El
director ejecutivo de
LULAC, Juan Proaño,
denunció que
las autoridades migratorias emplean tácticas dilatorias en las aplicaciones que permanecían en pausa desde diciembre. Abogados de inmigración y
grupos civiles vigilan de cerca las operaciones de USCIS para
evitar que
reduzcan de forma drástica las
aprobaciones de documentos. El retraso deliberado despoja temporalmente de ingresos económicos a los jóvenes inmigrantes en todo el país.
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