En un hospital de Boyle Heights, los agentes de ICE toman las decisiones, dicen los médicos

Los médicos del hospital Adventist Health White Memorial en Boyle Heights dijeron a LAist que los administradores del hospital están permitiendo que agentes federales de inmigración interfieran en las decisiones médicas y bloqueen a los doctores para que no puedan tratar adecuadamente a los detenidos que necesitan atención de emergencia.

Los administradores de White Memorial les han dicho a los médicos que no llamen a los familiares de un paciente detenido, ni siquiera para averiguar qué tipo de medicamentos toma o qué condiciones médicas tiene, dijeron los médicos a LAist. Los líderes del hospital también les han indicado a los médicos que permitan que los agentes de inmigración permanezcan al lado del paciente detenido, incluso durante las consultas, lo que impide conversaciones francas entre los doctores y sus pacientes y podría violar las leyes de privacidad del paciente. Los médicos dicen que este no es el protocolo típico para ningún paciente, incluidos aquellos traídos por la policía local o por los alguaciles.

Estos médicos están igualmente preocupados por su incapacidad para garantizar la atención de seguimiento de los pacientes que son liberados al centro de procesamiento de ICE conocido como B-18, en el centro de Los Ángeles, donde los críticos dicen que algunos detenidos han sido mantenidos durante días sin camas adecuadas ni atención médica.

Por qué esto importa

White Memorial forma parte de una red de hospitales privados y sin fines de lucro afiliados a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con ingresos anuales de 7 mil millones de dólares. El hospital ha estado en funcionamiento por más de 110 años. Su misión es “ayudar a mejorar la vida de nuestros amigos y vecinos en el Este de Los Ángeles y Boyle Heights”, según su sitio web.

Cinco médicos de White Memorial compartieron con LAist los detalles sobre la presencia de ICE en el hospital y la respuesta de los administradores, bajo la condición de no ser identificados por temor a represalias de su empleador o de las autoridades de inmigración. LAist revisó correos electrónicos internos que respaldan sus afirmaciones.

“Tenemos un deber ético y moral de brindar atención médica excelente y de servir al interés del paciente”, dijo un médico de White Memorial a LAist. Pero el doctor afirmó que la presencia frecuente de agentes de inmigración enmascarados y armados dentro del hospital hace que “sea muy difícil hacerlo”.

Los médicos dijeron a LAist que creen que las órdenes de sus superiores entran en conflicto con las responsabilidades que todos los médicos tienen hacia sus pacientes y con las directrices del fiscal general de California.

White Memorial no respondió a la solicitud de entrevista de LAist ni a la lista de preguntas enviada por correo electrónico.

En un comunicado, un portavoz de White Memorial dijo que el personal del hospital “está apasionadamente comprometido con ofrecer el más alto nivel de atención médica a todos los que cruzan nuestras puertas, sin importar sus circunstancias” y que el hospital cuenta con “protocolos diseñados para ayudar a garantizar el respeto legal de los derechos de los pacientes.”

“Hacemos todo lo que está en nuestro poder para brindar atención segura y compasiva a nuestra comunidad durante este tiempo de agitación”, dice el comunicado. También exhortó a la población a no “retrasar la atención médica que necesiten.”

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, del cual forma parte ICE, no respondió a las preguntas específicas de LAist ni accedió a conceder una entrevista.

En un comunicado, escribió que “ICE no está negando a ningún extranjero ilegal el acceso a la atención médica adecuada ni a los medicamentos.” McLaughlin dijo que era “una práctica de larga data proporcionar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia de ICE.”

Agregó que esperaba que LAist “considerara NO escribir esta basura” tras el reciente tiroteo frente a un centro de detención de ICE en Texas, donde un detenido fue asesinado y otros dos resultaron heridos.

“Este tipo de calumnias están contribuyendo a que nuestros oficiales enfrenten un aumento del 1000% en los ataques en su contra”, escribió.

