Las aprobaciones de residencias permanentes para cubanos se desplomaron más de 99% tras una pausa impuesta por la administración Trump. Mientras, las detenciones por ICE aumentaron más de 400%, dejando a miles de personas en un limbo migratorio a la espera de sus procesos.

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Karla Saenz, mujer trans y activista, denunció el trato inhumano que sufrió en el centro de detención de Eloy. Entre los abusos más graves, destacó haber sido alimentada con comida en mal estado y mantenida bajo sedación debido a la ansiedad que padecía. Tras ser liberada el jueves 23 de abril, luego de más de un mes de detención, decidió alzar la voz para evidenciar las condiciones bajo custodia de ICE; una situación que, según detalló Saenz, se agrava para los miembros de la comunidad LGBT+.

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El jefe de la policía de Dallas, Daniel Comeaux, fijó su postura frente a las leyes migratorias de Texas que sugieren la colaboración de agentes estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Destacó que su labor no consiste en perseguir indocumentados en las calles, ya que su enfoque principal es proteger a los ciudadanos de Dallas. Asimismo, detalló que, desde hace tiempo, ICE no ha solicitado la asistencia de su departamento.

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La administración Trump implementó nuevas medidas que extendieron los tiempos de espera para quienes tramitaron residencia permanente o permisos de trabajo en Estados Unidos. Autoridades señalaron que el retraso responde a un endurecimiento en los controles migratorios para prevenir el fraude.

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Cambios en verificaciones de antecedentes podrían retrasar trámites como residencia, asilo y permisos laborales. Autoridades ampliarán el acceso a bases de datos, incluyendo registros internacionales, lo que podría impactar solicitudes previas y nuevas. Expertos recomiendan asesorarse ante posibles implicaciones legales.

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El proyecto de ley HB 1061 busca garantizar el acceso a la educación pública y proteger la información de los estudiantes frente a posibles operativos migratorios. Su objetivo es asegurar entornos escolares seguros, prohibiendo la discriminación o el rechazo de inscripciones a familias. Las autoridades escolares respaldan la iniciativa, subrayando que la confidencialidad de los datos es innegociable para proteger el derecho constitucional a la educación de todos los menores.

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