La inédita confrontación de EEUU con venezolanos: el impacto en miles de inmigrantes vulnerables o con estatus migratorio

El foco de una gestión de gobierno en Estados Unidos contra una nacionalidad nunca había estado abierto en tantos frentes y contra tantas personas como en el caso de los venezolanos. Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, la escalada ha sido permanente: a inicios de año, sin evidencias sólidas catalogó a más de 250 venezolanos con tatuajes —o sin ellos— como miembros de la pandilla Tren de Aragua y los mandó a una cárcel en El Salvador; acabó protecciones para miles de miembros de esta comunidad vulnerable, restringió otras más; incluyó la nación en una lista de países de "alto riesgo" y dejó a cientos de venezolanos a la mitad de sus procesos de residencia permanente o ciudadanía.

En Venezuela, la embestida del gobierno de Trump sólo acrecenta la crisis que ya existía, justamente la que hizo que casi ocho millones de ciudadanos de ese país comenzaran una emigración histórica a partir de 2015: se vive mayor represión contra opositores del régimen o contra cualquiera sospechoso de serlo. El acceso a insumos básicos, medicinas, alimentos o a seguros de salud cada vez es más difícil por el alto costo de la vida en un país casi completamente dolarizado.

Aún así, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se refirió en un reporte en mayo a un aumento en el regreso de venezolanos a su país. Lo atribuían al cierre de la frontera estadounidense —y el fin del acceso al asilo, decidido por Trump— y a la reanudación de vuelos de deportación a Venezuela en 2025: 13,956 inmigrantes han sido devueltos este año a Caracas en aviones chárter, según datos del gobierno de Nicolás Maduro.

Pero aunque Trump endurece aún más su política migratoria general de deportaciones masivas y en particular contra contra venezolanos en EEUU, cifras de ACNUR muestran que el grueso de esa comunidad no emigró hacia Estados Unidos: de los casi ocho millones, casi siete millones se radicaron en países de América Latina y el Caribe. Algunas de estas naciones, como Colombia, han ido anunciando medidas para regularizar la situación migratoria de esa población.

Datos del Instituto de Políticas de Migración (MPI) reflejan que para 2023 la población venezolana en Estados Unidos representaba menos de 2% (se calculaba que eran unas 770,000 personas) del total de casi 48 millones de inmigrantes en el país.

El MPI asegura que el regreso de la administración Trump en enero de 2025 "ha traído varios cambios profundos a la política de inmigración de Estados Unidos, y en específico para los venezolanos".

Uno a uno, mostramos cómo en menos de un año de gobierno, Trump ha endurecido sus políticas particularmente contra los inmigrantes venezolanos sin importar los años de residencia en el país ni su estatus:

252 venezolanos expulsados al Cecot

Desde 2023, el nombre "Tren de Aragua" había estado en la mira de las autoridades de investigación policial e inmigración en Estados Unidos. Documentos de inteligencia de varias agencias federales obtenidos por Univision Noticias mostraron que desde ese año comenzaron a delinear la operación de esta banda criminal venezolana y sus delitos en Estados Unidos. Entre otras cosas, concluían que los tatuajes "posiblemente" identificaban a sus miembros, pero que no podían ser vistos como un elemento concluyente.

Para 2024, el asesinato en Georgia de la estudiante de enfermería Laken Riley a manos de un ciudadano de Venezuela continuó alimentando el discurso político republicano sobre la presencia de la megabanda en Estados Unidos. La campaña presidencial se adueñó de la falta cometida por un solo venezolano para justificar propuestas contra toda una comunidad: arreció así la criminalización de venezolanos que tuvieran tatuajes de coronas, relojes Rolex, rosas, estrellas de cinco puntas, entre otros.

Cuando Trump ganó y asumió su segunda Presidencia en 2025, no tardó en implementar acciones.

A mediados de febrero firmó una orden ejecutiva con la que catalogaba al Tren de Aragua como una organización terrorista. Un mes después, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para argumentar que la pandilla estaba invadiendo el país: a contrarreloj, en silencio y en contra de la decisión de un juez federal —que intentó frenarlas— expulsó a más de 200 venezolanos catalogados como miembros de esa organización criminal a El Salvador, a la cárcel de pandilleros creada por el presidente Nayib Bukele, el Cecot. Las expulsiones continuaron en una segunda oportunidad a finales de marzo y con escala en la Bahía de Guantánamo.