Un análisis de registros judiciales federales sobre agresiones a oficiales federales realizado por Colorado Public Radio muestra un fuerte aumento en los cargos en los últimos meses, aunque los datos están muy por debajo de la magnitud sugerida por las autoridades.

El panorama general

Una versión de los conflictos descritos en White Memorial está ocurriendo en todo el estado y el país, a medida que los hospitales se ven obligados a lidiar con las consecuencias del programa de deportaciones masivas de la administración Trump. En medio de todo esto están los médicos y otros profesionales de la salud, quienes tienen la obligación legal de brindar atención médica a los pacientes y enfrentan preocupaciones éticas sobre políticas que, consideran, afectan los estándares tradicionales de atención.

Los cinco médicos que hablaron con LAist dicen que los conflictos son especialmente agudos en White Memorial, un hospital cuya población de pacientes y comunidad circundante es mayoritariamente latina, y donde varios doctores dijeron a LAist que atienden de dos a tres pacientes detenidos por turno.

La situación también plantea preguntas sobre la privacidad médica en un momento en que el gobierno federal busca acceso a información personal sensible, incluyendo datos médicos tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses.

Lorenzo Antonio González es un médico que trabaja como voluntario con Unión del Barrio, una organización que patrulla Boyle Heights y otros vecindarios para advertir a las personas sobre redadas de ICE. No trabaja en White Memorial, pero está al tanto de las preocupaciones de los médicos. Dijo temer que la presencia frecuente de ICE en el hospital agrave el efecto paralizante que ya lleva a muchos vecinos de Boyle Heights —donde más del 80% de los hogares hablan español y una cuarta parte de los residentes no son ciudadanos— a evitar la atención médica y no salir de sus casas. González calificó el comportamiento presuntamente adoptado por White Memorial como “una erosión de la confianza dentro de este pilar de la comunidad.”

Cómo llegamos aquí

A medida que las redadas de inmigración aumentaron en Los Ángeles este año, algunos detenidos han necesitado atención médica urgente, ya sea porque resultaron heridos durante la detención, porque tenían una enfermedad preexistente o porque se enfermaron mientras estaban recluidos en el centro de inmigración del centro de la ciudad.

Algunos de estos incidentes se convirtieron en titulares. En julio, una mujer salvadoreña fue llevada al hospital Glendale Memorial con heridas sufridas durante una redada. En ese caso, equipos de cámaras acudieron al hospital mientras activistas protestaban por la presencia de agentes de ICE en el vestíbulo público.

Mientras tanto, White Memorial se mantuvo fuera de las noticias. En junio, un líder del hospital envió un correo electrónico a sus colegas señalando varios incidentes que involucraban a detenidos de inmigración, incluido uno en el que los agentes permanecieron en la habitación con una paciente detenida durante toda su estancia en el hospital. El correo también indicaba que los agentes les dijeron a los médicos que no podían llamar a los familiares de la paciente cuando ella no recordaba los medicamentos que tomaba, según el correo y los médicos que hablaron con LAist.

Los médicos de White Memorial y de otros hospitales dijeron a LAist que no es habitual que los oficiales del orden permanezcan en la habitación durante la atención médica, ni siquiera con detenidos criminales, a menos que exista un riesgo grave de seguridad. Las personas bajo custodia de ICE son detenidos civiles, no criminales. Los médicos también dijeron a LAist que es práctica común llamar a los familiares, con el permiso del paciente, para preguntar sobre su historial médico y los medicamentos que toma actualmente.

Así que los médicos de White Memorial presionaron a los administradores del hospital para obtener una política clara y orientación legal sobre cómo equilibrar las exigencias de los agentes de ICE con las responsabilidades del hospital en cuanto a la atención médica de los pacientes.

La respuesta que recibieron de los administradores del hospital fue: ceder ante los agentes.

