Una propuesta descabellada y cruel

En su afán por demostrar sus credenciales de conservador radical en este año de elecciones, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha desplegado o propuesto duras medidas contra la inmigración ilegal. Una particularmente preocupante es la de retar Plyer Vs. Doe, el precedente judicial que, hace 40 años, reafirmó la necesidad de dar educación pública a todos los niños independientemente de su estatus migratorio. La de Abbott es una idea contraproducente que en Texas y en el resto del país minaría el recurso más importante para la integración gradual de los inmigrantes en la cultura democrática y pluralista de Estados Unidos.

Por votación de 5 a 4, una Corte Suprema ligeramente liberal sancionó en 1982 el derecho de todos los niños a asistir a una escuela pública en este país. Su histórica decisión invalidó precisamente una ley tejana que les negaba la educación estatal a los hijos de indocumentados. Se había adoptado en medio de una ola antiinmigrante como las que, previsiblemente, azotan al país de manera circular.

Era una época en Texas, California, la Florida y otros estados en la que la inseguridad ante la afluencia de inmigrantes promovía severas medidas contra la legalización, el bilingüismo y la atención médica a los extranjeros. Muchos ingenuamente creían superada esa etapa xenofóbica y excluyente. Pero el fenómeno del trumpismo la ha revivido con nuevos bríos. Y le ha dado aún mayor vigencia la actual ofensiva de los magistrados conservadores del Supremo, a tres de los cuales nombró Donald Trump, contra el derecho de la mujer a la libre elección sobre su cuerpo y en lo que respecta al aborto.

Esto último es lo que invoca Abbott para hacer su propuesta. “Creo que vamos a resucitar ese caso y retar este asunto otra vez”, declaró la semana pasada, “porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes”. El costo de la enseñanza pública en Texas y en cualquier otra parte es, sin duda, un legítimo tema de debate. Pero vetar a los niños y jóvenes indocumentados de las escuelas y universidades estatales sería ostensiblemente un remedio peor que la enfermedad.

De materializarse, ese veto castigaría a menores inocentes por decisiones que adoptaron sus padres de inmigrar de forma ilegal. Convertiría a maestros y directores de escuelas en policías migratorios. Promovería la discriminación y el rechazo a niños recién llegados por su apariencia o su forma de hablar. Y borraría de un plumazo torpe y arbitrario el principal recurso que tiene nuestra sociedad - cualquier sociedad - para integrar a los inmigrantes a la cultura democrática común: la enseñanza pública.

Un objetivo de la propuesta que contempla Abbott es desalentar la inmigración ilegal al estado que gobierna. Pero si prosperase, su iniciativa penalizaría a cientos de miles de estudiantes indocumentados que en la actualidad asisten a escuelas y universidades públicas. Lo inteligente sería acelerar la integración de esos niños y jóvenes al conjunto de la sociedad estadounidense, no perturbar de manera abrupta el proceso de su integración. Es lo que se impone en una sociedad que procura a resolver sus desafíos con ecuanimidad, justicia y visión.

La radical idea de Abbott echa leña al fuego divisionista en Texas. Los conservadores extremistas la están aplaudiendo sin reservas. Pero la oposición demócrata y activistas proinmigrantes la rechazan sin ambages. “Es insensato que una sociedad ilustrada prive a los niños, inclusive a extranjeros ilegales, de una educación elemental”, declaró Thomas Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación. Y la Casa Blanca recordó que el negarles educación pública a los niños no es una propuesta que respalde la mayoría de los estadounidenses.

Las aspiraciones políticas de Abbott a la reelección y tal vez a la presidencia alientan sus planes contra la inmigración.

Algunos de esos planes merecen consideración. Pero la propuesta de despojar a los niños indocumentados del derecho a una educación pública es cruel y disparatada. Cruel porque se ensañaría en criaturas inocentes y vulnerables. Disparatada porque eliminaría el vehículo que mejor cohesiona a los inmigrantes y a los nativos del país.

La educación pública es el instrumento mediante el cual los extranjeros aprenden inglés, se familiarizan con la historia nacional, asimilan los principios con que se fundó la república y se exponen a la diversidad étnica y cultural que caracteriza a Estados Unidos. Financiarla adecuadamente es un reto permanente en Texas y otros estados. Por lo tanto, hace falta un amplio debate sobre cómo hacerlo. Pero en ese debate sobran las propuestas descabelladas como la del gobernador Abbott.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.