Abogados defensores de algunos de los venezolanos denunciaron que muchos de ellos tenían procesos migratorios pendientes, como asilos que fueron cerrados bajo pedido del propio gobierno. Alegaban que ni siquiera se les dio la oportunidad de desafiar las expulsiones y que habían sido enviados a la cárcel de pandilleros sin el debido proceso. Durante semanas, los familiares y abogados de los venezolanos no tuvieron información sobre el paradero de estos hombres; ni siquiera eran localizables en los buscadores de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cinco días después de los traslados al Cecot, en medios se filtró una lista con los nombres de los venezolanos enviados a esa cárcel. Fue la primera vez que abogados y familiares tuvieron información de dónde estaban sus seres queridos. Sin embargo, nunca pudieron hablar con ellos. Las familias reconfirmaban que estaban ahí encerrados con los videos de políticos republicanos —entre ellos, de la propia Noem— que viajaban a El Salvador y grababan las visitas al Cecot.

En mayo, uno de ellos fue clave: el del excongresista y comentarista conservador Matt Gaettz, que visitó la prisión y promovió un video en el que se escuchaba a los venezolanos gritar "libertad" y pedir ayuda.

Organizaciones de derechos humanos catalogaron el envío de venezolanos al Cecot como "desapariciones forzosas" y una "violación al debido proceso".

El 18 de julio de 2025, cuatro meses después de ser expulsados por Estados Unidos a El Salvador y tras un canje de presos —estadounidenses por venezolanos—, los 252 venezolanos fueron devueltos a Caracas.

Sus testimonios documentaron la tortura, malos tratos y violaciones de derechos humanos que sufrieron. Van desde golpes diarios, aislamiento, privación del sueño y de la comida, de la posibilidad incluso de bañarse a diario, hasta encierro en espacios pequeños y oscuros, y el terror psicológico con frases como que de ahí salían muertos. En este video se puede escuchar el testimonio de uno de los venezolanos que estuvo aislado en el Cecot. Aseguró que nunca más volvería a Estados Unidos:

El fin del TPS: 600,000 venezolanos en riesgo de deportación a un país en crisis y del que huyeron

Desde la llegada de Trump en enero, el mandatario amenazó con poner fin a los Estatus de Protección Temporal (TPS) y 'paroles' que beneficiaron principalmente a miles de ciudadanos de países de América Latina y El Caribe (de Venezuela, Haití, Honduras, Cuba). Miles de inmigrantes temieron lo peor. Y lo peor fue llegando: estas nacionalidades han sido despojadas de protecciones que habían tenido por años.

Entre los primeros afectados por las políticas de este segundo gobierno de Trump, los venezolanos. En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que las condiciones que llevaron al gobierno de Joe Biden a extender el estatus para ese país ya no existían, algo que contradicen los propios documentos del gobierno de Trump. Con esa decisión de Noem, comenzó una batalla en cortes que por meses mantuvo a los venezolanos ansiosos y con la esperanza de que el beneficio permanecería y podrían quedarse en Estados Unidos. Celebraron con cada decisión judicial favorable; lloraron con cada anuncio en contra del TPS.

En una de las audiencias en la corte de San Francisco, el juez Edward Chen llegó a cuestionar a los abogados del gobierno que el TPS estuviera siendo rescindido para evitar la migración de venezolanos. Sin mostrar evidencias, aseguraron que miembros de la banda venezolana Tren de Aragua habían optado por venir a Estados Unidos y aprovecharse de estatus temporal para permanecer de forma legal. Ante estos argumentos, Chen les preguntó si esas afirmaciones no "parecen difamar a todo un grupo de más de 600,000 venezolanos que están aquí. ¿No es eso casi la definición de racismo? (...) Se crea un estereotipo generalizado sobre todo un grupo y luego se actúa al respecto, cuando realmente parece no haber fundamento para esa generalización".

