Este martes entra en vigencia la primera fase de un nuevo protocolo que otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), quienes podrán conceder, negar o referir casos de asilo en la frontera con México, algo que antes solo hacían los jueces de inmigración.

La política temporal, anunciada en marzo, entrará en vigor el 31 de mayo y otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo del servicio de inmigración para otorgar el beneficio, una tarea que hasta ahora sólo era administrada por los jueces de inmigración. Pero hay una demanda pendiente que puede detener los planes del gobierno de Biden.

Durante un lapso de 12 meses a partir de octubre de 2020, cuando inicia el año fiscal, los agentes de la Patrulla Fronteriza procesaron a 12,212 Menores No Acompañados que habían sido expulsados previamente en virtud del Título 42, según un reporte de CBS.

Mientras el gobierno federal muestra su poder ampliando el programa alternativo de detención de inmigramtes, crecen las críticas y demandas por el uso que pueda darle a la información de miles de indocumentados liberados bajo fianza mientras esperan la resolución de sus casos en la Corte de Inmigración.

Nueve meses después de lanzado el plan para detener la inmigración irregular hacia Estados Unidos, el gobierno publicó una lista con los programas activados con la ayuda del sector privado y los gobiernos de Centroamérica.