El 16 de septiembre entra en vigor una ley local que busca regular las baterías de todo dispositivo de transporte que se venda o se rente en la Gran Manzana. La legislación exige que estas estén debidamente marcadas y certificadas bajo los estándares de seguridad de Underwriters Laboratories (UL). Ydanis Rodríguez, comisionado de transporte de la ciudad, afirma que la iniciativa no afectada a quienes ya hayan comprado anteriormente y estén utilizando productos con baterías sin certificación.

Se trata de una legislación que detalla las consecuencias que pueden enfrentar aquellos alumnos que sean descubiertos teniendo en su poder productos prohibidos, como cigarrillos electrónicos o marihuana, en un radio de hasta 300 pies de su institución educativa.

Una nueva demanda contra la ley SB 1718 será introducida en las próximas semanas en una corte federal del sur de Florida, aún se desconoce si será en Miami o en Fort Lauderdale. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos explica que esta demanda se basará en casos específicos de personas que se han visto afectados negativamente por esta ley.

Los miembros de la Junta Escolar de Miami-Dade votaron en contra de que octubre sea reconocido y celebrado en las escuelas públicas como el Mes de la Historia LGBTQ+.

John P. Scott, director de la Oficina de Seguridad Escolar de Texas, aseguró que está asesorando a las autoridades educativas entorno a la ley HB-3, la cual establece que las escuelas del estado deben tener un guardia armado, y señaló que cada institución decide cómo tendrá estos oficiales. No obstante, reconoció que es un reto encontrar personal entrenado debido a la escasez de policías que hay en Texas. Por otra parte, Scott explicó de dónde saldrá el dinero para estos guardias.

A partir de este miércoles, el robo de salario es catalogado como un crimen en el estado de Nueva York, por lo que empleadores que no paguen lo que acordaron con sus trabajadores podrían ir a la cárcel. Organizaciones denuncian que, en el pasado, aunque ganaran algún juicio, los patrones encontraban formas de evadir los pagos. “No importa tu estatus migratorio, al final del día vienes a hacer un trabajo y esperas un pago justo”, afirma Antonio Martínez, de Proyecto de Justicia Laboral.