La Corte Suprema le dio la razón al gobierno y autorizó la terminación de la designación del TPS para Venezuela. El 8 de noviembre de 2025, más de 600,000 tepesianos venezolanos quedaron completamente sin esa protección.

A partir de las 12:01 am de ese día, miles de venezolanos se sumaron a los 13 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. Los que no tenían alguna otra petición en proceso comenzaron a acumular presencia indocumentada en el país y a ser sujetos de detención y deportación.

"Somos el grupo de inmigrantes más grande en la historia de los Estados Unidos que estando bajo un estatus legal ha sido ilegalizado para convertirlos en sujetos de deportación", dijo entonces a Univision Noticias Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano y una de las activistas más vocales en la defensa de los derechos de esta comunidad.

Ferro dijo que creía que muchos de los 600,000 venezolanos con TPS se quedarán en Estados Unidos "con documentos o sin ellos, porque sus vidas están aquí". Sin embargo, contó que con el reloj en contra, muchos —los que pudieron— cerraron sus casas y volvieron a Venezuela o se marcharon a países como España y Colombia. Algunos, dijo, dejaron sus carros en estacionamientos de aeropuertos y se fueron de Estados Unidos.

Aunque al TPS de Venezuela aún le quedan batallas menores por pelear en cortes de apelaciones, los activistas —como Ferro— recomendaron entonces a los tepesianos de ese país que buscaran otros caminos para permanecer en Estados Unidos o que, en definitiva, se marcharan.

Este beneficio se terminó en un momento cumbre de hostilidades entre Estados Unidos y Venezuela. Ya por semanas, el gobierno de Trump ha mantenido una flota naval en el Caribe que justifica como operaciones para frenar a narcotraficantes venezolanos y el supuesto flujo de drogas —especialmente de fentanilo— desde ese punto a Estados Unidos. Pero la campaña es vista como una forma de presionar la renuncia del mandatario chavista, Nicolás Maduro, al que ha catalogado como el líder del llamado Cartel de los Soles —que Trump definió como organización terrorista— y por quien ofrece una recompensa do $50 millones.

Más de 80 personas —la mayoría probablemente venezolanos— han muerto en ataques a lanchas de las que se tiene poca información: han sido catalogados por congresistas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como "ejecuciones extrajudiciales". Mientras tanto, Trump ha aprobado indultos y pactos con personas procesadas o condenadas en Estados Unidos por narcotráfico.

Venezuela es incluida en la lista de 30 países con prohibición de viaje

El ataque de un asilado afgano a dos guardias nacionales —que dejó a una fallecida— generó nuevas restricciones del gobierno de Donald Trump para miles de ciudadanos de 30 países. Por ahora, sólo se conocen 19 de estas naciones y entre ellas está Venezuela.

La restricción creó una pausa indefinida y abrió la puerta a "re-revisiones" exhaustivas sobre los trámites de miles de inmigrantes venezolanos: el Departamento de Seguridad Nacional anunció que no se tomarían decisiones sobre peticiones de asilo, residencias permanentes, visas y suspensiones de deportación hasta que cada caso pase por un nuevo proceso de evaluación.

A raíz de la noticia, se conoció de la cancelación, por ejemplo, de decenas de ceremonias de ciudadanía para venezolanos con años en el país y que ya habían aprobado todo el proceso hacia la naturalización. La organización Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP) dijo en una nota de prensa que algunos peticionarios de asilo habían comenzado a recibir cartas en las que les informaban de que sus casos habían sido desestimados.

Al anunciar estas restricciones, el gobierno aseguró que los solicitantes de beneficios migratorios podrían estar sujetos a nuevas entrevistas, a que se les soliciten más evidencias, a un mayor escrutinio de sus antecedentes a través de distintas bases de datos de agencias federales, entre otras cosas.

En esta nota (abajo), un abogado de inmigración analizó el anuncio y explicó diversos escenarios para inmigrantes con distintos beneficios:

Deportaciones de padres sin sus hijos

En medio de la campaña de deportaciones emprendida por el gobierno de Donald Trump se han conocido decenas de casos de padres que han sido expulsados de Estados Unidos sin sus hijos. Hay reportes de inmigrantes de distintos países y entre ellos, los venezolanos.

