El Departamento de Justicia ( DOJ) presentó cargos penales contra 15 sospechosos vinculados a un fraude multimillonario al programa Medicaid en Minnesota. Los implicados desviaron más de 90 millones de dólares mediante el engaño en al menos siete programas de apoyo comunitario y domiciliario. Las autoridades reportaron que uno de los acusados permanece prófugo tras saltar desde el balcón de un cuarto piso para evadir el arresto policial.

¿Cómo y a quién afecta la orden para que bancos revisen el estatus migratorio de clientes?

El vicepresidente J. D. Vance endureció la postura federal contra el mal uso de fondos públicos para Medicaid, mediante el recorte de presupuesto a estados como California y Minnesota. La administración exige auditorías estrictas para evitar irregularidades en el sistema de salud subsidiado. El gobierno federal ya suspendió pagos a diversas agencias de cuidados paliativos bajo investigación, una acción que, según expertos, podría afectar el acceso a la salud de millones de ciudadanos vulnerables.

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Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, explica que recientemente hay una propuesta de cambio de regla; la administración de Trump está interesada en ver de manera completa si las personas han recibido apoyos anteriormente en otros países y si son aptas para tener los beneficios, tales como la residencia.

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La legislatura y el gobernador Josh Stein financiaron Medicaid con la ley HB 696 en Carolina del Norte. Aunque el mandatario criticó disposiciones, destacó su beneficio para niños y embarazadas. Organizaciones señalaron que la medida no fue perfecta y generó preocupación en inmigrantes.

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Aunque la iniciativa de ley HB 696 busca asegurar el financiamiento de Medicaid, incluye cambios en la verificación de datos de los solicitantes. Bajo esta propuesta, si el estatus migratorio no logra confirmarse, el caso podría ser referido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta situación mantiene en alerta a líderes de organizaciones como Eloy Tupayachi, de El Pueblo NC, quien afirma que el gobierno convierte a las autoridades de salud en aliados de una campaña de deportaciones masivas.

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En 2023, especialistas encontrarona una mujer de la tercera edad con evidentes problemas de salud, abandonada en un refugio para personas sin hogar. Había sido despojada de una residencia para adultos mayores.