Los líderes del hospital les dijeron a los médicos —tanto verbalmente, según los doctores, como por escrito en varios correos revisados por LAist— que los agentes de inmigración tienen permitido estar presentes en todo momento, incluso durante conversaciones sobre información médica sensible de un paciente. También les indicaron que no podían llamar a los familiares de un paciente detenido sin el permiso de un agente. En uno de los correos dirigidos a sus subordinados, un líder del hospital dijo al personal de White Memorial que hacerlo podría representar un “riesgo de seguridad.”

“Eso es como fomentar la negligencia médica”, dijo un médico de White Memorial a LAist en respuesta a esas directrices.

Al menos un doctor dijo a LAist que está desobedeciendo las órdenes de los líderes del hospital, eligiendo en cambio cumplir con su deber médico hacia el paciente y respetar las leyes de privacidad médica.

“No hay manera de que logren que yo no llame a la familia de un paciente si está herido y necesita apoyo”, dijo el médico.

Por qué está bajo escrutinio la atención a los detenidos

Las preocupaciones sobre White Memorial surgen en un momento en que la atención médica de las personas bajo custodia de ICE está siendo objeto de escrutinio. En agosto, un hombre resultó gravemente herido mientras era detenido en un autolavado en Carson. Los agentes lo llevaron al centro médico Harbor-UCLA para recibir tratamiento y permanecieron junto a su cama —a la cual el hombre estaba esposado— durante más de un mes, según un fallo judicial reciente.

El hombre nunca fue acusado de violar ninguna ley de inmigración, y en octubre, un juez federal ordenó a los agentes que lo vigilaban abandonar la habitación del hospital y eliminar las restricciones sobre la “capacidad del hombre para hacer llamadas telefónicas a familiares y amigos y para conferenciar de manera confidencial con su abogado fuera de la presencia de los agentes de ICE.”

Las preocupaciones sobre la atención médica de los detenidos también se extienden a los centros de detención formales de ICE. En septiembre, Ismael Ayala-Uribe, un hombre de Westminster que estaba recluido en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, se convirtió en la persona número 17 en morir bajo custodia de ICE este año. El año pasado, 12 personas murieron bajo custodia de ICE, según las estadísticas de la agencia.

Ayala-Uribe, de 39 años, era un exbeneficiario de DACA que, según sus simpatizantes, había vivido en el país desde que tenía 4 años. Fue detenido durante una redada de ICE en Fountain Valley en agosto y enviado a Adelanto. Desde allí, un proveedor médico del centro de detención envió a Ayala-Uribe a un hospital cercano, donde fue evaluado por un absceso, programado para cirugía y luego regresado a la instalación. Murió bajo custodia al día siguiente.

A comienzos de este año, mientras aumentaban las redadas de inmigración, el grupo defensor Disability Rights California entrevistó a 18 personas detenidas en el centro de ICE de Adelanto. En un informe posterior, el grupo concluyó que “debido al aumento repentino en el número de personas en Adelanto, las condiciones parecen haberse deteriorado rápidamente”. El informe afirmaba que los detenidos enfrentaban “acceso inadecuado a tratamientos médicos, como medicamentos que salvan vidas y cuidado de heridas, y exposición a enfermedades respiratorias generalizadas.”

En respuesta a las preguntas enviadas por correo electrónico de LAist sobre la atención médica para los detenidos de ICE, McLaughlin, la portavoz de la agencia, dijo que los detenidos reciben “una evaluación médica, dental y de salud mental dentro de las primeras 12 horas tras llegar a cada centro de detención, una evaluación completa de salud dentro de los 14 días posteriores a su ingreso bajo custodia de ICE o llegada a una instalación, y acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas. Esta es la mejor atención médica... que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, escribió.

McLaughlin no respondió al correo de seguimiento de LAist en el que se le pedía que respondiera específicamente sobre la atención hospitalaria a los detenidos fuera de los centros de detención, ni a las preguntas sobre la disponibilidad de atención médica en el centro de procesamiento B-18, que, a diferencia de la instalación de Adelanto, no es un centro de detención oficial.

