¿Quiénes son los exfuncionarios que demandan a Donald Trump por despidos ilegales?

SAN JUAN, Puerto Rico.- Tres miembros despedidos de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico presentaron una demanda federal contra el presidente Donald Trump, alegando que sus despidos fueron ilegales y violaron la ley que regula la supervisión de las finanzas de la isla. Los demandantes buscan ser reinstalados y cuestionan la autoridad del mandatario para removerlos de sus cargos.

Los exfuncionarios que impulsan la demanda son Arthur J. Gonzalez, entonces presidente de la junta y juez de quiebras retirado; Andrew G. Biggs, experto en reformas del sistema de Seguridad Social; y Betty A. Rosa, comisionada del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York. Ellos alegan que fueron despedidos sin causa ni justificación, recibiendo únicamente un breve correo electrónico que les notificaba su destitución.

Según la demanda, Gonzalez y Rosa fueron informados de su despido el 1 de agosto, mientras que Biggs recibió la notificación casi dos semanas después. “ Ninguno de los correos indicó causa ni ofreció justificación alguna para las remociones”, señalaron sus abogados, agregando que estas acciones son ilegales bajo la ley Promesa, que creó la junta de control fiscal en 2016.

Los demandantes sostienen que el presidente Trump no tiene autoridad inherente para removerlos, ya que no son funcionarios del Ejecutivo federal, sino miembros de un órgano creado específicamente para supervisar las finanzas del territorio puertorriqueño. La demanda advierte que permitir esta acción podría sentar un precedente peligroso, al dar la posibilidad de que cualquier funcionario territorial o incluso del Distrito de Columbia pueda ser removido sin el debido proceso.

En total, seis miembros de la junta han sido despedidos por la administración Trump, incluyendo a Cameron McKenzie, Juan Sabater y Luis Ubiñas. Cuatro de ellos son demócratas, mientras que John E. Nixon, quien permanece en la junta, es republicano. La composición política y la repentina remoción de la mayoría de los miembros ha generado preocupación entre expertos, que advierten que la estrategia podría beneficiar a nuevos miembros que apoyen pagar la totalidad de los $8,500 millones reclamados por los bonistas, en lugar de los $2,600 millones propuestos previamente.

¿Qué funciones cumple la junta de control fiscal de Puerto Rico?

La junta de control fiscal supervisa un proceso similar a la quiebra municipal, luego de que Puerto Rico declarara en 2015 que no podía pagar más de $70 mil millones en deuda pública, la mayor municipal en la historia de Estados Unidos. Entre los desafíos recientes se encontraba la reestructuración de más de $9 mil millones en deuda de la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico, un proceso clave para la estabilidad económica del territorio.

Los abogados de los exfuncionarios, incluyendo a Eduardo Santacana del bufete Cooley LLP, sostienen que esta demanda no solo se trata de la restitución de sus clientes, sino también de limitar el poder del presidente sobre las entidades territoriales. “ Este es un caso sobre el poder de la presidencia sobre Puerto Rico, un intento de ejercer una autoridad que no le corresponde”, aseguró Santacana.

La demanda fue presentada contra Trump, el director de la oficina de personal de la Casa Blanca, Sergio Gor; el único miembro que permanece en la junta, John E. Nixon; y el director ejecutivo de la entidad, Robert F. Mujica. Los exfuncionarios buscan que un juez los reinstale y que se reconozca la ilegalidad de sus despidos, mientras el proceso de reestructuración de deuda en Puerto Rico continúa bajo la supervisión de un órgano ahora reducido y politizado.

Con información de AP.

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