El gobierno de Estados Unidos estableció un límite estricto de permanencia para estudiantes, periodistas extranjeros y visitantes de intercambio. La nueva norma elimina el sistema que les permitía residir en el país durante el tiempo que duraran sus actividades. A partir de ahora, los alumnos extranjeros contarán con un plazo máximo de cuatro años de estancia, mientras que los profesionales de la información y periodistas deberán renovar su autorización cada 240 días.

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Verónica Viera, beneficiaria de DACA y residente de Estados Unidos desde hace más de 30 años, tuvo que vender su camión de carga “Pink Panther” luego de perder su licencia de conducir comercial en Texas, dejándola sin su principal fuente de ingresos.

"Cuando tú estás en la carretera, el camión se vuelve tu mejor amigo. Tú le lloras, tú tienes problemas, tú lloras en el camión", manifestó Verónica Viera al describir el momento en que vendió su camión favorito. Las directrices federales vigentes obligaron a la empresaria de transporte a abandonar el sector logístico en Texas. Grupos de soñadores afirman que estas medidas selectivas dañan la economía familiar de miles de trabajadores inmigrantes indocumentados.

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Mientras continúan los desafíos legales para los beneficiarios de DACA, la organización Aliento en Arizona busca que los jóvenes dreamers no abandonen sus estudios universitarios por su estatus migratorio. Aunque están maximizando sus esfuerzos, un abogado de inmigración explica que han notado que los procesos para las solicitudes de renovación son más lentos. Del mismo modo, advierte que la resolución de la solicitud para un parole se puede llegar a extender hasta por seis meses.

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Tras la investigación en la que aparece el mexicano Abraham Hermosillo, activistas migratorios subrayan que este tipo de casos son poco comunes y llaman a no generalizar a los beneficiarios de programas como DACA.

El director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño, denunció que las autoridades migratorias emplean tácticas dilatorias en las aplicaciones que permanecían en pausa desde diciembre. Abogados de inmigración y grupos civiles vigilan de cerca las operaciones de USCIS para evitar que reduzcan de forma drástica las aprobaciones de documentos. El retraso deliberado despoja temporalmente de ingresos económicos a los jóvenes inmigrantes en todo el país.

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