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Crisis económica

Trabajadores sociales lanzan advertencia sobre la junta de control fiscal

El colegio que los agrupa advierte que los efectos de su imposición serían devastadores para la población de la Isla.
1 Abr 2016 – 10:57 AM EDT
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El presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTS) de Puerto Rico, Larry Emil Alicea Rodríguez, advirtió que los efectos sociales que podría causar la imposición de una junta de control fiscal con los poderes que dicta la medida de los republicanos en la Cámara de Representantes estadounidense “serán devastadores”.

Según el presidente del gremio, una junta de control fiscal priorizará otros asuntos antes que las necesidades sociales de los puertorriqueños.

Esto, prevée, tendría un impacto en la reducción de servicios esenciales y en agencias de bienestar social, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias; espacios que benefician a miles de niños, jóvenes y adultos y donde los profesionales del trabajo social ofrecen sus servicios.

Por otra parte, explica el también profesor que el establecimiento de la junta atenta contra el principio democrático de los pueblos, porque invalida la elección de los funcionarios del país para ejercer sus responsabilidades.

Recordó que el derecho a la autodeterminación de los pueblos, reconocido por el derecho internacional, implica que cada pueblo tiene la libertad de establecer los procesos para atender sus relaciones con otras naciones; en particular si esas relaciones son de carácter colonial.

“Una junta de control fiscal, además de agravar la crisis social que atraviesa Puerto Rico, deja al descubierto, de forma explícita, la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El colonialismo es una violación a los derechos de los pueblos y no es compatible con los principios de ciudadanía, justicia social y democracia que promueve nuestra profesión”, sostuvo.

El martes, el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos publicó el borrador oficial de la legislación que proponen los republicanos en el Congreso para hacer frente a la crisis de Puerto Rico mediante una junta de control.

El Comité estableció en su propuesta que la deuda de Puerto Rico asciende a $70 mil millones, que los compromisos de sus sistemas de retiro suman a $46 mil millones, pero que solo cuenta con ingresos de $2 mil millones, la falta de acceso de Puerto Rico a los mercados de bonos, la alta tasa de desempleo que alcanza el 12 % y que el gobierno de la Isla utiliza el dinero de los sistemas de retiro y toma dinero destinado para unos compromisos para cumplir con los pagos que permitan mantener los servicios y operaciones básicas.


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