Un grupo conservador de California sometió una petición a la Corte Suprema del estado pidiendo que se bloquee el plan de entregar dinero directamente a los inmigrantes indocumentados que fueron afectados por el coronavirus.
Demandan al gobernador de California para bloquear ayuda económica a indocumentados
Un grupo civil argumenta que la constitución de California no permite regalar dinero a organizaciones que están fuera del control exclusivo del estado. El plan de Gavin Newsom entregaría 75 millones de dólares a los adultos indocumentados a través de grupos comunitarios. Cada adulto podría recibir hasta 500 dólares.

En el argumento presentado por el Center for American Liberty, dice que el plan anunciado por el gobernador Gavin Newsom de entregar 75 millones del estado está prohíbido por la Constitución estatal, la cual no permite regalos a organizaciones que quedan fuera del control exclusivo del estado, de acuerdo con la Prensa Asociada.
Durante su informe del 24 de abril, Newsom contestó a la pregunta de Univision sobre cuándo y cómo se distribuirá el dinero. "Como sabrás, nos demandaron por este programa, y estamos haciendo todo lo posible para que funcione y obtener esta información de manera oportuna", explicó.
"Estamos ansiosos por tener una fecha específica. Cuando la tenga, lo anunciaré. Espero responder a esa pregunta tan pronto como el lunes".
Los fondos de “Asistencia Directa de Desastre” son parte de una serie de iniciativas del estado para contener el coronavirus y lidiar con los daños económicos que esta enfermedad ha causado.
El plan de Newsom entregaría 500 dólares a 150 mil inmigrantes que no pudieron recibir asistencia federal por la falta de un estatus legal.
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El dinero que se entregará a los indocumentados en California se repartirá a través de organizaciones locales
El programa es un proyecto entre el estado y donaciones de organizaciones y filántropos. Según Newsom, California aportará 75 millones de dólares, y los otros socios se han comprometido en aportar 50 millones adicionales.
Según la oficina del gobernador, el dinero se repartirá el próximo mes a través de organizaciones locales en todo el estado que tienen experiencia trabajando con la población indocumentada. El dinero se repartirá a través de grupos comunitarios, para que la información de las personas no los ponga en peligro de ser deportadas o les afecte al solicitar otros programas del gobierno.
Los demandantes
La petición fue registrada el miércoles por la abogada Harmeet Dhillon, una oficial del Partido Republicano que fundó la organización para proteger libertades civiles, y nombra al gobernador y la directora estatal de finanzas, Keely Bosler.
Los demandantes son Ricardo Benítez, un republicano que se postuló para las elecciones contra la asambleísta Luz Rivas, del Distrito 39, y Jessica Martínez, concejal de la ciudad de Whittier y quien se presentó por el puesto de asambleísta del Distrito 57, el cual quedará vacante tras la salida del demócrata Ian Calderon.
Antes de que la legislatura estatal suspendiera sus actividades hasta mayo debido al brote de coronavirus, aprobaron 1,000 millón de dólares para que el gobernador y su administración utilice el dinero para contener la enfermedad, pero en los últimos días, legisladores de ambos partidos lo han acusado de no presentar suficientes detalles de cómo se ha gastado el dinero.
"Esto no es un fondo para que el gobernador gaste como el quiera", dijo Dhillon en un comunicado. "No hay contabilidad de la distribución de estos fondos a individuos que legalmente no tienen derechos a beneficios de dinero en efectivo".
Quedaron fuera del Acta 'CARES'
En uno de sus informes diarios sobre los esfuerzos del estado para contener el coronavirus, Newsom dijo que el 10 por ciento de los trabajadores en el estado son inmigrantes indocumentados que pagaron más de 2 mil millones de dólares en impuestos el año pasado.
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Las personas que no tienen unnúmero de seguro social quedaron fuera del programa federal CARES, aprobado por el Congreso y presidente para entregar pagos directos a los estadounidenses afectados por el brote de coronavirus.
El Center for American Liberty y el despacho de abogados de Dhillon demandaron previamente a Newsom sobre una prohibición de reuniones religiosas por la posibilidad de que el coronavirus se propague entre los congregantes. Un juez federal en Los Ángeles rechazó el pedido de una orden de restricción temporal deseado por tres iglesias, citando la autoridad del gobierno durante una emergencia.
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