En medio de la confrontación entre Trump y el mandatario Nicolás Maduro, las autoridades de Venezuela han estado entre las más vocales en hablar de estas historias y en publicitar los esfuerzos que hacen para regresar a los niños a Venezuela tras la expulsión desde EEUU de sus papás.

Uno de los casos más emblemáticos y que se conoció en los primeros meses del segundo gobierno de Trump es el de la niña Maikelys Espinoza, cuyo padre, Maiker Espinoza, estuvo entre los 252 venezolanos enviados al Cecot en marzo. Esto pese a que tenía una orden de deportación vieja firmada por un juez de inmigración desde el 8 de julio de 2024, constató Univision Noticias. Él estaba en custodia de ICE, así que pudo haber sido deportado a Venezuela: los vuelos de deportación habían sido reanudados casi 20 días antes de su expulsión a El Salvador.

Maiker contó a Univision Noticias por teléfono que él y su familia —su pareja Yorely Bernal Inciarte y su hija de un año, Maikelys— habían sido secuestrados en su trayecto migratorio por México. Cuando llegaron a la frontera en El Paso, Texas, se entregaron: el 14 de mayo de 2024 comenzaron su proceso en Estados Unidos.

Los dejaron detenidos y el 19 de mayo de 2024, a los esposos les dijeron que debían separarlos momentáneamente de la niña, que no podía acompañarlos a la corte, "que en dos horas nos la entregaban de vuelta", contó Maiker. Pero Maikelys pasó a custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados —confirmó el Departamento de Seguridad Nacional— y por meses no pudieron volver a abrazarla.

Por separado, Maiker y Yorely fueron entrevistados por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los relacionaron con la banda criminal venezolana Tren de Aragua y con sus cabecillas. A él le decían que su esposa estaba delatándolo. Lo presionaban para que admitiera que conocía al líder de la pandilla, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'.

Él negó esas acusaciones al alegar que ni conoció al pandillero, ni vivía en Venezuela cerca del área de operaciones de la banda Tren de Aragua: "Yo vivo en una región de Venezuela, en el Llano, es demasiado lejos de donde vive esa gente (...) Somos pura gente campesina. Yo solamente me dedico a mi trabajo y a mi familia, a mis hijos".

A finales de marzo, Maiker fue expulsado por EEUU al Cecot en un segundo grupo de 14 venezolanos que hicieron escala en la Bahía de Guantánamo. Su esposa fue deportada a Venezuela poco después, el 25 de abril de 2025, pero sin la niña.

Una retahíla de reclamos del régimen de Nicolás Maduro, que acusó al gobierno de Donald Trump de secuestrar a la niña, la trajeron de vuelta a casa en un vuelo que aterrizó el 14 de mayo de 2025 en el principal aeropuerto que sirve a Caracas, el Simón Bolívar, en Maiquetía. La propia primera dama, Cilia Flores, recibió a Maikelys. Maiker se enteraría de este desenlace después, tras su inesperada liberación del Cecot y su llegada a Venezuela el 18 de julio de 2025.

Tras ese caso y con la reanudación de los vuelos de deportación a Venezuela, el gobierno ha seguido compartiendo historias de madres separadas de sus hijos en Estados Unidos al ser detenidas por autoridades migratorias y luego, deportadas sin ellos.

El gobierno de Maduro creó un plan para publicitar el retorno de los venezolanos desde Estados Unidos, pero sobre todo la reunificación de padres y madres con sus hijos que quedaron varados en ese país una vez que los adultosfueron devueltos a Venezuela. Así, en la cuenta de Instagram del plan, el 7 de noviembre documentó el regreso de cinco niños entre dos y 11 años; el 22 de octubre volvió otra niña de siete años, cuya madre había sido deportada sin su hija tres meses antes; el 10 de octubre llegó una niña más de cuatro años, separada de su padre cinco meses antes, cuando él fue detenido por ICE y removido.

Mientras abrazaba a su hijo, otra madre aseguró en un video del 27 de noviembre, entre lágrimas, que estaba feliz de tener al niño de vuelta. Una de las abuelas contó que la familia estuvo separada del menor por 9 meses: "Nunca perdí la fe, siempre esperé este momento".