The Washington Post: el gobierno está negando pasaporte a algunos hispanos en la frontera

El periódico indicó que el Gobierno defiende que entre las décadas de los 50 y los 90 algunas matronas y médicos en la frontera -sobre todo en Texas- dieron certificados estadounidenses falsos a niños que nacieron en México. El Departamento de Estado niega que haya un cambio de política.
30 Ago 2018 – 9:46 PM EDT

El Gobierno de Donald Trump está negando la renovación del pasaporte a cientos y, posiblemente, miles de hispanos en áreas fronterizas con México después de acusarles de haber usado certificados de nacimiento falsos desde que eran bebés, informó este miércoles el diario The Washington Post.

El periódico, que elaboró su investigación a partir de entrevistas con afectados y abogados, asegura que existe un cambio en la política de renovación de pasaportes, aunque el Departamento de Estado negó cualquier tipo de variación en los protocolos vigentes.

En un comunicado al Post, el Departamento de Estado dijo que " no ha cambiado la política o la práctica con respecto a la adjudicación de solicitudes de pasaportes" y agregó que "la región fronteriza México-Estados Unidos es un área del país donde ha habido una incidencia significativa de fraude de ciudadanía".

No obstante, de acuerdo al periódico, algunos hispanos que han tratado de renovar sus pasaportes se encuentran en centros de detención para inmigrantes e, incluso, están en proceso de deportación, aunque el diario no ofreció más detalles.

Otros están atrapados en México y no pueden regresar a Estados Unidos porque sus pasaportes fueron revocados sin previo aviso cuando trataban de volver a sus hogares.

Los antecedentes

The Washington Post afirma que la mayoría de los casos se están produciendo en el sur de Texas, en la frontera con México, y pone como ejemplo a Juan, un hombre de 40 años que no pudo renovar su pasaporte estadounidense, aunque su certificado de nacimiento muestra que nació en Brownsville (Texas).

Juan recibió una carta del Departamento de Estado, en la que se le informaba de que las autoridades no creían que fuera ciudadano estadounidense.

Según el Post, el Gobierno defiende que entre las décadas de los 50 y los 90, algunas matronas y médicos en la frontera entre México y el estado de Texas dieron certificados estadounidenses falsos a niños que, en realidad, habían nacido en México.

Lo cierto es que en una serie de juicios en los años 90, varios médicos reconocieron que habían elaborado certificados de nacimiento falsos.

En base a esas sospechas, bajo los gobiernos de George W, Bush y Barack Obama (2009-2017), el Departamento de Estado comenzó a negar pasaportes a algunas personas que habían nacido en el Valle del Río Bravo, en Texas, ayudados por matronas, muchas veces en casa ante los elevados costes de los hospitales estadounidenses. El problema reside que las mismas matronas que ofrecieron esos documentos falsos ayudaron también a dar a luz a bebés en Estados Unidos. Además, los certificados de nacimiento falsos que dieron son casi imposible de distinguir de los verdaderos ya que todos fueron emitidos por el estado de Texas.

En 2009, el ejecutivo de Obama y la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) llegaron a un acuerdo judicial y se redujo el número de pasaportes que revocaban las autoridades estadounidenses.

Ahora, bajo el Gobierno del presidente, Donald Trump, esta política parece haber resurgido, apuntó el Post, siendo esta tendencia parte de un mayor movimiento que cuestiona la nacionalidad de la gente que en la frontera.

El comunicado del Departamento de Estado indica que "quienes tienen certificados de nacimiento presentados por una matrona u otra persona que ayudó en el parto sospechosa de participado en actividades fraudulentas, así como los solicitantes que tienen un certificado de nacimiento extranjero y otro de Estados Unidos, deben proporcionar documentación adicional que demuestre que nacieron en los Estados Unidos". Los que no son capaces de hacerlo ven negada su solicitud de pasaporte.

"Estamos viendo que este tipo de casos se están disparando", indicó al diario Jennifer Cordero, una abogada de Houston que defiende a algunos de los afectados.

Según el Post, aquellos que son capaces de costear el proceso legal acaban demandando al gobierno y generalmente ganan su caso.

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