Al menos 24
organizaciones proinmigrantes presionan al
gobernador de
Maryland,
Wes Moore, para que
firme antes de que venza el plazo a finales de mayo
dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa: la
Ley de Confianza Comunitaria, que limita la colaboración de centros penitenciarios con autoridades migratorias, y la
Ley de Privacidad de Datos, que prohíbe compartir información personal de residentes con agencias que apliquen leyes de inmigración civil.
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