Los concejales del condado de Baltimore aprobaron lo que llamaron un proyecto de ley en favor de los inmigrantes. Al ser firmado de emergencia, entró en vigor de inmediato como una medida preventiva para detener la creación de centros de detención privados en el futuro. Durante la sesión, fueron rechazadas las acciones del Departamento de Seguridad Nacional y las operaciones del ICE.

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Autoridades continúan investigando la explosión en una vivienda de Centreville. De acuerdo con los reportes, de las 46 casas que fueron evacuadas, las familias de unas 35 aún no han podido regresar a sus hogares, mientras se determina si más de una fuga de gas causó el incidente. Hasta el momento, 86 viviendas permanecen sin servicio de gas.

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Una explosión en una vivienda de Centreville dejó al menos una persona herida. Según reportes preliminares, el incidente presuntamente fue causado por una fuga de gas, lo que llevó a las autoridades a evacuar la zona. Además, se informó que antes de la explosión se recibieron 21 llamadas al 911 por olor a gas.

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Muchas personas consideran como inminente vivir en unas horas un nuevo cierre parcial de gobierno; el tema migratorio sigue dividiendo a legisladores. Esta situación podría afectar a miles de personas, quienes corren el riesgo de quedarse sin salarios. La secretaria Kristi Noem culpa a demócratas de perjudicar la seguridad nacional.

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Organizaciones locales reaccionan a imágenes en las que se aprecia como al menos 11 agentes de ICE rodean a una persona, por lo que el suceso ha sido calificado como “una emboscada”. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de enero, en el estacionamiento de una conocida tienda en Arlington. La comunidad reacciona con miedo por lo gravedad de las acciones ejercidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
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Los proyectos de ley SB 245 y HB 44 fueron aprobados por la mayoría de los delegados del Congreso Estatal de Maryland y ahora sólo falta la autorización del gobernador Wes Moore para que entren en vigencia. Las medidas prohiben expresamente que, el gobierno estatal, los condados, las ciudades, los alguaciles y cualquier agencia o empleado público celebre, renueve o mantenga cualquier acuerdo con ICE. La oposición republicana criticó las medidas, al considerar que debilitan la seguridad pública.
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