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Estadidad de Puerto Rico

Tribunal Supremo mantiene, por ahora, financiamiento de cabilderos proestadidad

Un juez del Tribunal Supremo dijo que es prematura la solicitud de reconsideración contra el financiamiento de la delegación congresional proestadidad en Washington DC.
21 Abr 2021 – 03:31 PM EDT
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Un juez del Tribunal Supremo desechó la solicitud de reconsideración que presentó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, en su demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi por el financiamiento de sueldos y gastos de la delegación congresional que buscará que se concrete la estadidad de Puerto Rico.

“Aún si tomáramos en consideración que luego de emitida la sentencia en este caso el gobernador vetó el Proyecto de la Cámara 21 (que proponía derogar varias leyes, incluyendo la Ley 165-2020, que es objeto de la presente demanda), ello no motiva que reconsideremos la conclusión fundamental de que este caso es a todas luces prematuro y, por ende, no es justiciable en estos momentos”, lee la sentencia del juez Alfonso S. Martínez Piovanetti.

Afirma el escrito que en este caso no se está impugnando la constitucionalidad de la Ley 167-2020, conocida como “Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico” ni tampoco la celebración de la votación para elegir a los delegados congresionales que está pautada para el 16 de mayo.

Pierluisi asignó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) 1.8 millones de dólares para la elección de seis cabilderos que irán al Congreso federal de Estados Unidos en Washington DC para cabildear la estadidad de Puerto Rico. Esto, pese a que el 1 de febrero pasado la Cámara de Representantes votó a favor de derogar las Leyes 165 y 167 de 2020 que autorizaban esta consulta.

“Más bien en este caso se está cuestionando si se encuentra vigente o si sería constitucionalmente permisible algún esquema futuro -a partir del 1 de julio de 2021- para financiar los sueldos y los gastos de dicha delegación congresional en virtud de lo dispuesto en la Ley 165-2020”, indica la resolución.

“La Cámara de Representantes ha sido consistente en rechazar la autorización de los 1.8 millones de dólares requeridos para la celebración de la consulta, basado en que esta pretensión violenta la Ley Promesa, menoscaba la Constitución de Puerto Rico, compromete los limitados recursos del Estado para adelantar la agenda ideológica de un solo sector del gobierno y es contraria a los propósitos del plan fiscal”, dijo Hernández Montañez el martes al presentar la demanda.

Con información de Inter News Service.

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