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Demandas

Inconstitucional ley sobre tributación entre empresas matrices y filiales en la Isla

En la demanda pedían que se desistiera de la Ley 72 y que se anule un impuesto que tildan de "oneroso" e "inconstitucional".
28 Mar 2016 – 1:27 PM EDT

El juez federal José A. Fusté determinó que el gobierno del Estado Libre Asociado violó la constitución de Estados Unidos con la Ley 72, que eleva del 2 al 6.5 % el impuesto que grava las compras entre las empresas matrices y sus filiales en la isla (transfer pricing).

En su fallo de 109 páginas, Fusté consideró que la ley local viola el principio constitucional de igual protección de las leyes, la cláusula del comercio interestatal y las leyes de relaciones federales.

De esta forma, el Tribunal Federal en la isla dio paso a la impugnación del estatuto por parte de Walmart radicado en diciembre pasado.

Wal-Mart demandó al gobierno de Puerto Rico y pedía a la corte federal en la Isla que anulara un impuesto que tildaban de "oneroso" e "inconstitucional". En la isla, ay unos 55 establecimientos de la cadena, incluyendo los Supermercados Amigo, Supercenter, Sam's Club, Walmart y Súper Ahorros en los cuales laboran unas 15,000 personas.

Mientras, los presidentes de las cámaras legislativas de Puerto Rico coincidieron en que el "transfer pricing" afecta a Puerto Rico y aseguraron que continuarán con los esfuerzos para que las mega tiendas en la isla no incurran en esta práctica. Asimismo, confian en el proceso apelativo para poder revertir la decisión del juez federal.

La multinacional argumentó en documentos presentados ante la corte que el aumento en la recaudación en compras de los centros de distribución Wal-Mart con sede en Estados Unidos están entre los impuestos más elevados y lleva su tasa de interés efectivo al 91,5% del ingreso neto. Estos aseguraron que el aumento de impuesto le costará a Wal-Mart 155 millones de dólares en los próximos seis años y eso hace que su negocio en Puerto Rico sea insostenible.

Walmart catalogó el impuesto como una sentencia de muerte para las operaciones de la cadena en la Isla. El Gobierno apostaba a que este aumento al transfer pricing aportaría cerca de $125 millones al fisco.

Sin embargo, la gerencia insistía que con la Ley 72, “ aquí en Puerto Rico Walmart no genera muchas ganancias cuando se compara con el margen de ganancia en otros establecimientos fuera del país. Si el Tribunal Federal de Puerto Rico no declara inconstitucional la Ley 72, la compañía podría cerrar operaciones en Puerto Rico".

Walmart explicó que la Ley 72, le imponía a la multinacional una alta tasa contributiva, hace que tengan que pagar aquí más impuestos que en cualquier otra parte del mundo y que el gobierno de Puerto Rico le implantó un impuesto que –según ellos- es inconstitucional e injusto.

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