En una demanda reciente y aún en curso sobre las redadas migratorias en Los Ángeles, la ACLU y otros grupos denunciaron las presuntas condiciones insalubres y la falta de atención médica en el centro B-18.

“Las personas con condiciones que requieren medicamentos y tratamientos constantes no reciben ninguna atención médica, incluso cuando esa información es comunicada a los oficiales de turno”, dice la denuncia inicial, presentada en julio.

Una médica de White Memorial dijo a LAist que había llamado en varias ocasiones a los supervisores de ICE en el centro de detención para preguntar por la atención de seguimiento de pacientes y que le respondieron que no había médicos en la instalación ni forma de obtener medicamentos.

Lo que todo esto significa para los detenidos — y para los médicos

Otros grupos también han intentado llamar la atención sobre los problemas asociados con la presencia de agentes de inmigración en entornos hospitalarios. El Comité de Internos y Residentes, que forma parte del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), denunció públicamente en julio la presencia de agentes de ICE en los hospitales de la Universidad de California, afirmando que crea “un ambiente inseguro que… contradice directamente nuestra misión de brindar atención médica segura, efectiva y de calidad a todos los miembros de nuestra comunidad.”

Mahima Iyengar, médica del hospital L.A. General y secretaria-tesorera del comité, dijo a LAist que la presencia de un oficial del orden durante las conversaciones entre médico y paciente puede comprometer la atención.

“Existe ese nivel de confianza que la gente tiene con su médico y que no necesariamente siente cuando alguien más está escuchando”, dijo Iyengar a LAist. “El médico entonces no obtiene toda la información que necesita, y esa información... muy bien podría ser la que lo ayude a llegar a un diagnóstico o a decidir qué tratamiento va a recibir el paciente.”

Iyengar agregó que los médicos tampoco suelen sentirse cómodos haciendo preguntas importantes no médicas cuando hay un agente de ICE presente.

“Gran parte de lo que determina la salud de nuestros pacientes son estos factores sociales: dónde viven, cómo llegan al hospital, si tienen dinero, si tienen hijos que necesitan cuidado mientras están hospitalizados”, explicó. “Todas esas son preguntas importantes que personalmente no me sentiría cómoda haciendo si un oficial estuviera de pie justo allí.”

McLaughlin, la portavoz de ICE, no respondió a las preguntas específicas de LAist sobre si la agencia reconoce los derechos de privacidad médica de los pacientes detenidos en hospitales.

¿Qué dicen los expertos legales?

En diciembre pasado, el fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una serie de “orientaciones y políticas modelo” para que los centros de salud supieran cómo responder ante el aumento previsto en la aplicación de leyes migratorias. Aunque la guía no es obligatoria para hospitales privados como White Memorial, se “alentó a todas las instalaciones de salud a adoptarla”. Los médicos que hablaron con LAist dijeron haber leído la guía y sentirse comprometidos a seguirla.

El documento establece que:

• Las leyes estatales y federales de privacidad médica se aplican a todos los pacientes, “sin importar su estatus migratorio.”

• El personal de los centros de salud “debe identificar las circunstancias en las que permitir el acceso de agentes de inmigración a los pacientes podría interferir con el deber de los médicos de proporcionar atención médica competente, salvaguardar la confidencialidad y privacidad de los pacientes, y priorizar sus obligaciones hacia ellos”; y

• Las instalaciones “deben educar a los pacientes sobre sus derechos de privacidad y asegurarles que su información médica está protegida por leyes estatales y federales.”

Un portavoz de Bonta dijo a LAist que el fiscal general no podía comentar si la oficina había recibido denuncias sobre violaciones de privacidad relacionadas con ICE en entornos de salud, ya que esas quejas son confidenciales.
“Seguimos monitoreando el cumplimiento de todas las leyes estatales y federales,” dijo el portavoz por correo electrónico.

