La
problemática alrededor de los campamentos de personas en situación de calle en Los Ángeles gira en torno a
tensiones legales, de salud pública y de derechos humanos entre autoridades, residentes y activistas. La aplicación de la
ordenanza local 41.18 prohíbe el acampe en áreas cercanas a escuelas y parques. Tras la decisión de la Corte Suprema, las autoridades locales tienen mayor margen legal para retirar campamentos y sancionar el acampe en la vía pública, incluso ante la falta de refugios.
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