Crece la lista de 'adversarios' de Trump mientras su gobierno arrecia las acciones contra ellos

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue la semana pasada el blanco más visible en la lista de personas que el presidente Donald Trump ve como adversarios.

Fue acusada en una corte de Virginia de dos cargos de fraude en un trámite de hipoteca en un caso que el gobierno empezó a construir en abril y que no tiene sustento según la defensa de la fiscal que ganó hace unos años el juicio por fraude en contra de Trump.

La de James es la segunda imputación de alto calibre en las últimas semanas. El exdirector del FBI James Comey también fue acusado de mentir al Congreso y obstruir una investigación de la Legislatura, cargos de los que se declaró no culpable.

Comey y James son parte de una creciente lista de funcionarios o exfuncionarios que enfrentaron al mandatario en algún momento y que ahora son hostigados pública o administrativamente, en lo que los críticos del gobierno consideran represalias políticas y el gobierno cataloga como actuaciones apegadas a la ley.

La acusación contra James, según reportó AP, fue presentada en persona ante un gran jurado por la fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, quien fue nombrada para el cargo hace unas tres semanas por Trump en reemplazo del veterano fiscal Erik Siebert que se resistió a presentar los cargos. Halligan, que fue abogada personal de Trump, y ocupaba un cargo como asesora especial en la Casa Blanca, no tenía experiencia como fiscal.

James reaccionó a la acusación señalando que es "una continuación del desesperado uso del sistema judicial como arma por parte del presidente". Y subrayó que Trump "está obligando a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley a cumplir sus órdenes, todo porque hice mi trabajo como fiscal general del estado de Nueva York".

La abogada neoyorquina se refiere a la acusación civil por fraude que presentó contra Trump en 2022, y que llevó a que el presidente —entonces fuera de la Casa Blanca— fuese condenado y se le impusiera una multa que alcanzó los 500 millones de dólares, que luego fue anulada en una apelación.

James aseguró este jueves que su investigación contra Trump fue por una investigación "basada en hechos y pruebas, no en la política". Y resaltó que "las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la venganza política a cualquier precio".

La fiscal Halligan, en una declaración emitida este jueves, expresó sobre James que "nadie está por encima de la ley. Los cargos que se imputan en este caso representan actos delictivos intencionados y un grave abuso de la confianza pública".

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El caso contra el exjefe del FBI James Comey

A finales de septiembre Comey —quien fue el director del FBI desde septiembre de 2013, con el gobierno de Barack Obama, hasta mayo de 2017, cuando fue despedido del cargo por Donald Trump— fue acusado de mentir ante el Congreso y obstrucción, respecto a su declaración ante el Comité Judicial del Senado de septiembre de 2020.

El caso contra Comey fue presentado también por la fiscal Halligan de Virginia, quien dijo que "los cargos que se alegan representan un abuso de confianza pública de un nivel extraordinario".

Pocos días antes de esto, Halligan fue defendida por Trump en sus redes sociales, mientras exigía a la Fiscal General, Pam Bondi, que actuara "sin demora" contra sus adversarios como "Comey, Schiff, Letitia", que "me enjuciaron dos veces y acusaron 5 veces", para que "se haga justicia de inmediato".

El proceso judicial contra Comey es el más reciente episodio de una turbulenta relación marcada por la escandalosa decisión de Trump de despedir a Comey en su primer mandato, en medio de una investigación cada vez más intensa del FBI, abierta por Comey, sobre su campaña presidencial de 2016.

Desde entonces, ha habido insultos, revelaciones de memorandos secretos, unas memorias mordazmente críticas y peticiones del presidente de represalias contra personas —como Comey— de quienes está convencido que le han hecho daño.

Economistas, senadores o exasesores en el blanco de la administración Trump

Los rivales políticos del presidente Trump se hallan en ámbitos tan diversos como la Reserva Federal, el Senado, o entre antiguos altos asesores.

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook recibió una andanada de ataques de la administración Trump, que incluyeron una carta de despido que publicó Trump en sus redes sociales para desalojarla del cargo, dentro del intento sin precedentes del mandatario de remodelar la junta directiva del banco central para lograr una política monetaria expansiva con rebajas en las tasas de interés.

Cook fue señalada por Trump por "hacer falsas declaraciones" en un fraude hipotecario, del que no se han aportado pruebas.

Una corte de apelaciones rechazó el mes pasado los esfuerzos de Trump por destituir a la economista, y la apelación de urgencia planteada por la administración ante la Corte Suprema será vista en una audiencia en enero.

La decisión supone un alivio temporal para quienes temían que estuviese en riesgo la independencia del banco central más importante del mundo.

Otro investigado es el senador demócrata Adam Schiff, quien encabezó los esfuerzos para el primer enjuiciamiento político contra Trump en 2019. Schiff está siendo examinado por el Departamento de Justicia (DOJ) por un supuesto fraude de seguros por una propiedad en Maryland, algo que el senador ha negado.

