En respuesta a las tasas de vacunación rezagadas y al aumento de nuevos casos de la variante delta, el presidente Joe Biden ordenó nuevas regulaciones federales para que los hogares de ancianos vacunen a su personal contra el covid-19 para continuar recibiendo fondos federales de Medicare y Medicaid.

“En estos momentos estas pruebas no están muy bien estandarizadas. No sabemos si un nivel u otro protege más o menos contra el coronavirus”, asegura el doctor Luis Ostrosky, quien agrega que “no le recomendaría a nadie que tome ninguna decisión médica importante basada en los niveles de anticuerpos”.

Todos los trabajadores de los centros de cuidado para personas de la tercera edad deberán inmunizarse contra el virus, así lo pidió este miércoles el presidente Joe Biden. Este nuevo mandato afectaría a más de 15,000 ancianatos en todo el país que le dan empleo a cerca de 1,3 millones de personas, de las cuáles el 40% no se han inoculado.

En una votación unánime, el Concejo de Los Ángeles le dio el aval a esta propuesta que solo presenta algunas excepciones para quienes tienen motivos religiosos o médicos, aunque estas personas deberán mostrar una prueba negativa semanalmente. Los empleados contratados por la ciudad tendrán hasta el 5 de octubre para inmunizarse o de lo contrario podrían enfrentar serias sanciones. Más información aquí.

La doctora Geraldine Luna, del Departamento de Salud Pública de Chicago, explica que, al igual que al inicio de la pandemia, la aplicación de la tercera dosis estará priorizada para el personal de salud, los ancianos y las personas confinadas a hogares de cuidado a largo plazo. Sobre esto, la experta asegura que este refuerzo es necesario para “subir la protección contra la infección” del virus.

El presidente Joe Biden se refirió este miércoles a la cantidad de muertes por coronavirus en asilos para ancianos del país y advirtió que los fondos federales quedarán suspendidos si los empleados no se vacunan, aunque no indicó cuándo comienza a regir la norma. Uno de los temores es que la exigencia de inmunización provoque una escasez de personal, perjudicando a los adultos mayores que requieren asistencia. Más información aquí.