Una vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estaría insistiendo a los beneficiarios de DACA que se ‘autodeporten’. La petición causa incertidumbre entre la comunidad, sobre todo con los recortes a programas como Medicaid. Mario González, director de la fundación de Educación y Liderazgo de Fresno, asegura que es “un ataque a la comunidad” y comparte algunos consejos. Los contenidos expresados en esta pieza no son consejo legal. Por favor, consulte con un abogado para su caso particular.

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Laritza López buscaba reencontrarse con su prometido, por lo que el 2 de mayo cruzó la frontera y se entregó a la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, la cubana asegura que los agentes la golpearon y hasta la arrastraron provocándole una fractura en su pierna. “Sentí como mi rodilla se quebró”, dijo. López y su abogado piden la liberación bajo supervisión para poderse recuperar.

Sigue la polémica por los operativos migratorios en Arlington, Virginia, sobre todo al saber que autoridades locales no pueden regular que agentes se cubran el rostro mientras hacen las detenciones. Danny, voluntario de la organización La Colectiva, asegura que esta ha sido una “táctica” de las autoridades para “intimidar a nuestra comunidad y crear miedo”.

Alumnos y voceros de organizaciones comunitarias llegaron hasta la Asamblea General en Raleigh para pedir que se protejan las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y para que tengan acceso a la educación sin importar el estatus migratorio. “Tienen miedo de diferentes leyes que se están introduciendo aquí en Carolina del Norte”, dijo Andressia Ramírez, del Centro de Justicia.

Germán Madrigal es el mexicano condenado a 18 meses de prisión federal tras declararse culpable por afirmar que era ciudadano estadounidense en una solicitud de pasaporte. Según informes, usó una licencia de conducir de Georgia y un acta de nacimiento de California para aplicar. Además, en 2010 habría usado el mismo documento para evitar su deportación.

Neiyerver León, barbero venezolano de 27 años, fue deportado desde Texas y recluido sin pruebas en el penal CECOT en El Salvador. Ahora demanda al gobierno de EEUU por $1.3 millones para limpiar su nombre.