LAist también consultó a dos expertos legales en salud sobre las órdenes de White Memorial al personal para permitir la presencia de agentes de ICE durante los exámenes médicos y prohibir las llamadas a familiares de pacientes detenidos. Ambos coincidieron en que esas directrices podrían violar las leyes de privacidad médica y los estándares éticos.

“Desde la perspectiva de la seguridad del paciente, ciertamente levanta señales de alerta,” dijo Paul Schmeltzer, abogado de Los Ángeles especializado en derecho sanitario y privacidad de datos, refiriéndose especialmente a la prohibición de llamar a los familiares del paciente detenido. Schmeltzer añadió que permitir que un agente de ICE permanezca junto al paciente durante toda su estancia hospitalaria sin el consentimiento de éste es probablemente ilegal.

La privacidad del paciente está protegida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) a nivel federal, y por la Ley de Confidencialidad de la Información Médica de California. Ambas prohíben en general que los médicos y hospitales revelen información médica de un paciente sin su permiso, una orden judicial u otro mandato legal.

Schmeltzer dijo que no ve “ninguna situación permisible” bajo esas leyes para “divulgar” el tratamiento hospitalario de un paciente detenido a un agente de ICE.

“El simple hecho de que un agente de ICE esté presente en la habitación mientras el paciente recibe tratamiento ya constituye una divulgación,” explicó.

Deven McGraw, directora de regulación y privacidad de la empresa Citizen Health, una plataforma de datos de pacientes, estuvo de acuerdo.

“Básicamente se le está diciendo al paciente: ‘No tienes opción, tienes que divulgar tu información médica a este oficial de la ley,’” dijo.

McGraw, quien dirigió la aplicación de la ley HIPAA en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos entre 2015 y 2017, señaló que existen razones personales y de salud pública para proteger la información médica de las personas frente a las fuerzas del orden. Por ejemplo, un paciente podría ocultar que tiene una enfermedad contagiosa por temor a ser señalado o aislado.

“Se supone que debemos tratar a las personas,” dijo McGraw. “No tratarlas puede tener consecuencias tanto para su salud como para la de los demás.”

Schmeltzer y McGraw coincidieron en que la administración de White Memorial podría estar haciendo un cálculo de riesgo, sopesando la posible responsabilidad legal por violar los derechos de privacidad de los detenidos frente al riesgo de enfadar a la administración Trump. Solo el gobierno federal y los fiscales generales estatales pueden procesar a un hospital por violar la ley HIPAA, señalaron.

Algunas de las conductas descritas por los médicos podrían además estar prohibidas por una nueva ley estatal, promulgada en septiembre como una medida de “urgencia.” La ley exige que las instalaciones de salud prohíban la entrada de agentes de inmigración a las áreas no públicas sin una orden judicial válida y que orienten a su personal sobre cómo responder a las solicitudes de ingreso de dichos agentes.

Incluso antes de esta ley, grupos como el Comité de Internos y Residentes ya habían comenzado a capacitar a colegas sobre los derechos de privacidad de los pacientes detenidos y sobre cómo actuar ante agentes de ICE. Iyengar dijo que los médicos del hospital L.A. General, por ejemplo, distribuyen tarjetas de “ Conoce tus derechos” a los pacientes inmigrantes y que los empleados del hospital reciben instrucciones de llamar inmediatamente a los directores del hospital si aparecen agentes de inmigración.

“Incluso el simple hecho de que haya un agente de ICE en el hospital hace que la gente evite visitar a un ser querido, o si se corre la voz, la comunidad se entera y no quiere acudir a ese hospital,” dijo. “Así que es un entorno inseguro tener a un agente de ICE en un hospital, especialmente en uno que atiende principalmente a inmigrantes.”

Ted Rohrlich, de LAist, también contribuyó a este reportaje.