Con cartas escritas a mano, un grupo de niños piden a los representantes que trabajen en una legislación que proteja de la deportación a sus allegados beneficiarios de DACA o con Estatus de Protección Temporal antes de que se venzan los plazos que los obligan a dejar el país.

La dreamer Daysi Martínez-George dice que llevan tres días en huelga de hambre, mientras adelantan un plan de presión a los representantes antes de que quede definido el presupuesto para el próximo año.

En promedio, un beneficiario de DACA ha trabajado con su permiso entre cuatro a cinco años en diferentes industrias. Todos contribuyeron a sus fondos de jubilación a través del Seguro Social Federal y planes de jubilación individual.

La cena se hizo en momentos en que miles de soñadores están perdiendo la protección de DACA. Los dreamers guardan la esperanza de que el Congreso Nacional apruebe un remplazo para el programa en diciembre y así detener las deportaciones, de no hacerlo el estado de Texas dejaría de percibir 6.3 mil millones de dólares al año.

El abogado defensor de Legal Aid Justice Simón Sandoval- Moshenberg manifestó que los dos jóvenes se convirtieron en indocumentados al perder el beneficio y temen la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El pasado 5 de septiembre el presidente decidió darle fin a DACA, programa de la era Obama que protege de la repatriación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000 dreamers que llegaron como menores a Estados Unidos.

Un juez federal en el estado insta a que la administración le devuelva los beneficios del programa a Jesús Arreola, de 23 años, detenido por la Patrulla Fronteriza en febrero y acusado de tráfico humano. Las autoridades, que finalmente no presentaron cargos, le enviaron una carta notificándole que le habían revocado el permiso de trabajo obtenido por medio del amparo.