada caso”, apuntó.

Sin embargo, “solicitar el cruce ilegal de una persona es una violación a las leyes de inmigración de Estados Unidos”, indica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Cuando una persona en un caso de deportación la acusen de cruce ilegal o de tráfico, aunque se trate de sus hijos, es un problema delicado”.

“No es un delito que requiera del consentimiento o la autorización del hijo o de la hija, solo con violar la ley el cruce es castigado. Y hay una excepción. Si se está trayendo a los hijos, la ley es menos severa y existe la posibilidad de un perdón. Es más probable que los castigos sean más ligeros cuando se trata de los hijos, pero nada garantiza que el acusado obtenga el beneficio migratorio que busca”, apunta.

Qué dice la ley

El Departamento de Justicia (DOJ) señala que el tráfico de personas está tipificado en el 1907. TITLE 8, U.S.C. 1324(A) Offenses, título que define varios delitos distintos relacionados con los extranjeros.

Prohibiciones y castigos

• “Prohíbe el contrabando de extranjeros, el transporte nacional de extranjeros no autorizados, ocultar o albergar a extranjeros no autorizados, alentar o inducir a extranjeros no autorizados a ingresar a Estados Unidos y participar en una conspiración o ayudar e instigar a cualquiera de los actos precedentes”.
• También “prohíbe traer o intentar traer extranjeros no autorizados a Estados Unidos de cualquier manera, incluso en un puerto de entrada designado”.
• Sobre el contrabando de extranjeros, la ley lo tipifica como delito a cualquier persona que, a sabiendas que una persona es un extranjero, traerlo o intentar traerlo Estados Unidos de cualquier manera a cualquier persona por un lugar que no sea un puerto de entrada designado o un lugar que no sea el designado por el Comisionado, sin importar si dicho extranjero ha recibido autorización oficial previa para venir, ingresar o residir en Estados Unidos e independientemente de cualquier futuro acción oficial que se pueda tomar con respecto a dicho extranjero”.
• La ley también sanciona a quienes transporten o trasladen o intenten transportar o trasladar a dicho extranjero dentro de Estados Unidos por medio de transporte o de otro modo, en cumplimiento de dicha infracción de la ley.
• También sanciona a quienes participan ocultando a personas que, a sabiendas, fueron contrabandeados.

Además, en 1996 el congreso tipificó como delito la contratación a sabiendas de inmigrantes indocumentados.

En cuanto a las sanciones, el Código dice que la sanción máxima legal básica por violar 8 U.S.C. § 1324 (a)(1)(i) y (v)(I) (contrabando de extranjeros y conspiración) es una multa bajo el Título 18, encarcelamiento por no más de 10 años, o ambos.

Si el tráfico de personas involucra lesiones corporales graves o que ponga en peligro la vida, o si resulta en la muerte de cualquier persona, el acusado puede ser castigado con cadena perpetua o pena de muerte, advierte.