Schiff dijo en julio que "Trump intenta una retaliación política, tratando de distraer sobre el problema de los archivos (del caso Jeffrey) Epstein. Pero el mayor problema es el terrible abuso de poder. Un presidente que amenaza con procesar o dice que su oponente debería ser encarcelado".

El senador consideró que esta conducta del mandatario "es el tipo de cosas que hacen los dictadores de pacotilla. Está diseñado para intimidar a sus oponentes políticos y, de alguna manera, intentar silenciarlos".

Y esta semana, durante un acalorado intercambio entre la fiscal general, Pamela Bondi, y Schiff, durante una audiencia del Senado, Bondi preguntó a Schiff si "se disculpará con Donald Trump por intentar de destituirlo" en un juicio político.

Schiff, quien fue fiscal federal, lamentó que el Departamento de Justicia se haya convertido en "la espada y el escudo personales del presidente Trump para perseguir a su cada vez más larga lista de enemigos políticos y protegerse a sí mismo, a sus aliados y a sus socios".

Un exaliado de Trump, ahora convertido en un crítico, es el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien expresó en agosto durante una entrevista en ABC que "Donald Trump se considera a sí mismo como la persona que decide todo, y no le importa ninguna separación. De hecho, rechaza rotundamente la idea de que deba haber una separación entre las investigaciones penales y el líder políticamente elegido de los Estados Unidos".

Esto provocó una airada respuesta del mandatario en sus redes sociales, donde llamó a Christie "descuidado" (sloppy), diciendo que "quizás deberíamos empezar a mirar de nuevo" el asunto del cierre del puente George Washington, justificando que "nadie está por encima de la ley".

Otro exaliado de Trump, John Bolton, está siendo investigado. En agosto su casa fue allanada por el FBI por la supuesta posesión de "materiales clasificados" que habría usado en su libro publicado en 2020, en el que ofreció detalles internos de una "caótica" Casa Blanca de Trump y algunos "torpes" manejos del presidente. Ese fue el centro de la investigación que el Departamento de Justicia abrió a Bolton ese mismo año, pero que quedó sin efecto bajo el gobierno de Joe Biden.

También gobernadores y alcaldes recibieron críticas de Trump

Los enfrentamientos de Trump también han abarcado a gobernadores y alcaldes, principalmente por su decisión de enviar tropas de la Guardia Nacional a grandes ciudades, en su mayoría gobernadas por demócratas, con el argumento de proteger a agentes e inmuebles federales frente a disturbios y protestas contra las redadas migratorias, como ha ocurrido en Los Ángeles, Washington, Chicago y Portland.

Sobre Chicago, donde la jueza April Perry bloqueó durante dos semanas el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump, el presidente opinó que su alcalde, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, "deberían estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE", las siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

A principios de semana Pritzker y Johnson habían presentado una demanda judicial contra la orden de Trump de enviar tropas al estado.

El gobernador opinó sobre la medida temporal de la jueza Perry que "Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. El tribunal confirmó lo que todos sabemos: no hay evidencia creíble de una rebelión en el estado de Illinois. Y no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago".

Respecto a Oregon y la ciudad de Portland, Trump dijo a finales de septiembre que la ciudad estaba "destrozada por la guerra", por lo que ordenó que se enviasen "las tropas necesarias para proteger" la ciudad y "las instalaciones de ICE asediadas por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos".

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, respondió a esto que "en mis conversaciones directas con el presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem, he sido ampliamente clara respecto a que Portland y el estado de Oregon creen en el estado de derecho y pueden gestionar nuestras propias necesidades de seguridad pública local. No hay insurrección. No hay amenaza para la seguridad nacional", en un mensaje en sus redes sociales.

El despliegue de la Guardia Nacional en Portland fue bloqueado temporalmente por una jueza de distrito de Oregon, que consideró que se demostró que las manifestaciones en las instalaciones de inmigración de Portland no fueron significativamente violentas o perturbadoras en los días o semanas anteriores a la orden del presidente. Una apelación del caso estaba pendiente por resolver, tras una audiencia que tuvo lugar el jueves.

Otras figuras políticas o funcionarios increpados por la administración Trump

Una lista extensa de docenas de funcionarios de justicia, de seguridad e inteligencia, los expresidentes Obama y Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris, diplomáticos y hasta el médico infectólogo, Anthony Fauci, han sido objeto de medidas de rebaja de sus credenciales de acceso o perdido privilegios de confianza.

Entre algunos de los nombres son Jack Smith, investigador especial por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021; Miles Taylor, antiguo jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional; Hunter y Ashley Biden, hijos del expresidente Biden; Mike Pompeo, antiguo secretario de Estado de Trump; el general Mark Milley, otrora Jefe del Estado Mayor Conjunto; la excandidata presidencial y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton; Leon Panetta, antiguo director de la CIA y secretario de Defensa; y John Brennan, antiguo director de la CIA.

Muchos de estos funcionarios perdieron sus privilegios de seguridad desde el inicio del segundo mandato de Trump.

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